El Consejo Técnico de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó una carta en la que rechaza la presunta persecución, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que son víctimas 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

La FGR impulsó una acción penal contra 31 personas por supuestos malos manejos, derivada de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.

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“Consideramos preocupantes las expresiones que desacreditan de manera indiscriminada la actividad científica y de la comunidad académica nacional, poniendo en duda su relevancia y el correcto ejercicio de recursos públicos sin exhibir pruebas de ello”, menciona el Consejo en un comunicado. 

Según el Consejo Técnico de la UNAM, la persecución judicial genera un clima “injustificado” de desconfianza en el sector académico y sus instituciones. 

“Lo anterior no puede más que generar un clima injustificado de desconfianza hacia el sector académico y sus instituciones, que son tan necesarias para el desarrollo y para la formación de las nuevas generaciones, con la preparación y espíritu crítico que requiere nuestro país”, aseguran. 

De acuerdo con el Consejo de la UNAM, las personas señaladas por la FGR, que colaboraron en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C, así como en el Conacyt,  realizaron sus labores “en ejercicio de las atribuciones y con la responsabilidad que les confería la Ley de Ciencia y Tecnología”.

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Integrantes del Consejo Técnico de Investigación Científica de la UNAM actividad académica es evaluada constantemente “por comités de pares nacionales e internacionales, por instancias de gobierno que vigilan el cumplimiento de programas de trabajo que velan por un ejercicio transparente y adecuado de los recursos“.

“La Universidad Nacional considera con la mayor seriedad y responsabilidad esta supervisión por parte de los órganos del estado con facultades para llevarla a cabo. Año con año, rinde cuentas transparentes y revisa de manera periódica el cabal cumplimiento de la normatividad para optimizar el uso de los recursos públicos”, mencionan. 

Por ello, pidieron que cualquier acción penal se realice con estricto apego a derecho, además de rechazar las expresiones en contra de la comunidad académica del país. 

“Por todo lo anterior, nos manifestamos respetuosamente a favor de que las acciones en torno al tema se realicen con estricto apego a derecho y rechazamos las expresiones infundadas hacia la comunidad académica que sólo generan desconcierto y polarización en la sociedad mexicana”, concluyeron.