Denunciantes de corrupción sin garantías
Organizaciones de la sociedad civil denuncian que el Sistema de Alertadores de la Corrupción de la SFP es endeble en materia de seguridad y puede exponer a los ciudadanos que se atrevan a denunciar un acto indebido
Imelda GarcíaPese a que fue anunciado con bombo y platillo por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción puede poner en riesgo a quienes hagan denuncias de actos indebidos en el Gobierno federal.
Se trata de un sistema de informantes —whistleblowers, como se les conoce en inglés— de actos graves de corrupción, acoso o abusos cometidos por servidores públicos, por personas o entes privados, para el que se ha prometido protección legal y acompañamiento, sin que exista un marco jurídico específico para ello.
Sin esos instrumentos legales que acompañen al Sistema, donde se especifiquen medidas de protección y formas de actuación, los delatores podrían enfrentar cargos judiciales si revelan información sensible del Gobierno federal o de empresas del Estado; o si cometen alguna falta en la reunión de evidencias.
La semana pasada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzó una plataforma tecnológica para que funcionarios y cualquier ciudadano puedan denunciar actos de corrupción de forma anónima, que involucren a empleados federales o a particulares en tratos con el gobierno.
El sistema para denuncias de actos de corrupción funciona sin fundamentos jurídicos, por lo que la sociedad civil exigió la creación de leyes y de políticas públicas que acompañen esta plataforma
“La nueva Función Pública quiere que llueva una avalancha de denuncias, que florezca la denuncia y que se instaure la figura de la rendición de cuentas”, afirmó Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, al presentar la plataforma.
El sistema se acompañó de una serie de medidas de protección, como la utilización de un software especial, y algunos consejos sobre cómo proteger la identidad del alertador.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y expertos advirtieron que se trata de un sistema endeble que pone en riesgo a quienes denuncien actos de corrupción.
“La legislación mexicana actual no reconoce la figura del alertador (…) Es urgente que empiece un proceso de incidencia y co-creación de leyes y políticas públicas (…) para la creación de una Ley General de Alertadores”, expusieron en un pronunciamiento Artículo 19, Fundar, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, entre otras.
Además, dichas organizaciones señalaron que la protección del anonimato en el sitio web “alertadores.funcionpublica. gob.mx” es endeble, pues puede filtrar la identidad del denunciante a Google.
La figura de los alertadores o informantes no está reconocida como tal en ninguna ley, debido a la resistencia que tuvo el PRI a protegerlos, incluyendo el tema como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el 2015, año en que se construían las leyes del SNA, los entonces senadores Zoé Robledo (PRD), Armando Ríos Piter (PRD), Luisa María Calderón (PAN), Benjamín Robles Montoya (PRD) y Raúl Morón (PRD) presentaron una iniciativa para crear la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción.
En ella se establecían las medidas de acompañamiento y protección para los denunciantes de actos de corrupción.
Entre esas medidas de protección se consideraban ofrecerles asistencia legal; reservar su identidad; trasladarlos de la dependencia en la que trabajan; darles licencias con goce de sueldo; protección policial; o incluso, cambiar la residencia u ocultar su paradero.
La iniciativa no prosperó por la oposición del PRI, bajo el argumento de que se crearía una “epidemia de soplones” dentro de la Administración Pública, y que podría prestarse a un uso político para perjudicar a los adversarios.
Aun así, los activistas y académicos que participaron en la construcción de las leyes del SNA lograron mantener algunas disposiciones para que el Estado comenzara la construcción de un sistema de protección de denunciantes; y de convenios que se pueden firmar entre testigos y autoridades, para beneficiarlos a cambio de información.
El que dio la SFP la semana pasada, sería el primer paso de una estrategia que deberá ser más amplia.
Más que una plataforma contra la corrupción
Para Max Kaiser, director del Centro para la Integridad y Ética de los Negocios, el Sistema de Alertadores es apenas un “pequeño primer paso” de lo que debe hacerse para fomentar las denuncias de corrupción.
“Hacen falta mucho más que plataformas. Lo que hace falta es un sistema completo de protección de testigos y de denunciantes”, afirmó Kaiser, en entrevista.
La creación de un sistema completo de protección de denunciantes sirve no solo para cuidar la identidad de quien hace la denuncia, sino para trabajar en conjunto y armar un caso que pueda ser perseguido por la justicia, sin el riesgo de que se lleven a cabo conductas ilegales que pueden llevar al fracaso cualquier investigación.
Las investigaciones de los grandes casos de corrupción, como el de Odebrecht por ejemplo, se hicieron primero con denunciantes anónimos y luego, esos denunciantes y otros, convertidos en testigos protegidos, hacen llegar testimonios y pruebas que permiten levantar una investigación
“Es muy importante armar todo un sistema de informantes y protección sobre todo para casos de corrupción en los que participan altos servidores públicos, porque ellos son corruptos pero no tontos, y nunca va a haber un documento o un escrito firmado por ellos; nunca va a haber pruebas. Eso se arma mediante testimonios de personas que presenciaron el acto”, expuso el especialista.
Estos testimonios pueden venir de personas que hayan estado involucradas en un acto de corrupción o no; pero para poder perseguirlo y llevar a los culpables a la justicia, es necesario, por ejemplo, que haya un mecanismo que permita negociar bajar la pena a uno de los involucrados a cambio de más información; o poder incluso cambiar la identidad y ubicación de una persona y su familia si su vida corre peligro.
“Si esto no es una simulación, eventualmente se tendrá que trabajar en un sistema y eso cuesta dinero y hay que invertirle. Porque si de veras quieres tener casos, tienes que invertir no solo en tecnología, sino que se debe tener la capacidad de proteger efectivamente a esta gente y a sus familias.
“La plataforma podrá estar muy bonita, pero lo importante ni siquiera es si se pueden proteger o no los datos de las personas denunciantes, sino qué pasa después de la denuncia. Porque, además, después habrá un juicio y el denunciante tendrá que declarar personalmente lo que sabe; y si no hay un sistema de protección efectivo, no habrá denuncia alguna con un verdadero impacto”, comentó Kaiser.
Además de la protección, un sistema que fomente la actividad de los informantes debe contener esquemas de acompañamiento para guiar a la persona en el camino de conseguir evidencias de forma legal —como documentos o hacer grabaciones, por ejemplo—, pues cualquier paso en falso echaría por la borda la investigación judicial, dejándola en la impunidad.