Contra corruptos

Los tiempos de la “renovación moral” del fallecido presidente Miguel de la Madrid, en que se buscaba el comportamiento ético no solo de los servidores públicos, sino de la sociedad, están de regreso en el Congreso de la Unión.

Como parte de la reforma anticorrupción, la Cámara de Diputados planea aprobar la creación del Sistema Nacional de Integridad Pública, que tendrá la obligación de emitir reglas para la prevención y combate de la corrupción en el país.

Estas reglas aplicarían no solo a los servidores públicos, sino también a los particulares, especialmente cuando se afecte a la Hacienda pública o a cualquier ente de los tres niveles de gobierno.

“Para combatir a la corrupción de manera eficaz, se requiere la participación de toda la sociedad, por ello, es indispensable contar con mecanismos efectivos que hagan que la suma de esfuerzos de toda la sociedad se traduzca en el diseño de acciones concretas que prevengan cualquier acto de corrupción”, sostiene la exposición de motivos.

El principal impulsor de la creación de este Sistema de Integridad es el PAN, partido que se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción que no han sido resueltos ni sancionados, como los moches o el espionaje telefónico.

Pros y contras

El Sistema Nacional de Integridad Pública estará encargado de diseñar, evaluar y coordinar políticas transversales de educación y concientización; prevención; y la detección y sanción de hechos en materia de corrupción.

Además contará con un Consejo Nacional integrado por representantes de todos los poderes y órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil y organizaciones empresariales.

La cabeza del máximo Sistema de Integridad será el presidente de la República.

También se creará un Comité Ciudadano para la Ética Pública, que auxiliará al Consejo de autoridades que participarán en el Sistema.

“Con la creación del Sistema Nacional de Integridad Pública podremos erradicar las prácticas de corrupción que tanto daño han causado a nuestra sociedad”, prometen los legisladores en el proyecto de dictamen que será aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales este miércoles.

Los inconformes con la creación de este órgano son los diputados de izquierda, quienes consideran que la participación de autoridades del máximo nivel empañará la posibilidad de que se combata efectivamente este problema.

Los diputados argumentaron que en lugares como Hong Kong y Panamá existen este tipo de sistemas y han resultado eficaces.