La demanda número 522/2013, radicada en el Juzgado Quinto de lo Civil, reclama a Pérez Silva que entregue los estados de cuenta y el balance de resultados de la empresa

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La acusación por irregularidades en la administración entre camioneros cetemistas, escaló a una demanda civil contra gente cercana al líder de la CTM, Ismael Flores.

Un permisionario abrió el procedimiento legal para exigir  cuentas claras en las finanzas de la empresa adherida a la central obrera, que opera la ruta camionera 326.

José Eliuth Mendoza Rodríguez presentó la demanda de Medios Preparatorios para iniciar un juicio civil contra el transportista Javier Pérez Silva, acusado de fraude en la empresa “Unión de Propietarios de Microbuses Infonavit-Moderna-Centro, Ruta 326”.

El demandado se desempeña al mismo tiempo como socio y delegado de la Federación Estatal de Auto Transportes (FEAT), y es señalado como protegido del líder de esta organización, Juan Méndez Domínguez, y del dirigente estatal de la CTM.

El juicio civil busca que abran las cuentas de la empresa desde el 2004, hasta mayo de este año.

Según el recurso, el demandado nunca rindió cuentas claras.

Ayer, Reporte Índigo publicó que la mitad de los socios de la empresa acusan de fraude al transportista, porque aseguran que obtuvo ilegalmente un poder general de dominio con el que ha realizado operaciones ruinosas e irregulares.

También acusan a sus líderes de proteger esa operación.

El valor de la ruta, según los inconformes, supera los 20 millones de pesos, entre 24 camiones, dos edificios y la concesión con la que funciona la ruta.

La demanda número 522/2013, radicada en el Juzgado Quinto de lo Civil, reclama a Pérez Silva que entregue los estados de cuenta y el balance de resultados de la empresa.

“En donde manifiesta los ingresos, egresos, los impuestos generados y pagados, así como las utilidades netas generadas por dicha sociedad”.

Además, pide que el demandado presente un balance general de la administración en la que se expresen los activos, pasivos, el capital social y las utilidades.

También solicita que proporcione la documentación y los libros de contabilidad de la compañía, e informe la aplicación de las utilidades, o cómo se generaron las pérdidas.

La ruta en disputa fue fundada hace más de 25 años, pero se constituyó como empresa en 1997, con el objetivo de asociar a todos los permisionarios.

De acuerdo con los socios que denuncian los malos manejos, de 65 permisionarios fundadores ahora quedan sólo 12, porque muchos fueron liquidados o disuadidos para que no continuaran en la ruta.

“Desde la constitución de la sociedad civil descrita en el punto anterior, el presidente, es decir, el C. Javier Pérez Silva, no ha entregado cuentas de su administración”, sostiene la demanda.

Se solicitaron entrevistas con los dirigente de la CTM y la FEAT para conocer sus versiones, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a las peticiones.

Y rechazan deuda millonaria

Seis de los 12 accionistas de la operadora exigieron una explicación sobre la supuesta deuda contraída a favor del presunto defraudador Pérez Silva.

Los socios reclamaron en una carta, dirigida al líder de la FEAT, Méndez Domínguez, que el también delegado del sindicato explique cómo es que se contrajo un pasivo por 4.5 millones de pesos.

Según la misiva, la contabilidad de la empresa se lleva en las oficinas del dirigente sindical, únicamente identificadas como “SAFIN”, ubicadas en la calle Plan de Ayutla, en Monterrey.

Los socios aluden a una reunión que sostuvieron en esas instalaciones con el líder de los transportistas, uno de sus contadores y con el propio Pérez Silva el pasado 27 de mayo.

“En esa conversación, el señor Javier Pérez Silva asegura que la ‘Unión de Propietarios de Microbuses Infonavit-Moderna Centro, Ruta 326’, de la cual somos socios, le debe la cantidad de 4.5 millones de pesos”, se lee.

Los accionistas también piden que se les informe las fechas, importes y conceptos con los cuales, aparentemente, cuatro personas más le prestaron dinero a la ruta.

Los supuestos prestamistas, y a la vez socios de la empresa, son Carlos Cantú Benavides, Carlos Navarro Tizcareño y Eliberto Carreón Muñoz.

También se incluyó en esa categoría a otra persona identificada por Pérez Silva como “JGGG”.

Los seis socios que exigen esa explicación son los mismos que denunciaron fraude en la empresa de camiones.

“(Pedimos se informe) el porcentaje que se les paga por concepto de intereses a cada una de las personas mencionadas anteriormente, por las cantidades que supuestamente le prestaron a la ruta”