La Secretaría de Gobernación (Segob) denunciará penalmente a los responsables de filtrar la información publicada por el diario Reforma sobre el caso Ayotzinapa, referente a la detención de los 43 normalistas por parte de militares, policías y sicarios.

En un comunicado, la Segob informó que presentará una denuncia penal ante la Unidad Especializada en investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este tipo de filtraciones, señala, buscan “demeritar” las investigaciones en torno al caso y la “credibilidad” de las instituciones que participan en él.


“Y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”.

Segob

Así desaparecieron a los 43 normalistas, según la filtración

La filtración refiere a las declaraciones que un testigo protegido, identificado como “Juan” y presunto líder de Guerreros Unidos, confesó a la FGR para ayudar al Gobierno Federal a la captura de José Martínez Crespo y la liberación de 17 órdenes de aprehensión contra militares implicados.

El hombre declaró que, la noche del 26 de septiembre de 2014, elementos del Ejército y la policía, así como personas pertenecientes al crimen organizado, participaron en el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes y otras 30 personas.


Señaló que Guerreros Unidos, con ayuda de militares y policías, buscaban a sicarios del jefe de un cártel rival identificado como Onésimo, pero los delincuentes se mezclaron con los estudiantes que protestaban esa noche en Iguala.

En ese momento detuvieron a tres grupos de personas para interrogarlos y saber quiénes pertenecían al cártel señalado. A un grupo se lo llevó el grupo Guerreros Unidos, a otro la policía estatal y al tercero el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

Según lo declarado, el grupo de personas interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, fue entregado a los sicarios para que los desaparecieran diluyendo sus cuerpos en ácido y sosa cáustica para luego vaciar los restos en las coladeras y drenaje.

Otra parte de los secuestrados fueron destazados a machetazos y hachazos para después trasladar los restos a los servicios funerarios “El Ángel”, en Iguala, y que los cremaran. Aquellos que no pudieron cremarse, fueron esparcidos cerca de unas minas abandonadas en Taxco.

Según el testigo, la Funeraria “El Ángel” era utilizada por las autoridades como Semefo y por el cártel de Guerreros Unidos para desaparecer los cuerpos de sus enemigos, protegidos por las autoridades estatales.

Presuntamente, los policías estatales y sicarios sembraron evidencias falsas en el basurero de Cocula para que las autoridades pudieran obtener “resultados rápidos” de las investigaciones.

La parte de las cenizas que no fueron dispersadas, dijo, fueron entregadas a un agente de la policía ministerial de Guerrero identificado como Wenceslao, con el fin de que las autoridades dejaran de investigar. Los policías también sembraron casquillos y cartuchos debajo de unas piedras del basurero de Cocula.

El objetivo, dijo el testigo, era que las autoridades responsabilizaran a las personas “de nivel más bajo” en la organización delictiva, y no a los capos.

Tras ello, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinó la “verdad histórica” por los hallazgos en Cocula y detuvo a algunos sicarios del entonces alcalde José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

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