El Congreso local incumplió con el ordenamiento judicial que avala restituir a Ángel Mario García Guerra como magistrado

Congreso incumple restitución de Ministro

El Congreso de Nuevo León incumplió con la exigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de restituir a Ángel Mario García Guerra como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, lo que dividió a diputados y al director jurídico del órgano legislativo

El Congreso local incumplió con el ordenamiento judicial que avala restituir a Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, tras no ejecutar una exigencia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.

La contestación, en poder de Reporte Índigo, exhibe una inejecución de la sentencia 55/2019 por parte del Congreso local, derivada de una ejecutoria de amparo de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena restituir al magistrado.

“Se tiene por recibida la anterior información, misma que se estima no colma a cabalidad la exigencia contenida en el requerimiento formulado por este juzgado de Distrito”, dice el documento del juzgado.

El director jurídico del Poder Legislativo, Luis Alberto García Alcántar, emitió un oficio donde señala que dará cumplimiento a la resolución hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero de 2020

“La legislatura local parte de una premisa equivocada, al considerar que tanto este juzgador como la SCJN, dispusieron como fecha para que emita su resolución hasta el siguiente periodo “ordinario” de sesiones” dice el documento.

En éste se explica al Congreso que por siguiente periodo de sesiones se entiende el más próximo, cercano o incluso, el actual, en un plazo de 15 días.

Es decir, los diputados tendrán que cumplir con la ejecutoria antes del 20 de diciembre, fecha en la que culmina el primer periodo ordinario del segundo año legislativo. De manera que el equipo jurídico de García Guerra podría interponer una denuncia penal contra el director jurídico o quien resulte responsable.

“Máxime cuando el delegado (director jurídico) de la autoridad responsable no expone razonamiento alguno con el cual justifique el por qué se fijó como fecha para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo el siguiente periodo “ordinario” de sesiones”, señala el juzgado.

Este tribunal jurídico menciona que el oficio sin número emitido por García Alcántar se integrará a los antecedentes para los efectos legales conducentes.

Desde el 17 de octubre del 2017, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acordaron no acatar la ratificación de que García Guerra fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado un periodo de 10 años, por lo que promovió un amparo el 26 de diciembre de ese año.

El 18 de octubre de 2018, la Comisión de Justicia del Congreso local, a cargo de Álvaro Ibarra, aprobó que no debía ratificarse a García Guerra en el cargo. No obstante, el exmagistrado obtuvo de la SCJN un recurso de incidencia por el juicio de amparo indirecto 1044/2017, que otorga su restitución pero que el Congreso todavía no cumple.

Reclaman ilegalidad en el Congreso

El diputado Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano, indicó que el director jurídico del Congreso, Luis Alberto García Alcántar, remitió el escrito sin darles informes.

Deseo expresar mi total inconformidad con la manera en la que contestó el delegado autorizado de este Congreso, sin consultar a los diputados que integramos este poder legislativo, o al menos a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno
Luis Donaldo ColosioDiputado de Movimiento Ciudadano

En entrevista con Reporte Índigo, el diputado acusa que García Alcántar se tomó atribuciones que no le corresponden.

“Es por eso me manifesté a nombre toda la fracción en contra de las actuaciones que ha hecho el Congreso, en especial las últimas que ha hecho a través del director jurídico”, dice.

El legislador emecista asegura que no será comparsa de una ilegalidad en el caso de Ángel Mario García Guerra.

“Yo no quiero ser comparsa de una ilegalidad por desacato, entonces, nosotros tenemos esa obligación de acatar la orden judicial, restituir al magistrado y respetar la postura de la Corte. Yo tengo la obligación tanto como diputado, como coordinador de bancada, de acatar la legalidad”, menciona.

A partir del análisis que ha realizado su bancada, Colosio Riojas considera que no existió razón válida para que la pasada legislatura del Congreso negara la ratificación.

“Han sido dos años de recursos, el Congreso ha perdido todas y cada una de las instancias, ya tenemos incluso apercibimiento de la Suprema Corte de la Nación de que debemos hacer caso y tenemos restituir al magistrado. Analizando todo el expediente, y esto data desde la legislatura anterior, nos dimos cuenta que viene viciado todo el tema, no hay una razón válida como para que la legislatura anterior negará la ratificación al magistrado”, explica Colosio.

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