Aunque nuevas iniciativas como la Plataforma Ciudadana de Fosas pueden utilizarse como herramientas para enfrentar la problemática de seguridad, también evidencian los graves vacíos y errores por parte de las autoridades. Principalmente en lo que a la atención de las víctimas se trata, como evidenciaron colectivos de familias buscadoras durante la presentación de la PCF al denunciar el desinterés o incluso obstaculización por parte de las instituciones.

Pese a que colectivos de familias buscadoras trabajan en en Nuevo León desde los años 70, con doña Rosario Ibarra de Piedra, las autoridades estatales siguen renuentes a colaborar con estos.

Letty Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León puso como ejemplo que, tras el hallazgo del “campo de exterminio” de Los Zetas en Grutas de García, donde se encontraron más de 284 mil fragmentos óseos en 2016, la fiscalía estatal sigue sin permitir a los colectivos acceder a información veraz y confiable sobre los restos.


“Cuando nosotros lo hacíamos por oficio nos contestaban que no éramos terceras interesadas. Es un término legal, si no está tu ADN en esos fragmentos, no dan información”

Letty Hidalgo

ntegrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León

“Es una cantidad de obstáculos para saber quiénes son todas las personas que están en estos fragmentos de restos humanos. Ha sido una obstaculización de la información infame”, criticó Hidalgo.

Una situación similar se vive en Guanajuato, donde la fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa desde 2009 ha reconocido no tener registro de las fosas clandestinas encontradas en la entidad. Esto, como explicó Bibiana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte Guanajuato, se debe a que el marco jurídico del estado no reconocía el término “fosa clandestina” ni contaba con una ley en materia de desapariciones hasta 2020, tras presiones de organizaciones de víctimas y familiares.

“Si toda esta voluntad que tienen asociaciones no gubernamentales la tuvieran fiscalías y gobiernos, no habría necesidad de que ni yo ni ninguna otra víctima en el país estuviéramos fungiendo de investigadoras ni mendigando información que por derecho nos corresponde”, reclamó Mendoza, criticando que “cuando no hay voluntad para ayudar a la ciudadanía que sufre la desaparición de un ser querido, ni aunque vengan 20 mil términos en la ley”.

Sobre estas denuncias, Adrián Lara, de Data Cívica, comenta a Reporte Índigo que “lo que hemos visto en los últimos tres años es esta constante escena en la que las cosas donde se están quedando cortos los instrumentos gubernamentales ya están siendo visibilizados, documentados por las propias familias y por proyectos como los que estamos haciendo, pero todavía no encontramos la forma de avanzar. Porque una cosa es visibilizar los errores y otra es atenderlos”.

En ese sentido, señaló que sigue habiendo cuestiones por mejorar en instrumentos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, cuya metodología, constitución de información, actualización, limpieza y seguridad siguen siendo una incógnita a dos años de su implementación. Esto pese a ser la herramienta más grande contemplada en la Ley General en Materia de Desapariciones, publicada en 2017.

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