Magistrados realizan "lawfare" contra reforma electoral. Foto: Presidencia.

Consejería Jurídica de AMLO acusa a Tribunal Electoral de suplantar a la Suprema Corte por Plan B

Los magistrados Reyes Rodríguez, Janine Otálora y Felipe de la Mata de "gurra jurídica" contra la reforma electoral, dice la CJEF

Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular el Artículo 17 transitorio del llamado Plan B, la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al organismo de suplantar a la Suprema Corte de Justicia y varios de sus magistrados de realizar una guerra jurídica.

El declarar la inconstitucionalidad del Artículo 17 transitorio es “una resolución inédita que notoriamente invade las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo”. Así lo acusa la Consejería Jurídica en un comunicado difundido tras la sesión de la Sala Superior.

También se reclama que el Instituto Nacional Electoral (INE) “no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el TEPJF”. Siendo que el citado artículo mandata la destitución del secretario ejecutivo.

La Consejería Jurídica incluso cita a los magistrados Mónica Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales. Ellos justificaron su voto en contra del proyecto finalmente aprobado. Dijeron que este “genera un conflicto competencial entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación”.

Magistrados realizan “lawfare” contra reforma electoral

“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Son parte de una guerra jurídica ‘lawfare’ en contra de la transformación de un marco normativo”. Así lo advierte el comunicado.

La dependencia encabezada por María Estela Ríos acusa al magistrado presidente Reyes Rodríguez y sus compañeros Felipe de la Mata y Janine Otálora. ¿El motivo? “forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la SCJN”.

Los tres magistrados, acusa, comprometieron su parcialidad cuando “fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016”. Pues los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) extendieron sus magistraturas hasta después de 2024.

Bajo este señalamiento, la Consejería Jurídica del primer mandatario acusa a los magistrados de oponerse a la reforma al marco legal electoral. Señalaron “que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México”. Recalcando que buscará alternativas legales para defender el Plan B de López Obrador.

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