Consultas ciudadanas para todos
Tras la polémica consulta que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador realizó para definir el futuro del NAIM, la bancada de Morena en el Senado busca que se reforme la Constitución para flexibilizar la organización de estos procedimientos
Imelda GarcíaSenadores de Morena presentaron una iniciativa para abrir la posibilidad de que no solo el presidente o el Congreso puedan convocar a una consulta popular, sino a que puedan hacerlo con más facilidad los ciudadanos y las personas que sean declaradas legalmente como electas al ganar un cargo de elección popular.
En una propuesta presentada en el Senado, los legisladores de Morena plantean modificar el artículo 35 de la Constitución Política para facilitar la realización de consultas populares.
El cambio obedece a que la Carta Magna establece varios candados para que se puedan realizar estas consultas.
Hoy día, una consulta popular puede ser solicitada por el presidente de la República; el 33 por ciento de los integrantes de cualquier Cámara del Congreso de la Unión; o los ciudadanos que la pidan, siempre y cuando sean al menos el 2 por ciento de quienes están en la lista nominal de electores.
La iniciativa pretende que los ciudadanos y las personas que sean electas a un cargo político puedan solicitar la elaboración de una consulta
En los casos uno y dos, el Congreso debe aprobarlo por mayoría de votos; no así si la solicitan los ciudadanos.
Además, la consulta popular debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal; y se establece que sus resultados serán vinculatorios si participa al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Morena pretende flexibilizar algunos de estos requisitos para que puedan realizarse más consultas sin tanto trámite.
“Es obvio que el texto constitucional vigente ofrece un esquema de consulta popular limitativo, acotado, complejo de operar, sumamente barroco, al grado de que resulta casi imposible llevar a la práctica este importante instrumento de participación ciudadana.
“Es urgente que la consulta ciudadana no sea un adorno más de la Constitución; urge que sea dotada del andamiaje jurídico que responda a su naturaleza y a las legítimas aspiraciones del pueblo mexicano”, apuntan los senadores.
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Después de los cuestionamientos a la forma en que se llevó a cabo la consulta para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, integrantes del nuevo gobierno y legisladores de Morena anunciaron que buscarían reformar la Carta Magna para facilitar la realización de consultas populares, recurso que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que usará frecuentemente durante su mandato.
Sin tanto trámite
Los legisladores de Morena plantean que preguntar a los ciudadanos sobre decisiones o temas de interés público no debe ser tan complicado como lo es ahora.
En su iniciativa para modificar la Constitución, los senadores Daniel Gutiérrez Castorena, Rubén Rocha Moya, Javier May Rodríguez, Imelda Castro Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez, proponen que se quite el candado de que ambas Cámaras del Congreso deban aprobar si se realiza o no una consulta.
“El texto actual obliga a que la petición de convocatoria sea aprobada por la mayoría de ambas Cámaras, requisito que complica exageradamente el trámite, toda vez que es inevitable el sesgo político de la intervención del Congreso”, sostiene la argumentación.
Otro candado que plantean eliminar es que las consultas solo puedan llevarse a cabo cuando hay elecciones. Los legisladores van en sentido contrario: plantean que esté prohibido hacer consultas populares en periodos electorales.
“Es necesario dotar a esta figura de participación ciudadana, de ampliación en el tiempo y en sus beneficios inmediatos en términos de una eficaz y eficiente gobernanza.
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“La única limitación en el tiempo que se considera necesaria, es evitar que la consulta se formule durante periodo electoral, a fin de no intervenir con el proceso respectivo, no distraer la actividad del INE o de los organismos locales electorales, en el supuesto de que participen en el desarrollo de la consulta, así como garantizar la imparcialidad de las entidades públicas en las campañas electorales”, argumentan.
El hecho de poder hacer consultas populares solo cuando hay elecciones federales, limita el ejercicio a dos por sexenio, que en realidad se convierte en solo un ejercicio útil, el del proceso electoral federal intermedio.
Esto porque al final del sexenio, indican, el presidente o los legisladores salientes ya no tienen interés en realizar estos ejercicios; y quienes van a ocupar su lugar, aunque quieran, no están facultados para hacerlo.
Por ello, los legisladores plantean también que los candidatos que hayan ganado una elección puedan convocar a una consulta ciudadana, desde el momento en que sean declarados legalmente como autoridades electas.
Además, buscan que las autoridades locales, como los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, puedan convocar a consultas en sus estados para tocar temas del ámbito local.
Con o sin INE
Uno de los mayores cuestionamientos a la consulta ciudadana sobre el aeropuerto fue que estuvo organizada, vigilada, realizada y contabilizada por miembros de Morena y no por casas encuestadoras o por la autoridad electoral.
Actualmente, la Constitución establece que una vez aprobadas por el Congreso de la Unión, las consultas deberán ser hechas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los legisladores de Morena buscan cambiar esta disposición para que puedan “formularse sin la intervención directa del INE”.
La participación del INE solo sería obligatoria si se trata de consultas que son solicitadas por los ciudadanos, apuntan, pues “aquellos no cuentan con los elementos técnicos, administrativos ni presupuestales para llevar a cabo los procedimientos de consulta”.
El procedimiento sobre el Nuevo Aeropuerto fue cuestionado por estar organizado, vigilado y contabilizado por Morena y no por la autoridad electoral
Sin embargo, los senadores dejan a criterio del convocante cómo llevar a cabo la consulta cuando ésta sea solicitada por el Ejecutivo o el Legislativo.
“Cuando sean otros entes los convocantes, a elección de éstos podrá darse participación al Instituto Nacional Electoral o a los organismos locales electorales, según corresponda”, se lee en la propuesta.
Esto deja abierto a la discrecionalidad política la organización de las consultas, lo que podría resultar en ejercicios cuestionados por su falta de certeza.
