¡Tu navegador no soporta JavaScript!
Reporte
Nacional
imagen principal

DERECHOSHUMANOS

Defensores ambientales condenados a muerte

Montserrat Sánchez

México es uno de los países con mayor número de agresiones contra defensores ambientales, estos crímenes reflejan el grado de impunidad y la falta de garantías por parte de las autoridades


Ago 1, 2019
Lectura 6 min
portada post

Sin una política pública que los proteja y perseguidos por el crimen es como viven los defensores ambientales en nuestro país.

De acuerdo con el observatorio internacional Global Witness, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial de los países más peligrosos para los defensores de la tierra, las comunidades y el medio ambiente. Tan solo en 2018, 14 defensores fueron asesinados, 11 de ellos eran de origen indígena.

Gustavo Sánchez, presidente del consejo directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), consideró que las agresiones contra los defensores ambientales van desde las campañas de desprestigio hasta los asesinatos, un fenómeno que afecta en mayor medida a los pueblos originarios de la República.

“En México, más de la mitad del territorio se encuentra en manos de indígenas, es decir, muchos ejidos y comunidades agrarias, muchas minas, litorales y bosques están en manos colectivas. Un factor que no le conviene a los intereses privados”, afirmó.

Por su parte, la abogada Alejandra Leyva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) mencionó que a pesar de la existencia de un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas desde el año 2012, se sigue registrando un alza en cuanto a crímenes de alto impacto en su contra.

“Esto solo demuestra que el Estado mexicano no está poniendo atención en este problema de violencia y por el contrario, sigue con un discurso estigmatizante en donde tacha al defensor como un opositor al desarrollo”, comentó.

Para Alejandra, es de carácter urgente que el Gobierno federal aplique medidas de protección y prevención para que ser defensor de la tierra en México no sea equivalente a una sentencia de muerte.

Organizaciones hicieron un llamado al Gobierno federal para acelerar la ratificación del Acuerdo Escazú, el cual contribuirá a que se implemente una política en materia de protección a defensores ambientales

En 2018 los defensores asesinados o desaparecidos en México fueron: Margarito Díaz González, Noel Castillo Aguilar, Quintín Salgado, Adrián Tihuilit, Manuel Gaspar, Sergio Rivera, Guadalupe Campanur, Joaquín Díaz, Julián Carrillo, Rolando Crispín, Janeth González, Jesús Álvarez, Jesús Ramos y Abraham Hernández.

En este mismo periodo, los estados con más casos de violencia contra los activistas fueron Oaxaca en primer lugar, con cuatro víctimas; seguido de Puebla con tres, Chihuahua y Michoacán con dos casos cada uno y por último Nayarit, Guerrero y Estado de México con un crimen por región.

Las causas por las que se asocian más agresiones son las luchas contra el impacto de la actividad minera, la actividad forestal (tala clandestina y despojo de derechos sobre los bosques) y los proyectos sobre agua y presas.

Sobre los asesinatos de quienes calificó como sus compañeros de lucha, Alejandra Leyva hizo un llamado a las autoridades mexicanas para poder incentivar una sociedad más democrática y segura en términos ambientales.

“Es importante poder implementar una política pública en materia de protección, atender todas las causas de la violencia y trabajar en medias preventivas, por eso hacemos el análisis de los estados y actividades más peligrosas, para poder hacer algo con base en eso”, explicó la integrante del Cemda.

Consultas a medias

Antonio Medina de la Red Indígena de Turismo afirmó, en entrevista con Reporte Índigo, que los pueblos originarios solo son sujetos de derecho en la Constitución pero no en la realidad.

Esto en vista de que los intentos que la actual administración pretende generar para consultar a las comunidades en torno a los megaproyectos, carecen de acercamientos reales e información para recopilar la participación real de los pueblos.

“En las consultas que tanto presume el Gobierno no se dice que no hay respeto de nuestros derechos. Se supone que las consultas deben ser libres, previas e informadas y no han sido ni tantito así”, comentó.

Medina, dijo que la verdadera participación de los pueblos no se dará con consultas sino cuando a éstos se les tome en cuenta en el diseño, la planeación e incluso la evaluación de un plan nacional de desarrollo.

“A muchos compañeros no se les hace fácil llegar a la caseta (para participar en una consulta) porque vienen desde la selva, el desierto o el bosque. Al final sólo cuentan los resultados, pero a ellos se les excluyó”, expuso.

14 defensores ambientales fueron asesinados en México durante 2018, 11 de ellos de origen indígena

Aunque se dice inconforme con el actual ejercicio de las consultas, Antonio sostuvo que estas no son malas sino que la aplicación no está dirigida a las asambleas populares.

“No pueden tomarse decisiones unilaterales, que no crea que no estamos capacitados, contamos con abogados y expertos en la materia que saben asesorarnos”, añadió.

El proyecto por encima de la vida de los defensores ambientales

Al cuestionarles sobre el asesinato de Samir Flores (opositor a la termoeléctrica de Morelos y uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores en la actual administración) Omar Esparza, representante del Movimiento Agrario Zapatista (Maíz) calificó su muerte como “un mensaje” para quienes no comparten la visión de la llamada Cuarta Transformación.

“Samir fue un punto de partida de la política del Estado, una política que afirma que aquí lo que manda son los intereses económicos, sus megaproyectos y no la vida”, sentenció.

Y es que los homicidios y agresiones contra defensores del medio ambiente, justo como el caso de Samir, no solo afecta a los sectores de oposición simpatizantes de su causa, sino también a las familias, comunidades y movimientos.

Si bien los defensores coincidieron en que no es tarea fácil poder contener en corto plazo las agresiones de las cuales son víctimas, tienen fe en que el Gobierno federal demuestre su interés y logre revertir lo que en su consideración es una “criminalización” contra los activistas del país.

Las organizaciones sociales hicieron un llamado al Gobierno federal para acelerar la ratificación del Acuerdo Escazú, el cual contribuirá a que se implemente una política en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos.

Obligando a que las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales reconozcan la labor de los defensores y garanticen su seguridad en el ejercicio de su labor.

Te puede interesar: Reforzarán protección a defensores indígenas secuestrados en Guerrero


Notas relacionadas

Ago 23, 2019
Lectura 2 min

Ago 2, 2019
Lectura 5 min

Jun 5, 2019
Lectura 3 min

Comentarios