Lo que sabemos de la reaprehensión de soldados involucrados en masacre de Tlatlaya

Cuatro años después de los hechos; exigen a PGR reabrir el caso Tlatlaya

Un juez ordenó a la PGR esclarecer lo más pronto posible el caso y encontrar a los responsables de la matanza, sin descartar la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad

El caso Tlatlaya es un ejemplo más de abuso de fuerza y de la impunidad que impera en México, y a cuatro años de la matanza en la que 22 civiles fueron asesinados presuntamente a manos de militares en una bodega de San Pedro Limón, todavía no hay justicia.

De acuerdo al Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso.

Es por ello que ordenó a la PGR esclarecer lo más pronto posible el caso y encontrar a los responsables de la matanza, sin descartar la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

Clara Gómez González sobrevivió al episodio violento, y se ha vuelto parte fundamental de la investigación, por lo que el juez Erik Zabalgiotia Novales resolvió a favor su recurso y dijo que la investigación de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia.

Además, el juez asegura que no se realizaron las diversas diligencias anteriormente ordenadas, y las que sí se cumplieron, no fueron pertinentes ni idóneas. No se analizaron pruebas del expediente del Centro Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ni de las declaraciones de los militares involucrados, y por si fuera poco, no se ordenó la recolección de nuevas pruebas, y las que Clara ha ofrecido, no se han considerado.

A cuatro años de la tragedia todavía no hay ninguna persona declarada culpable ante la justicia, pues no se han ofrecido pruebas contundentes para señalar a los responsables que ejecutaron arbitrariamente a 12 personas. Tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas ejecutadas, y no se ha castigado por la alteración de la escena.

Dos años después del suceso, en marzo del 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados. La PGR inició una averiguación previa en la que acusó a los militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero por falta de pruebas fueron liberados dos meses después.

La CNDH ha realizado 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos 10 años.

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El Gobierno federal indemnizará a sobrevivientes y a familiares de las víctimas presuntamente asesinadas por elementos del Ejército durante el ataque ocurrido el pasado 30 de junio en la localidad de Tlatlaya. 

La compensación será de entre 70 y 80 millones de pesos repartidos entre 13 familias, detalló el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, a Milenio. 

La comisión agregó en un comunicado que inicia así las acciones de reparación después de constatar que en Tlatlaya hubo “diversas violaciones de derechos humanos”.

CASOTLATLAYA De la ONU a Tlatlaya

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sumado ganancias en los últimos días. 

El pasado 21 de septiembre, el mandatario fue galardonado por promover el Pacto por México con el premio “Ciudadano global”, otorgado por el Atlantic Council.

Además, en el mismo viaje que realizó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés), concretó la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en las operaciones de paz de la ONU.