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Defiende ‘empache’ sindical

El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, defendió el millonario y discrecional bono que se autorrecetaron los líderes sindicales de ese Municipio, y que fue autorizado cuando el edil albiazul se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento.

Aunque la Auditoría Superior del Estado cuestionó como irregular esta compensación que los dirigentes de los burócratas “agandallaron”, el munícipe afirmó que fue una medida necesaria para mejorar los planes de jubilación.

El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, defendió el millonario y discrecional bono que se autorrecetaron los líderes sindicales de ese Municipio, y que fue autorizado cuando el edil albiazul se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento.

Aunque la Auditoría Superior del Estado cuestionó como irregular esta compensación que los dirigentes de los burócratas “agandallaron”, el munícipe afirmó que fue una medida necesaria para mejorar los planes de jubilación.

Con el fin de motivar el cambio de régimen de jubilación a 30 años de servicio, ó 65 cumplidos, el Municipio ofreció el beneficio con la posibilidad de incrementar un 75 por ciento el monto que resultara por “buen desempeño”.

Los beneficiarios de esta compensación adicional fueron 16 empleados que no laboran, porque están comisionados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de San Pedro.

“Las reglas estaban ahí para todos los que las quisieran aprovechar y algunos no le entraron, sus razones tendrán; si otros le entraron, pues entran a estos cálculos”, justificó Ruiz.

Entre los líderes que salieron favorecidos por este incentivo económico están el propio secretario general del Sindicato, Rafael Reyes Montemayor, su hermano Martín Reyes Montemayor, y otros colaboradores cercanos del dirigente.

“Se estableció una comisión para regular el tema de los desempeños y si en esas condiciones algunos caían, pues es por eso que se están mencionando los nombres que ahí salieron”, defendió el edil.

“Hay una valoración que se hacía con unas reglas que se establecieron y, si algunos caían en esas reglas donde tenían la posibilidad de aprovecharlo, pues algunos participaron y otros no”.

El Municipio tuvo que contratar una deuda de 100 millones de pesos para poder pagar este bono sindical que fue cuestionado en las observaciones planteadas por el órgano fiscalizador.

De esa cifra del préstamo que fue aprobado por el Congreso de Nuevo León, manifestó Ruiz, sólo se utilizaron 32 millones de pesos en 98 empleados que decidieron participar en el nuevo esquema.

“Los 68 millones de pesos restantes ya no los utilizamos y, por lo tanto, cancelamos ese crédito para no tener ya un pasivo reflejado en las finanzas municipales”, recordó.

El alcalde explicó que el cambio de régimen generará ahorros por más de 150 millones de pesos para el Municipio en los próximos 15 años.

“(Las jubilaciones) nos va generando una bolsa de pensionados muy grande, contra los que están soportando esos pagos, que son los empleados municipales”.

El bono de reconocimiento de beneficios pensionarios fue autorizado por el Cabildo sampetrino el 14 de febrero de 2012, cuando Ruiz era secretario del Ayuntamiento, como un estímulo para que el personal con el régimen de jubilación anterior a 1993, se trasladara al nuevo, vigente desde 1994.

El 30 de mayo del año pasado, el Municipio firmó un convenio con el Sindicato, donde se establecieron las condiciones para el cambio de esquema del personal de la administración municipal.

Se conformó un comité técnico bipartita, compuesto por miembros del Sindicato y el Ayuntamiento, encargado de analizar las solicitudes de los aspirantes a recibir el estímulo extra.

Durante ese proceso, sin embargo, Ruiz ya no formaba parte de la administración porque contendía por la Alcaldía sampetrina.

Un año y medio después de esa distribución, la Auditoría Superior del Estado cuestionó en la revisión de la Cuenta Pública de 2012 la entrega irregular del incentivo adicional del 75 por ciento.

“Tenemos todo eso documentado, puede ser que a algunos no les parezcan estas cosas, pero fue una decisión que se tomó desde la administración anterior, pasó por Cabildo”, mencionó Ruiz en ese sentido.

El órgano fiscalizador que detectó estas irregularidades sugirió un Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, pero el edil desconoce si realizarán el procedimiento.

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