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AGENDALEGISLATIVA

Se van de vacaciones… ¿sin pendientes?

Imelda García

Diputados y senadores ya están de vacaciones de Semana Santa y todos muy lejos de los múltiples pendientes que dejan en el Congreso de la Unión.

Desde la discusión por el nombramiento del fiscal anticorrupción, en el Senado, hasta el debate por la Ley de Seguridad Interior y la reforma policial, en la Cámara de Diputados, los congresistas regresarán de su asueto para enfrentar una de las agendas más complicadas de los últimos años.


Abr 9, 2017
Lectura 6 min
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El periodo ordinario de sesiones cierra el 30 de abril, por lo que diputados y senadores apenas tendrán dos semanas para sacar adelante los temas que han tratado en esta Legislatura

Entre los pendientes que dejaron los diputados está la aprobación de la Ley Contra los Delitos de Tortura y la despenalización de la mariguana

Diputados y senadores ya están de vacaciones de Semana Santa y todos muy lejos de los múltiples pendientes que dejan en el Congreso de la Unión.

Desde la discusión por el nombramiento del fiscal anticorrupción, en el Senado, hasta el debate por la Ley de Seguridad Interior y la reforma policial, en la Cámara de Diputados, los congresistas regresarán de su asueto para enfrentar una de las agendas más complicadas de los últimos años.

Y tendrán pocos días para resolver sus pendientes. El periodo ordinario de sesiones cierra el 30 de abril, por lo que tendrán apenas dos semanas para sacar adelante los temas más espinosos que han tratado en esta Legislatura.

Será el último periodo de sesiones previo a comenzar la carrera electoral del 2018. Y es conocido que una vez ya sumergidos en el proceso de sucesión presidencial, el apoyo para lograr aprobar alguna legislación se vende muy caro.

La falta de consenso en ciertos temas complicará reformas que están pendientes en las Cámaras desde hace meses o hasta años.

Temas polémicos como la despenalización del consumo medicinal de la mariguana o la ley contra la desaparición podrían irse a la congeladora y, quizá, ser tratados hasta que entre la nueva legislatura, en el 2018.

Una vez concluido el actual periodo de sesiones, el 30 de abril, el siguiente vuelve a abrirse hasta el 1 de septiembre. Así que, a menos que sea una situación urgente que amerite convocar a un periodo extraordinario, de no concretarse estos pendientes, la espera para resolver algunos temas cruciales de la agenda nacional será –por lo menos- de varios meses.

Asuntos complicados

La Cámara alta tiene en su tintero algunas de las decisiones más importantes impulsadas desde la sociedad civil.

El pendiente más urgente que enfrentarán los senadores a partir de la próxima semana será la decisión sobre la Fiscalía General de la República y la elección del fiscal anticorrupción.

Mientras los senadores del PRI insisten en que ya se debe elegir al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, los partidos de Oposición –especialmente el PAN- buscan que primero se reforme el marco jurídico de la Fiscalía General de la República para garantizar su autonomía.

Para esto, piden, debe evitarse el paso automático del actual procurador general, el priista Raúl Cervantes, a la Fiscalía General y que permanezca ahí por un periodo de nueve años.

Si eso se concreta, acusan, la Fiscalía terminaría siendo un brazo del Ejecutivo federal y podría ser un paso hacia la no persecución e impunidad de su grupo político.

El fiscal anticorrupción dependerá de la Fiscalía General, por lo que la Oposición busca primero reformar el marco legal de ésta y luego realizar el nombramiento del primero.

Los senadores también tienen pendiente la aprobación de la Ley sobre Desaparición, que castigará la desaparición forzada y la cometida por particulares.

En este tema, la sociedad civil ha presionado para que la legislación se apruebe a la brevedad y se dé prioridad a la búsqueda de las personas desaparecidas.

El Senado también tiene pendiente la discusión por la Ley de Archivos, que reglamenta la obligación constitucional de todas las dependencias de documentar y conservar sus archivos.

Tareas polémicas

En la agenda de la Cámara de Diputados están algunos de los temas más polémicos que se discuten hoy día en el Congreso de la Unión.

El más trascendental es la discusión de la Ley de Seguridad Interior, un ordenamiento jurídico que busca regular las labores de las Fuerzas Armadas, que llevan ya 10 años en tareas de seguridad pública.

Los legisladores se debaten entre la presión del Ejército y la Marina que piden un marco jurídico que proteja su actuación, y las organizaciones de la sociedad civil y activistas que han pedido que se saque a las Fuerzas Armadas de las calles y se les sustituya paulatinamente por fuerzas civiles.

Mientras el PRI presume de tener un dictamen ya terminado –al que solo le falta la negociación política en búsqueda de consensos-, los partidos de izquierda se han pronunciado en contra de la propuesta.

Más de 140 organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra han pedido audiencia con la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja para exponer sus argumentos contra la Ley. No les ha sido otorgada una cita.

Junto a la discusión de la Ley de Seguridad Interior se debate la minuta del mando mixto policial, que ya fue aprobado por el Senado, pero al que falta el visto bueno de los diputados.

Mediante esta legislación que impulsa el nuevo modelo policial del país se pretende fortalecer a los cuerpos civiles de seguridad para un retiro paulatino de los elementos castrenses.

Además de estas dos leyes, los diputados dejaron pendiente la aprobación de la Ley contra los delitos de Tortura.

Quedó pendiente también la aprobación de la reforma a la Ley de Aviación Civil, que impone un esquema de compensación para los clientes de las aerolíneas que sufran por el retraso en un vuelo, el daño de su equipaje o la sobreventa de boletos.

Otro de los polémicos pendientes que deberán –idealmente- resolver los diputados antes del 30 de abril es la despenalización de la mariguana con fines medicinales y terapéuticos.

Esta reforma despenalizará el cultivo de la cannabis, además de su producción, transporte y consumo con fines médicos. Además, permite que se importen medicamentos con base de tetrahidrocannabidol.

Ésta ya fue aprobada por el pleno del Senado a fines de 2016, pero los diputados prefirieron esperar hasta este año para tener más tiempo de análisis.


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