El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sumado ganancias en los últimos días.
El pasado 21 de septiembre, el mandatario fue galardonado por promover el Pacto por México con el premio “Ciudadano global”, otorgado por el Atlantic Council.
Además, en el mismo viaje que realizó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés), concretó la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en las operaciones de paz de la ONU.
Pero no solo eso. El mandatario mexicano asumió la presidencia de la Alianza por Gobiernos Abiertos, por lo que se comprometió a apoyar la transparencia de los gobiernos y combatir la corrupción.
Este nombramiento no pudo tener un timing más puntual.
Y es que mientras eso sucedía, en México se reveló el caso de la presunta masacre de civiles en Tlatlaya, en el Estado de México.
Un caso en el que se puso bajo la lupa el respeto de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Esto, puede significar la primera prueba del Gobierno para resolver el conflicto que se presenta en el deber de los militares.
Y es que las fichas comenzaron a desplomarse, la versión oficial se desmoronó una vez que fueron detenidos los oficiales.
Incluso, Humans Right Watch (HRW) dirigió nuevamente su atención en el incidente al que calificó como “la peor masacre de los últimos años”.
“Poco a poco se está desmoronando la versión oficial de los hechos, que busca encubrir, proteger a los responsables (…) de los crímenes cometidos, una vez más, por parte de las fuerzas militares”, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para América.
Sin embargo Peña Nieto pareció no dejó pasar la oportunidad de demostrar que su gobierno iba a tomar cartas en el asunto.
Desde Nueva York aseguró que “la Procuraduría General de la República (PGR) está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema”.
Hechos errados
Según la versión inicial, el pasado 30 de junio presuntos delincuentes habrían disparado contra los soldados que patrullaban el municipio y éstos repelieron la agresión. El incidente dejó 22 civiles muertos.
Ahora, el hecho dio un giro con el reporte en Esquire de una testigo que asegura que el Ejército ejecutó a las víctimas.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, indicó la joven a la revista.
Y aunque la declaración de esta testigo no ha sido tomada en cuenta por la PGR, pues actualmente la ciudadana se encuentra detenida, otros tres testigos del hecho otorgarán los testimonios que la Procuraduría utilizará para reconstruir el caso.
“Es un asunto bastante complejo, en el que nuestra obligación es encontrar la verdad, sea cual sea. Me puedo comprometer con ustedes a que eso haré, buscar la verdad, sea cual sea”, afirmó el procurador general Jesús Murillo Karam, el pasado 24 de septiembre.
