Impunidad y muerte
En México, ni la operación del mecanismo de protección a periodistas ni la designación de un fiscal especial para la persecución de delitos contra la prensa han sido suficientes para otorgar garantías de seguridad a los comunicadores, atrapados “en un ciclo letal de violencia e impunidad”.
J. Jesús Lemus“Ejercer el periodismo en México significa aprender a vivir con la impunidad. Con la que se investiga y se reporta, y con la que se padece en carne propia”
Veracruz es la entidad con más impunidad, con 11 casos sin esclarecer los motivos de los asesinatos de periodistas
En México, ni la operación del mecanismo de protección a periodistas ni la designación de un fiscal especial para la persecución de delitos contra la prensa han sido suficientes para otorgar garantías de seguridad a los comunicadores, atrapados “en un ciclo letal de violencia e impunidad”.
Lo anterior lo establece el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) en el informe “Sin Excusa: México Debe Quebrar el Ciclo de Impunidad en Asesinatos de Periodistas”, presentado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, en donde se revela que el país ocupa el sexto lugar de impunidad a nivel mundial.
La inseguridad para los periodistas se acrecienta a causa de la impunidad, la que es calificada como “endémica” y es la que “permite a los grupos criminales, los funcionarios corruptos y los cárteles de la droga silenciar a sus críticos”.
De enero del 2010 al 15 de abril del 2017, detalla el informe, al menos 28 asesinatos de periodistas no solo no han sido esclarecidos y detenidos los autores, sino que ni siquiera se ha podido establecer los motivos de dichos asesinatos.
Veracruz es la entidad que más impunidad registra, con 11 casos sin esclarecer los motivos de los asesinatos de periodistas; en Guerrero son seis los homicidios de comunicadores sin causas claras. En Chihuahua y Sinaloa hay dos casos en cada uno.
Intento infructuoso
La organización revela que a pesar de los intentos del Gobierno federal por combatir este ciclo de colusión entre funcionarios corruptos, crimen organizado y cárteles de las drogas que silencian a sus críticos, “la justicia sigue ausente y la impunidad es la norma”.
Pone en contexto el caso de Veracruz donde “la violencia es particularmente grave”, pues “los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa”, lo que hace que esta entidad sea considerada la más peligrosa de México para el ejercicio del periodismo.
El informe del CPJ indica que, de enero de 1992 al 15 de abril del 2017, han sido 40 los periodistas asesinados, de los que 37 fueron ejecutados a causa de su trabajo; otros 13 periodistas están desaparecidos, y las investigaciones, estancadas.
Revela que el 86 por ciento de las investigaciones no registra avance que permita la identificación y detención de los autores de esos crímenes.
Con sus propios recursos, la organización con sede en Nueva York ha asumido la investigación de 50 casos de atentados a periodistas, para determinar si su labor fue la causa de la agresión.
En el 63 por ciento de todos los atentados se estima que miembros del crimen organizado tuvieron alguna participación.
Silenciados
El Informe del Comité de Protección a Periodistas detalla cifras dramáticas de hechos comprendidos entre enero de 1992 al 15 de abril del 2017 en México:
40
Periodistas asesinados; es el sexto país más peligroso para ejercer esa profesión
37
Comunicadores ejecutados a causa de su trabajo
13
Periodistas están desaparecidos
50
Casos de atentados investiga el CPJ con sus propios recursos
Crímenes sin justicia
México, dice el informe del CPJ, es uno de los países en donde “asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes continúan impunes. El sistema parece estar corrompido de fondo, es eso o simplemente que arrastra una incapacidad sistemática en la procuración de justicia”.
La impunidad sobre los asesinatos de periodistas no sólo proviene del Estado, algunas organizaciones defensoras de los derechos de periodistas contribuyen al no reconocer como comunicadores a algunos ejecutados, lo que le resta presión a la autoridad.
Destacan los asesinatos de Erik Bolio López, en Puebla, y Filiberto Álvarez Landeros, en Morelos, cuyas ejecuciones, ocurridas después del cierre del informe del CPJ, no fueron reconocidas como agravios a periodistas por parte de ninguna organización.
Ambos fueron asesinados el pasado sábado 29 de abril. Erik Bolio López murió en la ciudad de Puebla en un aparente asalto al transporte público en el que viajaba, mientras que a Filiberto Álvarez Landeros lo ultimaron en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos.
Bolio López, de 23 años de edad, trabajaba como productor en la estación de Internet “México Prioridad”, y también fue colaborador de la revista electrónica “Tierra Baldía” que dirige la periodista y defensora del medio ambiente Pame Tajonar, quien escribió, a manera de reclamo: “el asesinato de Erik es una tragedia, una injusticia, no existen las palabras para sanar un dolor así”.
Por su parte, Filiberto Álvarez Landeros, de 65 años de edad, conducía el programa de radio “Poemas y Cantares” en la estación “La Señal de Jojutla”; tras ser asesinado al salir de la estación de radio fue desconocido como comunicador por parte de la autoridad local, al igual que lo hicieron integrantes de organizaciones gremiales de Morelos.
Los más agredidos
El informe del CPJ señala que el 95 por ciento de los periodistas asesinados a causa de su labor informativa son comunicadores locales.
Este sector es el que se encuentra más endeble por la proximidad que mantiene con sus propios agresores, a veces funcionarios corruptos, a veces integrantes de las células criminales que operan en la zona donde se desempeñan los periodistas.
“Ejercer el periodismo en México significa aprender a vivir con la impunidad. Con la que se investiga y se reporta, y con la que se padece en carne propia. El mensajero termina siendo víctima de su oficio a manos de impunes gobernantes, comandantes de la policía, criminales comunes y narcotraficantes. No hay castigo para ninguno de ellos”, explica la periodista Adela Navarro Bello en la introducción del informe del CPJ.
Hacer periodismo de investigación en temas de corrupción en las corporaciones policíacas -sigue la periodista del semanario Zeta- es enfrentarse a la amenaza cuando la autocensura no tiene cabida.
