Congreso de NL a cargo de designación de magistrados del TJA

Congreso acapara nombramientos para el TJA

Con la propuesta que hicieron colegios de abogados para que el Poder Ejecutivo no intervenga en la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los diputados podrían hacer nombramientos, lo que tampoco ayudaría en la autonomía de este órgano

El Congreso local podría extender sus atribuciones a través de reformas legislativas para intervenir en nombramientos Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en Nuevo León.

Diputados se han manifestado a favor de una iniciativa de reforma a varios artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios, promovida por la Conferencia Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados.

La propuesta contempla la posibilidad de que el Poder Legislativo elija directamente a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) luego de emitir una convocatoria y que, además, este órgano cuente con recursos propios para garantizar su independencia.

Marco Antonio Rodríguez Barrientos fue propuesto por el gobernador Jaime Rodríguez para ser magistrado del TJA

“Instituir mediante las leyes que expida, al Tribunal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, funcional, presupuestaria y con plena jurisdicción para dictar fallos. Designar, por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura a los magistrados de la Sala Superior y la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado”, dice el documento.

En marzo del año pasado, el Congreso local se autorizó atribuciones en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde eligió a los titulares de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Se trata de Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general; Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción, y el fiscal de delitos electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon. Sin embargo, su autonomía es cuestionable porque los dos primeros están ligados a los exgobernadores priistas, Natividad González Parás y Rodrigo Medina.

Abogados piden autonomía de TJA del Ejecutivo

Mediante una iniciativa de reforma al artículo 63 colegios de abogados propusieron quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los magistrados del TJA.

“Elegir al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y conocer, para su aprobación, de las propuestas que sobre los cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, le presente el Titular del Poder Ejecutivo”, dice la Constitución respecto a lo que le corresponde al Congreso actualmente.

El planteamiento de que este órgano tenga personalidad jurídica y patrimonio propio para ejercer recursos de forma directa le permitiría desvincularse del Gobierno estatal.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que sería importante que el TJA tuviera autonomía como el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pero no mencionó la independencia del Poder Legislativo.

Yo creo que puede ser un avance, hay que ver las ventajas y desventajas de ese tema. La autonomía de los poderes es muy importante, como se ha logrado la autonomía del Poder Judicial y así lo pudiéramos tener en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero hay que ver el proyecto a detalle
Carlos de la FuenteCoordinador del PAN

Más nombramientos ligados a partidos

Diputados del Congreso local también ejercieron atribuciones para elegir a los integrantes del Comité de Selección, órgano que finalmente decidió quiénes integraron el Comité de Participación Ciudadana, eje central del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

En noviembre de 2017, el Poder Legislativo designó a nueve ciudadanos para conformar el comité, a través del voto de cada diputado.

Sin embargo, muchos de ellos están ligados a legisladores. Por ejemplo, Salvadora Peña Warden, propuesta por el Consorcio Educativo Internacional Warden.

Ella sostiene vínculos con Yanira Gómez, expresidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado en la pasada legislatura; Mercedes Catalina García Mancillas, legisladora del Distrito 10 de mayoría relativa, y el diputado Daniel Carrillo, también de mayoría relativa del Distrito 11.

Estos legisladores son parte del Grupo San Nicolás, cuyo líder es Zeferino Salgado, quien impulsó a Peña Warden para pertenecer a este Comité.

Organizaciones civiles cuestionaron la conformación del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, pues consideraron que los criterios fueron muy laxos, sin una transparencia extrema como se prometió y con personajes ligados a partidos políticos.

También el Poder Legislativo tiene pendiente elegir a los directores o funcionarios en Movilidad y Desarrollo urbano y una reforma al artículo 23 de la Constitución local.

En el TJA hay una vacante que dejó al fallecer la magistrada Aurora Gámez

Esta última reforma, que fue aprobada en primera vuelta en diciembre del año pasado, creará la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Desarrollo Regional y el Fondo para el Desarrollo Metropolitano y Regional, cuyos titulares serán nombrados por los legisladores.

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