Las 302 cuentas públicas no solventadas y con irregularidades por montos millonarios fueron aprobadas por los diputados del Congreso local, pero la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), a cargo de Jorge Galván, podría no firmar el finiquito de todos estos ejercicios fiscales.

Con esta acción, el auditor tiene la facultad de poner sobre la mesa del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL) los millones no solventados, para que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Alejandro Garza y Garza, inicie una investigación. Incluso, Galván puede interponer una denuncia.

Los diputados del Poder Legislativo firman el finiquito, tras ser aprobadas las cuentas públicas en el Pleno y, posteriormente, pasa a la ASENL, donde Galván pone la rúbrica que será avalada de manera definitiva. Luego se manda a archivar como un asunto concluido.


Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es la dependencia con más observaciones

No obstante, el auditor se puede negar a firmar el finiquito de los ejercicios fiscales, a pesar de que las cuentas estén aprobadas por los diputados, toda vez que la ASENL encontró millones de pesos no solventados.

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León establece que el finiquito es el documento que pone término al trámite de revisión de la cuenta pública tanto para el Congreso como para la ASENL.

“Y que lo concluye aprobado de manera definitiva, mandando a archivar como asunto concluido”, dice.

Pero el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León establece que una vez que sean aprobadas por el Congreso local, no se suspenden las acciones promovidas por la ASENL. Es decir, los montos no solventados pueden ser denunciados.

“La aprobación que emite el Congreso no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento establecido por la ley aplicable”, asegura este apartado.

Dentro de todas estas cuentas públicas, la Auditoría encontró en el ejercicio fiscal de 2017 que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey no solventó montos por 4 mil 500 millones de pesos, lo que la convierte en la dependencia con más observaciones.

El auditor también encontró en Apodaca pagos por un millón 300 mil pesos a la empresa Aun Weor Impulsora Comercial, que no fue localizada en su domicilio fiscal, un caso que podría ser tomado por la Fiscalía Anticorrupción.

Mientras que el Consejo de la Cultura y las Artes (Conarte) y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) sumaron observaciones por 631 millones 600 mil pesos.

Abogados piden no firmar finiquito de cuentas públicas

El abogado fiscalista Alejandro Gómez llama a Jorge Galván, titular de la ASENL, a que se abstenga de firmar el finiquito de las cuentas públicas aprobadas por diputados del Congreso local.

En entrevista con Reporte Índigo, el abogado expresa que el auditor tendría que abstenerse de aprobar el finiquito, pues sus análisis permiten presumir un daño a la hacienda pública.


“Solicitaría al auditor, ahora que están los diputados aprobando cuentas públicas que fueron ya revisadas por la Auditoría Superior del Estado con observaciones, se abstenga a expedir con el artículo 52 de esta ley el finiquito correspondiente”

Alejandro Gómez

Abogado fiscalista

Para Alejandro Gómez, las organizaciones civiles y las y los diputados tendrían que pedirle a Galván que extienda una constancia sobre si las cuentas están solventadas o no, pues es el punto a discutir.

“Y, en consecuencia, iniciar con las denuncias penales que deriven de las cuentas públicas no solventadas que permiten presumir posibles daños y perjuicios a la hacienda pública”, sostiene el especialista.

El Colegio de Abogados de Nuevo León A.C., a cargo de José Manuel Cárdenas, reclama que con la aprobación masiva de cuentas públicas durante el Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso local se está en contra de la ley.

“El acuerdo 586 emitido por la Diputación permanente no fue publicado Periódico Oficial de la Federación antes del 21 de junio, de conformidad con lo estipulado en los numerales 5 y 10 de la ley relativa”, se lee en un comunicado del Colegio de Abogados.

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