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SeguridadPenitenciaria

Custodios de ‘El Chapo’, última alternativa

Luz Rangel

La ingobernabilidad en los penales de Nuevo León, donde cerca de 90 reos han muerto por riñas, llevó al gobernador Jaime Rodríguez y a Aldo Fasci, nuevo secretario de Seguridad Pública, a contratar como asesor a Eduardo Guerrero, quien custodió a ‘El Chapo’ Guzmán


Nov 13, 2018
Lectura 7 min
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La contratación como asesor de Eduardo Guerrero Durán, extitular de las cárceles federales, es el último intento del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para tratar de solucionar la crisis penitenciaria que existe en los penales de Nuevo León y que han cobrado la vida de cerca de 90 reos en más de 20 riñas en lo que va del sexenio.

En tres años “El Bronco” lleva cuatro secretarios de Seguridad Pública: Cuauhtémoc Antúnez, Arturo González, Bernardo González y ahora Aldo Fasci, el excandidato independiente a la alcaldía de Monterrey.

Fasci anunció desde su toma de protesta el 6 de noviembre, relevos en los mandos penitenciarios de la entidad e instruyó el uso de la fuerza letal a elementos de la Fuerza Civil cuando su vida esté en riesgo

El 8 de noviembre, el sustituto de Bernardo González Garza, quien es ahora el Presidente Concejal Municipal de Monterrey, quitó de golpe a Arturo González, titular de la Agencia de Administración Penitenciaria, quien se presume, ocupará la Secretaría de Seguridad de un municipio nuevoleonés.

“En el sistema penitenciario iniciamos un proceso de mejora, de reingeniería, se están cambiando todos los mandos en toda la agencia penitenciaria, se hizo el cambio del titular y de todos los mandos, eso ya se hizo”, señaló.

Topo Chico, su sección femenil, Apodaca, Cadereyta, así como el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, iniciarán un reforzamiento. Junto a Arturo González fueron sustituidos los jefes de seguridad y los guardias del interior, también fueron reestructurados los turnos en estos cinco centros penales.

Aldo Fasci dio a conocer que se contrataron especialistas en el tema de reclusorios que se asentarán en la ciudad, mismos que custodiaron al jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, hasta que fue extraditado a Estados Unidos, donde es juzgado.

“Son profesionales, son expertos, gente que viene de otras partes. Se contrató a un equipo, los que se encargaban de cuidar a ‘El Chapo’ para que no se escapara, después de la última vez que lo atraparon. Vienen de muchas partes de la República. Es un tema planeado, están trabajando en la operación”, indicó el actual secretario de Seguridad Pública.

El equipo de Eduardo Guerrero Durán se hará cargo a plenitud de los centros penitenciarios que han registrado durante este sexenio más de 20 motines, pues ya ha trabajado en el área de penales de Nuevo León desde el año pasado, cuando ocurrió la masacre en Cadereyta.

Guerrero Durán fue responsable de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas en Chihuahua entre 2010 y 2015, durante el sexenio del exgobernador del PRI, César Duarte, quien está prófugo y tiene acusaciones de peculado.

Luego de la captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en 2016, Eduardo Guerrero fue nombrado como comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que depende de la Secretaría de Gobernación federal.

Aunque en el Congreso local algunos líderes panistas, es decir, Carlos de la Fuente, y priistas, como Francisco Cienfuegos, avalaron las medidas tomadas por el nuevo Secretario de Seguridad Pública, la noche del 8 de noviembre en puentes peatonales aparecieron mantas dirigidas a Jaime Rodríguez en contra del cambio de funcionarios en los penales de Nuevo León.

“Señor gobernador no queremos los nuevos mandos de los penales ya que son gente de Genaro Sánchez Vásquez y la gente es de chihuahua, ellos ocasionaron los disturbios en los penales por el control de la venta de droga y cobró de cuota a favor del cartel del noroeste”, dice una de ellas

La ingobernabilidad penitenciaria

La primera parte de la administración de Jaime Rodríguez fue del 4 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2017; la segunda parte, después de perder la elección presidencial, fue desde el 2 de julio de este año y continuará hasta 2021.

Su gestión ha coincidido con el llamado autogobierno en los tres penales de Nuevo León: Topo Chico y Apodaca, presuntamente en poder de Los Zetas, y Cadereyta, supuestamente bajo el control del cártel del Golfo.

De octubre de 2015 a la fecha, es decir, durante los tres años interrumpidos del Gobierno de “El Bronco”, han acontecido más de 90 muertes dentro de los centros penitenciarios estatales en más de 20 riñas, de acuerdo con cifras de marzo de este año proporcionadas por la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

Jaime Rodríguez tenía apenas cuatro meses en el gobierno cuando el 10 de febrero de 2016 se suscitó en Topo Chico un enfrentamiento que dejó 49 muertos y 12 heridos.

El motín ocurrió por una riña entre los grupos de los presos Jorge Iván Hernández Cantú, ‘El Credo’, líder del Cártel del Golfo; y Juan Pedro Saldivar Farías, ‘El Z-27’, jefe regional del Cártel de los Zetas.

También en Topo Chico, el 19 de junio de 2017, el traslado de 38 reos de alta peligrosidad a diversos reclusorios federales del país, generó una revuelta en la que los internos quemaron colchones y se escucharon detonaciones.

El 23 de febrero de este año, aproximadamente 200 internos orquestaron una rebelión para pedir la destitución de Rosa Manuela Félix Valles, al frente de la Agencia de Administración Penitenciaria, y Genaro Arturo Sánchez Vázquez, subdirector penal. Los reos lograron su cometido y el gobierno estatal informó que Félix Valles renunció al cargo por supuestos motivos personales y que Sánchez Vázquez sería sustituido por Sergio Javier Ramírez Meléndez.

En Cadereyta, una riña entre internos se registró durante la madrugada del 10 de octubre de 2017. El saldo fue de 18 reos fallecidos, varios de ellos por disparos de policías que protegieron a dos custodios que estaban a punto de ser asesinados en el interior.

Sin embargo, Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac señaló una manipulación de las cifras oficiales, con base en los testimonios de los familiares.

El 27 de marzo 2017, las protestas causadas por la falta de comida y agua dejaron cuatro personas muertas y 21 más heridas, también en Cadereyta.

El 26 de septiembre de 2018, en Topo Chico y Apodaca, cientos de reos denunciaron cobros de cuota por dos cabecillas ligados a la delincuencia organizada identificados como “El Flaco” y “El 27”.

La movilización más reciente ocurrió ayer en Cadereyta. En Facebook circuló un comunicado en el que internos acusaban a “El Quiebra Huesos” de asumir la plaza penal junto con el Cártel del Noroeste y pedían al gobierno su ayuda para evitar una tragedia como la ocurrida en octubre de 2017. También circularon imágenes de mantas que colocaron los reos en las que pedían a la autoridad tomar cartas en el asunto.

Mediante un comunicado, Cadhac expresó su preocupación ante las declaraciones de Aldo Fasci sobre el uso de la fuerza letal y acerca de la destitución de personal en los centros penitenciarios. Asimismo, pidió a Jaime Rodríguez que asegure la actuación con apego a la legalidad y constitucionalidad

“No podemos saber si son las personas más adecuadas para asegurar que no existan enfrentamientos entre diferentes grupos”, señaló la organización.

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