Constitución de avanzada, pero ¿viable?
El proyecto de Constitución que contempla 54 derechos a los capitalinos, entregado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente, enfrentará una realidad presupuestal que pone en duda la viabilidad de este documento en la Ciudad de México.
Carlos Salazar
Según expertos juristas, una de las grandes carencias en el proyecto de Constitución es la falta de balance entre la parte dogmática y la parte orgánica
Aunque la propuesta presentada por el Jefe de Gobierno será, al final, sólo un punto de partida para la que será aprobada el próximo año, las primeras valoraciones sobre el proyecto no son alentadoras
Hay unos derechos que incluye el proyecto que pretenden crear un precedente para una constitución progresista
Creo que la pluralidad de la asamblea constituyente garantizará que sea una constitución representativa (…). No hay mayoría de ningún partido político, lo cual garantiza una discusión plural, abierta, con la participación de todas las fuerzas políticas”
El proyecto de Constitución que contempla 54 derechos a los capitalinos, entregado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente, enfrentará una realidad presupuestal que pone en duda la viabilidad de este documento en la Ciudad de México.
La iniciativa que está siendo analizada ya por los integrantes de la Asamblea Constituyente, incluye, en su apartado de ‘Carta de derechos’, un total de 54 derechos que le deberán ser reconocidos a los habitantes de la Ciudad de México.
Sin embargo, la cuestión presupuestal que garantice estos derechos como el de la vivienda, salud y vida digna es la que genera las principales interrogantes de los legisladores y analistas.
La falta de mecanismos que garanticen que estos derechos se transformen en una realidad, la poca claridad del presupuesto destinado a su cumplimiento, lo reiterativo en la redacción, el desbalance, la sobresegmentación y la falta de empoderamiento ciudadano, son algunas de las observaciones que ha arrojado el análisis de algunos actores sobre este proyecto.
Dentro del amplio catálogo de códigos que incluye este proyecto, están los tradicionales como la libertad de expresión, educación, la vivienda, derecho al más alto nivel de salud, a la información, a la identidad, a la alimentación y a la nutrición, derechos de los trabajadores, entre otros.
Hay también unos en los que el gobierno capitalino ha mostrado intención de sentar un precedente para una constitución progresiva, como el derecho al desarrollo sostenible, al espacio público, a la accesibilidad y movilidad humana, a un medio ambiente sano, etcétera.
De igual forma, hay una serie de códigos ya conquistados en los últimos años por los gobiernos de izquierda en la ciudad, y que incluso, en su redacción parecen reiterativos, como los derechos sexuales y reproductivos, y los de la población LGBTI, a quienes se les considera un grupo de atención prioritaria.
Sin embargo, este amplio catálogo de derechos para los capitalinos no viene acompañado por la enumeración de los mecanismos, tanto presupuestarios y operativos, que permitan saber cómo se va a asegurar su cumplimiento, cómo van a ser judicializados y cuántos recursos se destinarán, entre otros.
“Más que poner en riesgo la viabilidad de los derechos, me parece que hay un problema de imposibilidad de ejecución y realización de los derechos que se están planteando, porque son como buenos deseos, pero no está muy claro cómo pueden en efecto, realizarse”, afirma Felipe de la O López, Coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM.
Sólo buenas intenciones
En un contexto, donde la ‘austeridad’ presupuestal y los recortes al gasto público es el pan de cada día, el proyecto presentado por Miguel Ángel Mancera corre el riesgo de quedarse solamente en un catálogo de buenas intenciones, sin posibilidad real de ser cumplido a plenitud.
Como ejemplo está el inciso G del Artículo 14 que habla del derecho a la vivienda, en donde se menciona que se impulsarán planes de financiamiento y medidas para asegurar gastos soportables para que toda persona cuente con una vivienda adecuada a sus necesidades; sin embargo, no se sabe de dónde van a salir los millonarios recursos que se requerirían para su cumplimento.
Otro tema es el derecho al más alto nivel de salud, en el inciso F del Artículo 14, que señala que toda persona tendrá acceso a servicios de calidad, aunque no se detalla cuál será la partida presupuestal para mejorar los servicios de salud pública ni para ampliar la cobertura del sistema universal de salud.
Tomando en cuenta la importancia del documento que regirá la vida de los capitalinos para los próximos años, la Carta Magna para la ciudad no puede ser dejada a la improvisación, ni a un periodo de evaluación, porque la pondría en una situación de riesgo ante una eventual inviabilidad.
Aunque la propuesta presentada por el Jefe de Gobierno será, al final, sólo un punto de partida para la que finalmente será aprobada el próximo año, las primeras valoraciones sobre el proyecto no son alentadoras, lo que augura álgidos debates en el seno de la asamblea constituyente, y mucho trabajo por parte de los legisladores.
Según expertos juristas, una de las grandes carencias en el proyecto de Constitución es la falta de balance entre la parte dogmática y la parte orgánica.
La parte dogmática, relacionada con la cuestión de derechos, es muy amplia, sin embargo la parte orgánica, la correspondiente a la división de los poderes, a la organización del poder público y los órganos autónomos, está muy poco desarrollada, además de ser considerada bastante tradicional.
“Me parece que tiene algunos problemas de técnica legislativa y que mencionan varios temas que más bien deberían estar en la legislación cotidiana de la ciudad. Hay muchos elementos que han buscado escudarse bajo la etiqueta de progresista, pero que no está muy claro que puedan ser necesariamente derechos que tienen que estar en la Constitución”, señala Felipe de la O.
Al parecer, para que el proyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad pueda traducirse en una constitución queda un largo camino, y el riesgo de aprobar un proyecto como tal, que ha generado tantas opiniones desfavorables, sería el surgimiento de una resistencia jurídica que ponga en duda la viabilidad de la Carga Magna.
La utopía de los derechos
Una de las partes centrales del Proyecto de Constitución es la llamada “Carta de derechos”, en donde están enumerados una amplia gama de ellos y que van desde los derechos humanos, a la salud, los sexuales y reproductivos, hasta el derecho a la ciudad, al espacio público y a la memoria.
Sin embargo, aun tomando en cuenta que muchas disposiciones puedan aparecer en las leyes secundarias que emanen del Constituyente, el proyecto de Mancera carece de claridad en cuanto a los mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de los códigos.
“Me parece que es una carta de buenos deseos, donde no se está diciendo el ‘cómo’, Creo que tienen que ser derechos exigibles, judicializables, donde los ciudadanos podamos exigir que se cumplan. No es la constitución que esperamos los capitalinos. ¿Qué esperamos? Buscamos derechos que verdaderamente se vayan a aplicar y que pueda haber un presupuesto para que se cumplan”, señala la priista Cynthia López.
“Con el proyecto del doctor Mancera se corre ese riesgo, de que muchos de los derechos que se reconocen no puedan garantizarse, ya sea por falta de presupuesto o porque no existen los mecanismos jurídicos y procesales, para hacerlos efectivos”, asegura Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM y constituyente por Morena.
No sólo eso, la falta de una jerarquización presupuestal, esto es, cuáles son las áreas prioritarias para el gasto público, y cuánto dinero se va a destinar a cada tarea, pondría en riesgo la viabilidad de la realización de muchos de los derechos.
“Es posible cumplir los derechos pero eso debe estar vinculado al presupuesto, pero cuando se trata de regular el presupuesto no dice cuáles son las prioridades del gasto. Faltó decir cómo se gastan los recursos de la ciudad, en qué orden, con qué jerarquía”, afirma Jaime Cárdenas.
“En la constitución vienen artículos en donde, si no se hace un plan integral presupuestal, no vamos a poder garantizar a los ciudadanos que se cumplan esos derechos. Ese es el tema ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo les vamos a cumplir”, asegura Cynthia López.
El turno del Constituyente
Una vez que ya se entregó el proyecto de Constitución, ahora la responsabilidad de la redacción final queda en manos de la Asamblea Constituyente, que deberá entregar antes del 31 de enero el texto final, y aún cabe la posibilidad de que se lleve a referendo.
Aunque ha habido muchas críticas por la composición de la Asamblea Constituyente, donde el 40 por ciento de los escaños están ocupados por legisladores designados, tanto por las dos cámaras, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno, la ventaja es que, ante la pluralidad de la misma, tendrá que formarse un gran consenso para aprobar el texto final, lo cual podría favorecer la mayor representatividad.
“Creo que la pluralidad de la asamblea constituyente garantizará que sea una constitución representativa, que no se apruebe de manera rápida y sin analizar el proyecto del jefe de gobierno.
No hay mayoría de ningún partido político, lo cual garantiza una discusión plural, abierta, con la participación de todas las fuerzas políticas”, puntualiza Cynthia López.
Por su parte, Jaime Cárdenas, quien forma parte de los asambleístas por el Partido Morena, asegura que el principal interés de los diputados constituyentes, es trabajar durante estos meses sobre la propuesta que envió el jefe de gobierno, sobre todo en el tema de lograr trascender las buenas intenciones para transformarlas en realidades.
“Es un documento que deber ser revisado, analizado, para ver hasta donde se pueda aprobar, se puede enmendar, se puede modificar, porque así como está parece un documento retórico, sin posibilidad de realización efectiva”.
De igual forma, asegura que el proyecto presentado dará lugar a un escenario favorable en la asamblea constituyente, con debates y posturas que deberán enriquecerlo para lograr una Constitución acorde a lo que la Ciudad de México necesita.
“Vamos a ponerle mucho interés a este tema. Seguramente habrá debates interesantes en los próximos meses y ojalá que el constituyente apruebe un texto sustancialmente diferente al que envió el jefe de gobierno”, finaliza Cárdenas.
El investigador de la UNAM, Felipe de la O López, está convencido de que la mayor parte de responsabilidad la tienen los constituyentes, pues deberán propiciar que la Constitución que emane de la asamblea sea resultado de un gran consenso, no sólo entre las fuerzas políticas, sino con la ciudadanía en general.
“La constitución que requiere la Ciudad de México, es necesariamente una Constitución resultado de un consenso mucho más amplio y de un análisis técnico más real. Los diputados constituyentes tienen una gran responsabilidad”.
¿Segmentación o discriminación?
Uno de los apartados del proyecto de Constitución, es el Artículo 16, dentro de la ‘Carta de Derechos’, que se refiere a la Ciudad Incluyente, donde se segmenta hasta en 12 categorías a los grupos de atención prioritaria.
Estos son: niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, población LGBTI, personas migrantes, víctimas, poblaciones en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, y de origen indígena.
Según el documento presentado por el jefe de gobierno, estos grupos son aquellos que “debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a sus derechos y libertades fundamentales, por lo que se les garantiza una atención prioritaria”.
Sin embargo, para algunos que han analizado el proyecto de Constitución, este artículo en particular, al segmentar de manera excesiva a los ciudadanos, se está cayendo en lo discriminatorio.
“Los derechos son universales y son garantías para todo ciudadano, sin discriminación y de manera igualitaria, y aquí, al separarlo, parece que estamos cayendo en una acción de discriminación. Si todos somos iguales no deberían de segmentarnos”, puntualiza la legisladora Cynthia López.
De igual forma, para el investigador de la UNAM, Felipe de la O López, no sólo llama la atención la segmentación de los llamados grupos prioritarios, sino que además, no están claros los criterios por los cuales se establecieron dichos segmentos, situación que espera que aclaren los constituyentes designados por la jefatura de gobierno.
“Está sobresegmentado. Me parece que tiene que explicarse muy bien cuál es el criterio para haber establecido esos grupos de atención y no otros y, sobre todo, cómo la reglamentación de esos derechos se van a realizar y se va a vigilar su cumplimiento”, concluye.
