Ën la ASCM hay funcionarios que incurren en conflicto de interés

Corrupción y altos sueldos en la ASCM

En el máximo órgano fiscalizador de la capital hay funcionarios que incurren en conflicto de interés al haber trabajado en demarcaciones que después auditaron, a los que se suman otros que tienen altos salarios sin un respaldo académico

24 de Sep, 2019

En la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), que se encarga de revisar el ejercicio de recursos de todos los órganos y dependencias que reciben dinero público, hay irregularidades que ponen en duda el trabajo que ahí se realiza.

Por una parte existe conflicto de interés en algunos funcionarios contratados, mientras que también hay empleados que ganan sueldos similares a los directores de área y solo terminaron el nivel educativo medio.

El conflicto de interés, según la normatividad interna de la Contraloría General de la Ciudad de México, es cuando el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de una persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial de sus funciones

Resalta el caso de José Julio Dávila Aceves. Es el actual director general de Auditoría Cumplimiento Financiero B y participó en la fiscalización de la Cuenta Pública de la alcaldía de Tláhuac de 2017, donde también trabajó como servidor público en el periodo analizado.

El expediente de auditoría ASCM/89/17 ya fue concluido y remitido a la alcaldía de Tláhuac en febrero de 2019. Ahí se revisó el presupuesto ejercido por la demarcación durante 2017.

Dávila Aceves es uno de los funcionarios que intervinieron en la creación del informe ASCM/89/17, de acuerdo con el oficio citado en poder de Reporte Índigo, consta en el apartado de Personas Servidoras Públicas a Cargo de Realizar la Auditoría.

El servidor público tiene relación directa con lo investigado porque se auditan los recursos relacionados con las afectaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017 y el área que tuvo a su cargo es la responsable del tema.

Dávila Aceves estuvo en el cargo de director de Ordenamiento Jurídico y Desarrollo Urbano de Tláhuac desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2018, mientras que en la ASCM comenzó a trabajar el 1 de enero de 2019.

Tiene un sueldo de 67 mil 264 pesos mensuales netos, según el tabulador de nómina de la Auditoría.

El ahora auditor no participó en el inicio de la realización de la investigación a Tláhuac durante 2018.

Sin embargo, como director de área, sí hizo entrega de documentos a la Auditoría y, como fiscalizador, elaboró el informe final de febrero de 2019 en el que vienen las recomendaciones realizadas a la administración con la que colaboró.

La investigación de la ASCM a todas las áreas administrativas de Tláhuac revela que no se hizo la reducción de uso de combustible de 20 por ciento de acuerdo con los criterios racionalidad, austeridad, economía y gasto eficiente para siete vehículos de altos mandos.

Ante esta situación, la ASCM hizo un total de seis observaciones y recomendaciones.

A pesar de los señalamientos que se hacen, no se emite ninguna sanción a algún funcionario.

Extrabajadores de la Auditoría, que prefieren el anonimato por seguridad, señalan que Dávila Aceves tuvo la posibilidad de no sancionar a sus excompañeros o de no revelar posibles irregularidades en el área que dirigió.

Otro caso, documentado por Reporte Índigo, es el de Marco Antonio Fonseca Anincer, quien trabajó en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hasta noviembre de 2018, según la información del portal de transparencia de la ASCM. Desde el 1 de enero de 2019 es subdirector general de Auditoría de Cumplimiento Financiero B.

El área donde trabaja Fonseca Anincer es la asignada para auditar los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR’S) así como el rubro de Servicios Generales del Metro, de acuerdo con el Programa General de Auditoría de la ASCM de 2019 consultado por Reporte Índigo.

Fonseca Anincer gana un sueldo bruto mensual de 52 mil pesos.

Los datos curriculares de la Auditoría sobre Fonseca Anincer indican que su último trabajo fue como Operador A del Sistema de Transporte Colectivo en el Área de Recursos Materiales y Servicios Generales del 21 de septiembre de 2012 al 29 de noviembre de 2018.

El 30 de agosto pasado, Reporte Índigo informó que cuatro directores de área del órgano fiscalizador no cuentan con la experiencia necesaria para desempeñar el cargo dentro del máximo órgano fiscalizador del servicio público en la capital y mantienen algún nexo con una fuerza política, todos perciben un sueldo superior a los 50 mil pesos mensuales.

José Julio Dávila Aceves, actual director general de Auditoría Cumplimiento Financiero B, participó en la fiscalización de la Cuenta Pública de la alcaldía de Tláhuac de 2017, periodo en el que trabajaba ahí

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Altos sueldos sin estudios en la ASCM

El chofer y la secretaria del titular de la ASCM tienen un nivel de sueldo similar al de los directores generales del órgano fiscalizador.

Ana Laura Vázquez Rodríguez, quien tiene el puesto de secretaria particular del auditor superior, David Vega Vera, tiene el nivel salarial 43, lo que representa un sueldo de 73 mil pesos mensuales netos, según el tabulador de nómina de la ASCM.

Los datos curriculares de Vázquez Rodríguez indican que solo concluyó el bachillerato.

No obstante, tiene un sueldo similar a un director general de auditoría quienes cuentan con licenciatura o maestría.

Por otra parte, está Neftalí Félix Mendoza Cortés, quien aparece en el tabulador de nómina como secretario administrativo de la ASCM, con un nivel salarial 29 y un sueldo mensual neto de 52 mil pesos.

Su información curricular informa que tiene el bachillerato trunco.

Extrabajadores consultados por Reporte Índigo mencionan que Mendoza Cortés es el chofer del auditor superior de la capital.

Sus últimos tres trabajos, según su información curricular disponible en el portal de transparencia de la ASCM, fueron como chofer.

Primero, en la Cámara de Diputados del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, después del 15 de julio de 2005 al 28 de febrero de 2006 en la iniciativa privada y el último en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del 1 de marzo de 2006 al 31 de enero de 2007.