Crimen organizado, el ‘peligro’ de la alternancia
A la par de que avanza la democracia en el país a través de la alternancia de los partidos en el poder se incrementa la fuerza e influencia del crimen organizado; especialistas señalan que esto ocurre debido a la disputa de una ‘zona gris’ que surgió durante el régimen del PRI y a la falta de reformas al sistema judicial y de seguridad del Estado
Rubén ZermeñoLa democracia se encuentra secuestrada por los grupos del crimen organizado y su principal motivación para atacar y ganar más poder es la alternancia política.
Este lunes fue encontrado en un predio del poblado El Jacal del municipio de Contepec, Michoacán, el cuerpo sin vida del alcalde Enrique Velázquez.
Datos de la consultora Etellekt revelan que en lo que va de la administración del presidente López Obrador han sido asesinados 15 alcaldesas y alcaldes
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, el alcalde que inició funciones en septiembre pasado, fue asesinado a balazos luego de estar desaparecido durante dos días.
Cuatro semanas antes en Xoxocotla, Morelos, el alcalde electo y líder indígena, Benjamín López Palacios, corrió con la misma suerte, fue asesinado a balazos dentro de su domicilio.
En lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 15 alcaldes y alcaldesas en el país, de acuerdo con la consultora Etellekt.
Esta cifra sumada a los miles de muertos ocasionados por el combate a los grupos del crimen organizado y a los cientos de candidatos asesinados, son la punta del iceberg de una crisis de gobernanza y de la necesidad de una reforma al sistema judicial y a las corporaciones de seguridad del Estado que se arrastran desde hace más de 30 años cuando en varias entidades del país comenzaron a ganar candidatos que no provenían del partido hegemónico, el Revolucionario Institucional.
De acuerdo con Guillermo Trejo y Sandra Ley en su libro Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México (Editorial Debate), los procesos de transición democrática, aunados a la fragmentación del poder político, fueron las principales causas del estallido e intensificación de las guerras en contra de los grupos del crimen organizado en México, así como su expansión a las esferas de la política local y la sociedad civil.
La investigación se basa en una premisa que fue confirmada por hechos, datos y cifras: existe una “zona gris” en la que los grupos criminales pueden respirar, crecer, reproducirse y triunfar gracias a la protección del Estado.
Sin embargo, cuando el poder político cambia, la “zona gris” también lo hace, lo cual origina la violencia que padecemos actualmente y que persiste desde hace más de 30 años.
Para que la “zona gris” se formara, bastaron años de gobierno del PRI en los que de una u otra manera se garantizó a los grupos del crimen organizado la lealtad de las fuerzas de seguridad del Estado.
Después, el 1 de noviembre de 1989 tomó posesión como gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el primer mandatario estatal de oposición y comenzó la alternancia en el país.
Con ello, la amenaza de terminar con el statu quo entre gobiernos y crimen organizado y de que la “zona gris” terminara, provocó que los cárteles recrudecieran su violencia buscando mantener sus redes de impunidad y algunos hasta ampliarlas a territorios en donde había nuevos gobiernos.
“Cuando transitan (las entidades federativas) del régimen autoritario a la democracia, sin reformar el sector de la seguridad —por medio de la democratización del Ejército y la policía o con procesos de justicia tradicional que expongan y castiguen a los actores represivos—, la dinámica de la competencia electoral y el cambio político introduce un alto grado de incertidumbre en la ‘zona gris’ de la criminalidad, socava la paz y abre la puerta a estallidos de violencia en el inframundo criminal.
“México sufrió un estallido importante de violencia criminal porque el país transitó de un régimen autoritario a la democracia sin establecer las bases de un Estado de Derecho democrático. Las Fuerzas Armadas, la policía y el sistema judicial siguieron operando como enclaves autoritarios, mientras el país entraba a una nueva era de competencia multipartidista”, concluye la investigación de Trejo y Ley.
Fue así como la “paz” del régimen unipartidista terminó y comenzó la guerra cuando los partidos de oposición conquistaron las gubernaturas y nombraron a nuevo personal en las procuradurías y policías locales, lo cual puso en riesgo las redes de protección gubernamental.
“Sin la protección, se formaron ejércitos privados para defender su territorio de los gobiernos de oposición entrantes y los cárteles rivales (…). Después comenzó la conquista del Salvaje Oeste mexicano, la costa del Pacífico y los estados del noreste”, agrega la investigación.
Crimen organizado de 2006 a 2018
La siguiente etapa de las “guerras criminales” y el inicio del repunte en la violencia ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) quien se basó en la afiliación partidista para implementar estrategias de seguridad y combate a los grupos del crimen organizado.
“En los estados en los que gobernaba el PAN se diseñaron intervenciones militares, judiciales y económicas efectivas y coordinadas lo cual facilitó la desactivación de las espirales de violencia.
“En los gobiernos de izquierda las intervenciones fueron unilaterales y poco efectivas lo cual abrió oportunidades para que los cárteles compitieran por territorio usando la fuerza”, señala la investigación.
Durante ese sexenio, los grupos criminales descubrieron la importancia de los gobiernos municipales e intentaron desarrollar regímenes de gobernanza criminal con el que controlaban de facto los municipios, la población y el territorio y a quien iba en contra de ellos era asesinado, sin importar que fueran políticos, candidatos o alcaldes
En la administración de Enrique Peña Nieto la estrategia no cambió y la violencia se intensificó. Los cárteles pasaron de 60 a más de 200 y durante estos dos sexenios los homicidios relacionados a la guerra contra el narcotráfico ascendieron a más de 150 mil.
“(Durante ese periodo) las Fuerzas Armadas, la policía y el sistema judicial no vivieron ninguna transformación democrática de fondo y siguieron operando con enclaves autoritarios, en vez de volverse más transparentes y rendir cuentas ante controles internos y externos, las Fuerzas Armadas —en particular el Ejército—expandieron su poder económico y político y su autonomía gracias a la continuación de la guerra contra las drogas”, concluye la investigación.
