“Ya de por sí los gobiernos e instituciones carecen de la confianza, credibilidad, de la legitimidad por parte de los ciudadanos, el hecho de que lleguen con el 30 por ciento -podría ser hasta menos-, sin duda, se traduce en una autoridad, en un gobernante, muy débil”

Mario Ramos González

Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)

Los legisladores de Jalisco rechazaron la adopción de la segunda vuelta para la elección de gobernador en el 2018, por considerarla perjudicial para la austeridad, una postura que va a contrapelo del debate nacional y el impulso creciente de esa medida.

En la reforma electoral que aprobaron los diputados hace apenas unas semanas, estos tuvieron en sus manos la posibilidad de implementar la segunda vuelta, pero lo descartaron, mientras la atención mediática se centraba en la reducción del financiamiento de partidos. 

Los actores políticos que promovían la segunda vuelta eran dos: el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, y la bancada del PAN que lidera Miguel Monraz Ibarra, ambos con iniciativas que advierten del déficit de legitimidad que padece un gobernante electo con una baja proporción de los votos.

En efecto, en Jalisco, igual que a nivel presidencial, el gobernador está siendo elegido con un respaldo social cada vez más pobre: si en el 2000 el panista Francisco Ramírez Acuña obtuvo el 46.2 por ciento de la votación válida, en el 2012 el priista Aristóteles Sandoval Díaz arribó al poder con el 39.6 por ciento.

El panorama en el Estado podría ser aún más complejo en el 2018, cuando a la oferta de las tres principales fuerzas políticas del PRI, MC y PAN se sume la incógnita que representa Morena de Andrés Manuel López Obrador, y su presencia creciente.

Pese a todo ello, el dictamen del 31 de mayo que resultó de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, concluyó:

“Debemos de analizar cuidadosa y concienzudamente el hecho de lo que la segunda vuelta representa presupuestalmente; y, si realmente esta medida es efectiva para legitimar instituciones de gobierno; ya que esta LXI Legislatura (…) aprobó el Acuerdo Legislativo con relación al Pacto de Austeridad, Racionalidad y Transparencia.

“Creemos que la implementación de la segunda vuelta para la elección de gobernador nos pondría de frente a un retroceso a dicho pacto”.

Dudas constitucionales

Hay posturas que discrepan de la de los impulsores de la segunda vuelta en Jalisco, y que señalan que su implementación habría requerido antes de una reforma a la Constitución federal.

Sin embargo, ese riesgo de inconstitucionalidad que los diputados no quisieron correr con la segunda vuelta, sí lo asumieron con la reducción del financiamiento a partidos, que aprobaron pese a que la Corte ya ha rechazado reformas muy similares (acción de inconstitucionalidad 5/2015, Hidalgo).

Empero, la rentabilidad mediática de bajar los fondos a partidos, aun sabiendo de sus pocas probabilidades en la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la ofrece la segunda vuelta.

El consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Mario Ramos González, considera que la segunda vuelta en Jalisco, si bien pudo aprobarse, habría sido presa fácil de una impugnación ante la Corte.

“Sí requería una reforma a la Constitución federal pero en este caso no se ha aprobado, se ha discutido mucho en el país, se han externado las bondades y los temores de algunos actores políticos que no se han decidido a dar este paso. Para el caso de las legislaturas estatales requeriría la modificación a la Constitución federal”. 

Tanto Kumamoto como los panistas buscaban reformar la Constitución local. Aquel en el artículo 11, para decir que la elección del “Ejecutivo se funda en el principio de mayoría absoluta”, por lo que el ganador “deberá de contar con el 50 por ciento más uno de los votos totales; en caso contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor número de votos…”.

Los panistas proponían un contenido similar en una fracción VI del artículo 37: “Si ningún candidato obtuviere más de la mitad de los votos en la elección ordinaria, se realizará una segunda elección extraordinaria”.

Sin cambios

Los diputados descartaron la posibilidad de implementar la segunda vuelta:

>> 801.7

Millones de pesos el costo de la elección de gobernador en el 2012 en Jalisco

>> 25

Por ciento estimado extra para una segunda vuelta, considerando el gasto en 2012

>> 2

Propuestas en el Congreso local planteaban la segunda vuelta para elegir gobernador

>> 46.2

Por ciento de la votación válida en el 2000 fue para el panista Francisco Ramírez Acuña

Lo austero

Aunque el argumento central de los legisladores para descartar la segunda vuelta fue económico, en realidad, resulta posible su aplicación de forma austera, señala el consejero del IEPC, Mario Ramos González.

Los diputados rechazaron la medida sin siquiera haber elaborado una estimación rigurosa del gasto que implicaba, si bien apuntan en el dictamen citado que: “el costo de la elección del titular del Ejecutivo en el 2012 fue de 801.7 millones de pesos”.

Si se toma como base ese monto, el consejero estima que una segunda vuelta en Jalisco podría requerir extra “un 20 ó 25 por ciento cuando mucho”. La clave está en que el intervalo entre la primera y la segunda votación sea corto, para no duplicar gastos:

“Sería una cantidad mínima, a menos que se aprobara que va a ser en dos meses, que de nuevo entremos a campaña; se podría hacer desde la legislación algo que pudiera ser económico, austero, que no obligara al IEPC a hacer de nuevo una insaculación de nuevos funcionarios de mesas directiva de casillas, nuevos capacitadores”.

La propuesta de Kumamoto consideraba la segunda vuelta a más tardar 30 días después de que se determinara su realización; los panistas previeron la votación ordinaria el primer domingo de junio, y la segunda, el segundo domingo de agosto.

Los diputados terminaron pasando la bola a la cancha del Instituto Nacional Electoral (INE).

Es su atribución, dijeron, realizar los procesos electorales federales y locales, así que “estas comisiones proponen trabajar de manera conjunta con el INE para proponer la viabilidad de la implementación de la segunda vuelta y esta se pueda realizar en los comicios del 2024”.

Empero, el consejero advierte que un gobernador que ronde el 30 por ciento de la votación “representa el 15 por ciento de los electores” del padrón, por lo que la segunda vuelta “incrementaría el apoyo y la oportunidad de que tuviera más legitimidad”.