El Congreso de la capital incurrió en un presunto conflicto de interés en el 2019 al contratar una empresa representada legalmente por un militante del Partido Acción Nacional (PAN), misma situación en la que la Asamblea Legislativa ya había incurrido un año antes.

Pegaso Magno S.A. de C.V., que representa un militante del Partido Acción Nacional (PAN), obtuvo un contrato por más de 50 mil pesos en 2019 a pesar de su vínculo con la fuerza política; y de que en 2018 ya le habían otorgado uno por 250 mil pesos.

El 8 de enero de 2019, Reporte Índigo informó que el representante legal de la empresa es Guillermo Cerda Guillén, según el padrón de proveedores.

Cerda Guillén, de acuerdo con el Registro Nacional de Militantes (RNM) del PAN, es parte de esta institución política.

El primer contrato fue firmado en febrero de 2018 por adjudicación directa para el “Mantenimiento correctivo de los equipos 1 y 2 del aire acondicionado ubicados en el recinto legislativo y al equipo instalado en el Auditorio Benito Juárez ubicado en el inmueble de Plaza de la Constitución Número 7”.

La Contraloría del Congreso de la Ciudad de México, que está a cargo de un militante del PAN, Jorge Real Sánchez, no ha investigado ninguno de los dos documentos aún cuando hay un posible conflicto de interés en ellos.


Fuentes al interior del órgano parlamentario aseguran que Acción Nacional cae en un conflicto de interés porque uno de sus afiliados obtuvo un contrato por parte del Congreso, donde el blanquiazul es la segunda fuerza política y porque el contralor es del mismo partido

La Contraloría General capitalina señala que dicha práctica ocurre cuando el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de una persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial de sus funciones.

Y el convenio modificatorio OM/DGAJ/DCVO/VIIL/1-31BIS 2/ III-05/19, señala que la primera Legislatura del Congreso le otorgó un prórroga a Pegaso Magno S.A de C.V. en enero de 2019 sin importar lo mencionado.

Cabe señalar que la nueva figura del Poder Legislativo local comenzó sus funciones en septiembre de 2018 junto con la entrada en vigor de la nueva Constitución de la capital.

El convenio, obtenido a través de la solicitud de información realizada al Congreso por el sistema InfomexDF con número de folio 5003000008220, indica que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la prórroga del contrato por medio del oficio CCMX/JUCOPO/043/2018.

Es de destacar que el documento de prórroga no se puede hallar en el POT del Congreso en el Artículo 121, Fracción XXX referente a los procesos de adjudicación directa, licitación pública o invitación restringida a al menos tres proveedores. Tampoco está disponible en la PNT

Convenio con adhesiones

Como fundamento legal, en el apartado de Antecedentes del convenio modificatorio aparece que de acuerdo con la cláusula 12 del contrato original, el Congreso podía volver a adquirir los servicios de la empresa siempre y cuando no rebasara el 25 por ciento del monto original y la compañía pagara la garantía de cumplimiento.

Sin embargo, según el oficio interno de la Oficialía Mayor con folio DGA/IL/1552/2019, en poder de Reporte Índigo, hasta el 27 de mayo de 2019, Pegaso Magno S.A de C.V. no cubrió el requisito.

Lo anterior, aún cuando el convenio se firmó el 7 de enero de 2019 y su vigencia terminó el 28 de febrero del mismo año.

Esto significa que dos meses después de que se concretara el acuerdo, la empresa no había entregado la fianza de cumplimiento.

Por otra parte, en las Declaraciones del legislativo en el oficio, tampoco se menciona la razón por la cual se otorgó la prórroga a Pegaso Magno.

Por los servicios de mantenimiento al aire acondicionado del Auditorio Benito Juárez, de enero a febrero de 2019, se pagaron 54 mil pesos.


En total, durante 2018 y 2019, la empresa Pegaso Magno obtuvo contratos por 300 mil pesos por los servicios de mantenimiento al aire acondicionado del Auditorio Benito Juárez

El convenio, por parte del Congreso, fue validado por el tesorero, Armando López Fernández; la directora general de Asuntos Jurídicos, Consuelo Rodríguez Aceves; el Oficial Mayor, Javier González Garza; la directora general de Administración, Tania Gabriela Montero Ruiz; y Xóchitl Bravo Espinosa, directora general de servicios.

Los nexos del presunto conflicto de interés

El primer contrato a Pegaso Magno S.A. de C.V. fue otorgado en febrero de 2018, cuando Andrés Sánchez Miranda era el contralor de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa y Lucía Juárez Ramírez era directora de quejas de la Subcontraloría.

Sánchez Miranda es militante de Acción Nacional y fue diputado local por el mismo partido, mientras que Juárez Ramírez se desempeñó como asesora técnica del PAN en el poder legislativo de 2012 a 2015.

Fuentes del Congreso indican que su nexo partidista fue el que ayudó a que Pegaso Magno S.A. de C. V. de Guillermo Cerda Guillén, también panista, fuera añadida al padrón de proveedores de 2018 y pudiera obtener el contrato original en febrero de ese año por 250 mil pesos.

Los testimonios, que prefieren el anonimato por seguridad, mencionan que el vínculo que Juárez Ramírez tiene con el actual contralor, Jorge Real Sánchez, es lo que evita una investigación al respecto del caso.

Ambos panistas son fundadores de la asociación civil “Plan de Ayuda Real”, de acuerdo con el acta constitutiva a la que tuvo acceso este medio.

La organización civil fue conformada por Juárez Ramírez y Real Sánchez en septiembre de 2011 y registrada con el número de folio 110926091049.

El 8 de enero pasado, Reporte Índigo publicó que pese a caer en un probable conflicto de interés, la Contraloría no ha abierto ninguna investigación.

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