La Confederación Patronal de la República (Coparmex) reconoció a la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva sin derecho a fianza.

Mediante un comunicado, el presidente nacional del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, agradeció a los diputados su disposición “por haber escuchado a las organizaciones de la sociedad que acudieron a las Audiencias Públicas donde se discutió la iniciativa”.

De la misma manera se congratuló por la apertura mostrada para incluir en dicho catálogo dos delitos que afectan sensiblemente a los sectores productivos: el robo a autotransporte de carga y la portación de armas de alto poder de uso exclusivo de las Fuerza Armadas.

Los empresarios de Coparmex han señalado que el robo al autotransporte continúa en ascenso y sin freno. En 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  Prensa y Comunicación (SESNSP) registró un total de 12 mil 206 robos a los transportistas. En ocho de cada 10 casos se trató de robos con violencia.

Los representantes empresariales expusieron que la nueva forma de operar del crimen organizado en México preocupa a transportistas y aseguradoras, ya que no sólo les roban las mercancías, también las unidades.

“El mayor robo de unidades y su menor recuperación habla de que el crimen organizado utiliza los vehículos para otros ilícitos”, expresaron.

El sector patronal hizo un llamado a los legisladores para que en el marco de la discusión de la reforma en materia de seguridad, se expida una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito, que homologue y consolide los criterios que deben regir las actuaciones policiales y la recolección de evidencia criminal.

Con 377 votos a favor, cinco abstenciones y 96 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el martes pasado ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa e incorporar otros más para dicha modalidad.

Esto incluye el abuso o violencia sexual para menores de edad, uso de programas sociales con fines electorales y desaparición forzada de personas. Así como portación y uso de armas de fuego prohibidas, robo y tráfico de hidrocarburos (huachicoleo) y delitos en materia de corrupción.

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