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COMUNICACIONES

Dedazo en Ifetel

Georgina Howard

El pasado 19 de agosto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó al Senado de la República la lista de sus propuestas para integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión de Competencia Económica (CCE), sin dar a conocer los criterios bajo los cuales determinó los siete nombres por cada órgano regulador.
 La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) cuestiona el proceso de selección realizado por el Comité de Evaluación, pues asegura que en las listas iniciales que se entregaron al titular del Ejecutivo hay personas que no cumplen co


Sep 4, 2013
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Algunos candidatos han tenido relación laboral con las empresas 
a regular o han estado relacionados con ellas hace menos de tres años

El pasado 19 de agosto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó al Senado de la República la lista de sus propuestas para integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión de Competencia Económica (CCE), sin dar a conocer los criterios bajo los cuales determinó los siete nombres por cada órgano regulador.
 La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) cuestiona el proceso de selección realizado por el Comité de Evaluación, pues asegura que en las listas iniciales que se entregaron al titular del Ejecutivo hay personas que no cumplen con los requisitos constitucionales para ser comisionado. 

Algunos han tenido relación laboral con las empresas a regular o han estado relacionados con ellas hace menos de tres años, lo cual atenta con la disposición constitucional. 

Otros de los candidatos carecen de la reconocida trayectoria que se requiere en el conocimiento de los sectores que serán regulados por el Ifetel.

Hoy el Senado iniciará las entrevistas de los siete postulados por el jefe del Ejecutivo. 

Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, consideró que el Senado debe presentar objeciones fundadas a los siguientes aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

María Elena Estavillo, quien ha sido asesora en temas como el transporte ferroviario y en su curriculum se indica que es “perito independiente” en telecomunicaciones, aunque no se informa a qué empresas ha asistido ni hasta cuándo desempeñó esas tareas.

Gabriel Contreras Saldívar fue consejero de la presidencia con Felipe Calderón, pero en sus datos biográficos no hay una sola palabra sobre radiodifusión o telecomunicaciones.

Mario Fromow Rangel ha trabajado toda su vida en Telmex excepto desde 2011. Hace menos de tres años era gerente en una empresa filial de Telmex llamada Comertel. 

“No cumple los tres años que deben haber pasado después de trabajar en una empresa regulada por el Ifetel”, acusa la Amedi.

Ernesto Estrada González ha trabajado en la Cofeco, en Pemex, en la empresa  Vitro, entre otras, pero no acredita ninguna trayectoria en telecomunicaciones ni radiodifusión.

Adolfo Cuevas Teja trabajó con Ernesto Gil Elorduy, excomisionado de la Cofetel que votó en contra de la licitación de nuevas frecuencias de televisión, del avance del apagón analógico y cuando se aprobaron las polémicas licitaciones 20 y 21 “ni siquiera se presentó ante el pleno para su discusión”.

Calleja menciona que las listas de aspirantes tienen muchos defectos porque resultan de un proceso opaco y están definidas por una inquietante parcialidad. 

Corresponde ahora al Senado aceptar o rechazar las propuestas enviadas por el presidente de la República. 

Y corresponderá al titular del Ejecutivo, en ese caso, reemplazar a los rechazados con propuestas más sólidas. 

“Inaceptable ahora, sería todavía peor que el Ejecutivo aprovechara la posibilidad de hacer nuevas propuestas para colocar como comisionados a perfiles tan cuestionables como los que hemos señalado” advierte la titular de Amedi.

Calleja hizo un llamado a este cuerpo legislativo para que realice un examen minucioso de las candidaturas de tal manera que aseguren el cumplimiento de la Constitución. 

Resulta imprescindible que de manera responsable el Senado propicie que el nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones esté integrado por personas independientes de intereses políticos y empresariales, dice, así como con la experiencia necesaria para realizar las tareas que marca el texto constitucional en la material.


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