Denuncian formalmente impacto ambiental de Tren Maya

El PAN, a través de la senadora Xóchitl Gálvez, denunció la construcción del Tren Maya por las afectaciones ambientales que podrían derivarse de su realización
Rubén Arizmendi Rubén Arizmendi Publicado el
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Por la tala ilegal que se realiza en el sureste del país con la construcción del Tren Maya, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, y de quienes resulten responsables.

Explicó que la denuncia establece que el haberse llevado a cabo las afectaciones, sin las autorizaciones necesarias no solo implica la posible responsabilidad de carácter administrativo, sino incluso de carácter penal.

La legisladora panista precisó que no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la tala de la selva, en el nuevo trazo del Tramo 5.

“No estamos en contra del Tren Maya, de lo que estamos en contra es que se tale sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente. Alto al ecocidio que se está cometiendo en la zona maya. No se consultó a los pueblos indígenas y no se tienen los permisos, a eso nos oponemos”, aseguró Gálvez Ruiz.

Acusó que existe una omisión en la obtención de las autorizaciones necesarias, como la del pago de los trabajos consistentes en tala y remoción de diversas especies forestales, y del deterioro y afectación de recursos naturales y especies endémicas y en peligro de extinción.

La senadora mencionó que dichas conductas se encuadran en los tipos que se incluyen en el Código Penal federal, como el artículo 418 que establece que se impondrá una pena de seis meses a nueve años de prisión al que ilícitamente: corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles.

Así como el artículo 420 que dice que se impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión y de 300 a tres mil días multa a quien no realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga.

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