¡Cuidado mineras! Envía AMLO a diputados iniciativa para reducir las concesiones de 50 a 15 años

El Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a las Leyes Minera y de Aguas Nacionales y a la Ley del Equilibrio Ecológico en materia de concesiones.

Plantea recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y son del dominio directo de la Nación; además, propone disminuir de 50 a 15 años la concesión minera, prorrogable por una sola ocasión por el mismo periodo y se condiciona a la disponibilidad hídrica.

Con ello, destaca la propuesta, se busca garantizar la prioridad del uso y consumo humano del agua.

Se precisan las causales de cancelación de la concesión minera, como los posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, no con los programas de cierre o de gestión de residuos.

Se propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente sea mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población y garantizar la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.

Se elimina el carácter preferente de la actividad minera y se establece la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancia no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares incluso sobre propiedad social, ya que genera un beneficio exclusivamente privado.

Se propone eliminar este injustificado derecho, originado por las preferencias de esta actividad sobre cualquier otra, para ser sustituido por un acuerdo entre las personas titulares de las concesiones y las personas propietarias o titulares de derechos sobre los terrenos.

Esta modificación obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de las personas propietarias de los terrenos, entre ellas, ejidos, comunidades y núcleos agrarios.

Se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera.