Las primeras alcaldías de la Ciudad de México no estuvieron exentas de corrupción y tanto los investigados como los sancionados por anomalías se pueden contar por cientos.

Durante los tres años de gobierno de las primeras alcaldías, de 2018 a 2021, la Contraloría General local abrió investigaciones contra más de 500 servidores públicos y suspendió a más de 100 por cometer irregularidades en el servicio público.

Es importante recordar que en octubre de 2018 se concretó oficialmente el cambio de delegaciones a alcaldías; sin embargo, esto no representó el fin de la corrupción.

Los suspendidos

El 25 de agosto de 2021, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México respondió a la solicitud de información folio 0115000157020 tramitada por Reporte Índigo a través del sistema InfomexDF, donde se solicitaron datos sobre las investigaciones iniciadas contra los 16 alcaldes de la capital, el número de funcionarios investigados así como la cifra de servidores inhabilitados o suspendidos de su labores por irregularidades en el periodo de 2018 a 2020.

La información entregada revela que durante dicho periodo, en las 16 alcaldías se suspendieron a 552 funcionarios públicos por irregularidades administrativas: la Contraloría informó que dicha cantidad de servidores habían sido separados de sus labores, sin embargo, no detalló si se había resuelto su inhabilitación.

Tláhuac, que fue encabezada por Raymundo Martínez Vite, de 2018 hasta marzo de este año, es la primera en la lista. Ahí fueron suspendidos 81 funcionarios desde 2018 a 2020.

Le sigue Gustavo A. Madero, que desde 2018 hasta la actualidad gobierna Francisco Chíguil, con 72 servidores sancionados con la separación del cargo.

En tercer lugar, está Milpa Alta que en los tres años anteriores estuvo al mando del actual diputado local Octavio Rivero, con 67 trabajadores suspendidos.

Posteriormente, está la alcaldía Cuauhtémoc, que durante el lapso referido fue gobernada por el morenista Néstor Nuñez, con 44 funcionarios separados.

Y en quinto lugar, de las que acumulan más funcionarios suspendidos, es Benito Juárez, con 40.

En contraste, hay cinco alcaldías que no rebasan los 20 funcionarios suspendidos por cometer anomalías: Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Xochimilco, Coyoacán y Azcapotzalco.

Los investigados

La misma respuesta a la solicitud de información detalla que durante el mismo periodo se abrieron 138 investigaciones contra funcionarios por cometer presuntos actos de corrupción en las 16 alcaldías.

Las indagatorias corresponden tanto a denuncias presentadas por la ciudadanía como iniciadas por las mismas autoridades de las alcaldías.

En este caso, las cinco administraciones que más indagatorias acumulan por supuestos actos de corrupción son Benito Juárez, Milpa Alta, Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras y Coyoacán.

Las alcaldías mencionadas acumulan el 77 por ciento de las investigaciones por actos de cohecho, conflictos de interés y fraude, entre otros ilícitos relacionados con actos de corrupción.

Por orden de mayor a menor, de las alcaldías que acumulan más diligencias de la Contraloría, se encuentra Benito Juárez, con un total de 43, iniciadas en el periodo de 2018 a 2020.

Después está Milpa Alta que también encabeza las demarcaciones que más investigaciones por corrupción tienen, con 42. En tercer lugar está Venustiano Carranza, que fue gobernada de 2018 a 2020 por el actual legislador federal Julio César Moreno, con nueve indagatorias.

A su vez, el cuarto lugar lo ocupa la demarcación de La Magdalena Contreras, que gobernó en el lapso referido Patricia Ortiz Couturier, con 7 investigaciones.

Y por último se encuentra con seis diligencias por parte del órgano contralor local, Coyoacán, que fue administrada por el exfutbolista Manuel Negrete.

Respecto a las alcaldías que menos investigaciones por corrupción tienen, están Cuauhtémoc, Xochimilco y Álvaro Obregón, en donde la Contraloría local no registró ninguna indagatoria de 2018 a 2020.

Los costos de la corrupción

Las prácticas de corrupción como el cohecho, las extorsiones, el cobro de cuotas y el tráfico de influencias, entre otras, se ven reflejadas en pérdidas millonarias a nivel nacional.

En el año 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que la corrupción costaba al país un equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

Dicho porcentaje representa una cantidad de 21 mil millones de pesos al año, por lo que la OCDE consideró al problema en el país como preocupante.

“Esto es de verdad alarmante porque son recursos que se pierden y no van a las áreas de interés público e inversión pública para el bienestar y el desarrollo”, declaró en esa fecha el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Roberto Martínez Yllescas.

En este sentido, la OCDE consideró que una mejora en el tema podría traer a nivel nacional una mejora en el ingreso per cápita de entre 0.59 y 0.86 por ciento, por lo que el trabajo coordinado entre autoridades y sector privado para erradicar la corrupción sería redituable.

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