En su turno, el abogado defensor de González Arredondo cuestionó qué es el delito de tortura. Citando a un médico de la Cruz Roja internacional, refirió que pueden ser humillaciones sexuales, aislamiento, impedir el sueño por varias semanas, obligar a una persona a permanecer sentada por periodos largos, ahogamiento, suscitar fobias, obligar a alguien a ver cómo torturan o agreden a alguien más, entre otras.
También indicó que considerar que cualquier conducta puede ser tortura, demerita ese tipo penal y provoca que se incumpla con el bien que jurídicamente se pretende proteger al sancionar la tortura.
“Si duramos aquí cinco horas interrogando, ¿estamos cometiendo tortura psicológica? No, la tortura es preocupante. ¿A partir de cuánto tiempo la declaración se convierte en tortura?”
El litigante también refirió que la Fiscalía pago 600 mil pesos al Centro Iberoamericano en Formación de Derechos Internacionales y Derechos Humanos A.C., para un informe que busca acreditar la tortura y aseguró que el informe tiene deficiencias técnicas graves como el hecho de que en el grupo interdisciplinario no había un médico como lo requiere la ley y el resto de los profesionistas se desconoce si son peritos, porque en el informe no se agregaron las credenciales o certificaciones.
El abogado también argumentó fallas técnicas en la clasificación jurídica que hizo el Ministerio Público y afirmó que, de los cinco testigos, tres no hablan de González Arredondo y, dos que si lo refieren, señalan hechos que no son materia de la imputación.
Sin embargo, la jueza concluyó que sí existen datos de prueba para vincular a proceso al exfiscal por el delito de tortura; aprobó tres meses para la investigación complementaria y confirmó que González debe permanecer sujeto a la prisión preventiva y en la misma cárcel que el exgobernador Duarte Jáquez y que otros funcionarios que él envió a reclusión.
Cierra procesos contra Duarte Jáquez
La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal, cerró un proceso administrativo a favor de César Duarte Jáquez, correspondiente La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal, cerró un proceso administrativo a favor de César Duarte Jáquez, correspondiente.
El dinero se desvió a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) hacia la Financiera División del Norte S.A. de C.V., S.O.F.O.M. de E.N.R de la que Duarte era accionista mayoritario.
Juan Carlos Mendoza Luján y Jaime Terán Ruiz, abogados defensores de Duarte informaron sobre la resolución de la SFP a través de un boletín de prensa.
“El pasado 14 de noviembre la Secretaría de la Función Pública emitió su resolución definitiva sobre el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, lo que deja sin efecto dicho procedimiento administrativo y por lo tanto libre de responsabilidades administrativas por la denuncia presentada contra él (José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), César Horacio Duarte Jáquez y Mireya García Medina, todos ellos incluidos en el mismo procedimiento”.
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