Comunidad LGBTTTI vulnerable en prisiones
Las personas de la diversidad sexual privadas de su libertad son de las más agredidas entre la población que se encuentra en centros de reclusión en el país, la CNDH entregó al Congreso de la Unión un protocolo para que se garantice la protección de sus derechos
Imelda GarcíaLas personas de la diversidad sexual pueden contarse entre las que sufren más por la violación a sus derechos humanos en el sistema carcelario del país.
Para revertir esa situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió al Congreso de la Unión un protocolo para que las autoridades mexicanas delineen políticas de protección para las personas de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales).
De acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, al mes de agosto del 2018 había 202 mil 745 personas privadas de la libertad. De ellas, 192 mil 225 son hombres y 10 mil 520 son mujeres. El uno por ciento pertenece a la población LGBTTTI.
La CNDH recomendó que los centros penitenciarios adopten un protocolo para atender las necesidades específicas de esta población, mejorando las condiciones de internamiento para garantizar el acceso igualitario a las actividades al interior de estos lugares de reclusión.
696
En su Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, la CNDH documentó que en los últimos 10 años se abrieron 696 expedientes de agravios a personas de la comunidad de la diversidad sexual; de esas casi 700 agresiones, 162 fueron homicidios.
Las personas privadas de su libertad viven “en condiciones muchas veces de exclusión por causa de sus preferencias sexuales, condiciones de identidad de género”, señala la Comisión, por lo que se deben evitar condiciones inadecuadas para ellos y velar por su integridad.
Falta de derechos
La comunidad LGBTTTI es uno de los grupos más vulnerables en el país. Así lo ha dejado claro no solo la CNDH, sino diversos organismos públicos nacionales e internacionales, que han alertado sobre la precaria situación del ejercicio de los derechos humanos por parte de sus miembros.
Uno de los organismos que ha hecho hincapié en los obstáculos para el ejercicio de derechos de la comunidad de la diversidad sexual es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que publicó una investigación sobre “Atención de personas LGBT en México”.
“Las personas LGBT suelen ser víctimas de discriminaciones múltiples cuando además de su orientación sexual e identidad de género diversas se conjugan con otras características físicas, etarias, culturales, sociales, étnicas o económicas, entre otras”, expone el documento de la Comisión Ejecutiva.
162
Las condiciones de discriminación y maltrato se dan en varios contextos. Uno de ellos es el de quienes están privados de su libertad.
“Se cuenta con evidencia de que personas LGBT privadas de su libertad en cárceles, celdas, estaciones de policía y centros de detención de migrantes, son víctimas de actos de violencia y discriminación múltiple. Enfrentan mayor riesgo de violencia a manos de otras personas privadas de libertad y de las personas encargadas de su custodia.
“Asimismo están expuestas a mayor riesgo de ser víctimas de múltiples agresiones sexuales. Igualmente se observa el uso del aislamiento como medida de protección de personas LGBT. Estas violaciones suelen ser más graves cuando se trata de mujeres trans privadas de su libertad en cárceles de hombres”, expone el informe de la CEAV.
De los 696 expedientes abiertos por la CNDH, la mayor parte correspondió a hombres homosexuales; y entre las recomendaciones que se hicieron se refirió que hubo detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, robo, extorsión, allanamiento de morada y uso excesivo de la fuerza pública, siendo los principales actores:
“Cuerpos de seguridad, particularmente los del ámbito estatal y municipal: detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, robo, extorsión, allanamiento de morada y uso excesivo de la fuerza pública. Autoridades de los centros de reclusión: negar la ubicación de personas privadas de su libertad en zonas para homosexuales que lo solicitan, maltrato por el personal de custodia, deficiente atención médica y agresión física por parte de otros internos.
“Agencias del Ministerio Público: trato despótico, la discriminación, las irregularidades en la integración de las averiguaciones previas, así como la falta de investigación o deficiente integración, y el negarse a iniciar una averiguación por algún delito denunciado (…) Igualmente fueron mencionadas las autoridades educativas por actos de discriminación contra estudiantes y docentes”, expone el documento.
Medidas urgentes
La CNDH ha solicitado a las autoridades tomar diversas medidas para la atención de la población de la diversidad sexual en las cárceles.
La primera de ellas es sensibilizar al personal que labora en las prisiones respecto a los derechos de las diferentes poblaciones que conviven en una cárcel, para impedir la violación de sus derechos, especialmente en el caso de las poblaciones más vulnerables, como las LGBTTTI.
Otra recomendación es que se faciliten los mecanismos para que, al ingreso, las personas puedan hablar abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género; y proveer de condiciones de alojamiento, seguridad y protección de acuerdo a sus necesidades específicas.
Para fomentar una vida libre de violencia contra la comunidad de la diversidad sexual, la CNDH recomendó que haya campañas y pláticas en las que se hable de los derechos humanos de esta población, para sensibilizar a quienes conviven a diario
Además, la Comisión señaló que se deben armonizar los reglamentos de las cárceles con la Ley Nacional de Ejecución Penal y los estándares internacionales de derechos humanos dedicados a la protección de los derechos de las minorías sexuales.
Se recomienda además fortalecer los programas de visitas familiares e íntimas para la población LGBTTTI y también proporcionar atención médica y medicamentos de acuerdo a las necesidades de las personas privadas de su libertad.
Todas estas medidas deben ir acompañadas de la creación de protocolos de actuación de los servidores públicos que trabajan en los centros de reclusión social.
Aunado a todo ello, la CNDH recomendó que se establecieran penas “para el personal que atiende a esta población y que está bajo su resguardo al discriminarla por razones de sexo o género entre otras causas, colocándola en condiciones de mayor vulnerabilidad y violando sus derechos humanos e incluso realizando conductas delictivas en su agravio incumpliendo su obligación como garante de sus derechos”, expone la recomendación.
