Vicios electorales

Apesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, las viejas prácticas electorales ventajistas e ilegales, características de cada proceso, siguen arraigadas en gran parte del país.

Turismo electoral, compra y coacción del voto, condicionamiento de los programas sociales y usurpación de identidad, son los principales delitos que se siguen cometiendo sin que en los últimos años se haya generado un retroceso estadístico.

Apesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, las viejas prácticas electorales ventajistas e ilegales, características de cada proceso, siguen arraigadas en gran parte del país.

Turismo electoral, compra y coacción del voto, condicionamiento de los programas sociales y usurpación de identidad, son los principales delitos que se siguen cometiendo sin que en los últimos años se haya generado un retroceso estadístico.

Gran parte de los delitos electorales que son denunciados no prosperan, pues quienes denuncian no aportan datos complementarios o ya no le dan seguimiento.

En el actual proceso electoral 2016-2017, Veracruz encabeza la lista de estados con mayor incidencia de delitos electorales, con más de 300 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Es en esta entidad, en donde se renovarán 212 Alcaldías, donde saltó a la luz pública el caso de la diputada local de Morena, Eva Cadena, exhibida recibiendo dinero supuestamente para la campaña electoral.

La Fepade atrajo el caso y solicitó al Congreso de la Unión iniciar un juicio de procedencia en contra de la legisladora local y excandidata a la Alcaldía de Las Choapas, Veracruz, para que enfrente las acusaciones en su contra.

Este y otros casos documentados por la Fiscalía Electoral en los últimos meses exhiben el arraigo que persiste en el país de las recurrentes prácticas de operadores políticos que se saltan la ley buscando un beneficio electoral.

Mayo, plagado de denuncias

Otro caso que retrata esta realidad es el de Marco Antonio, un estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM quien acudió a actualizar los datos de su credencial de elector y para su sorpresa fue informado que se había hecho ya un trámite de cambio de domicilio con sus datos a uno nuevo en el Estado de México.

También está el caso de una vocal del programa Prospera de Tapachula, Chiapas, quien amenazó a diversas beneficiarias del programa en 2015 de darlas de baja si no votaban por el candidato que ella apoyaba; recientemente recibió la sentencia condenatoria.

A pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y de la Fepade para intentar erradicar las prácticas de la compra y coacción del voto -los principales delitos que se denuncian durante los procesos electorales- la realidad es que son acciones recurrentes y vigentes.

Más allá de los datos duros de denuncia, muchas veces los actos delictivos en materia electoral no son denunciados, ya sea por desconocimiento, complicidad e incluso desinterés, por lo que el problema podría ser aún más grande de lo que dicen las cifras.

Denuncias se acumulan

Reporte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade):

>> 4

Estados de la república donde habrá jornada electoral este año

>> 1,500

Denuncias por delitos electorales ha recibido la Fepade de 2016 a la fecha

>> 2,296

Expedientes abiertos en las entidades donde habrá elecciones en 2017

En campaña

La Fepade reporta los expedientes por delitos electorales de acuerdo a su estatus, de averiguación previa (A.P) o carpeta de investigación (C.I.)

Estado                        Exp.                A.P.       C.I.

Veracruz                      328               266         62

Edo. de México           215               10           205

Coahuila                       43                1             42

Nayarit                          21                 20           1

Fenómeno en cifras

El pasado martes 16 de mayo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, señaló que durante 2016 y lo que va de 2017 han recibido más de mil 500 denuncias.

Según las estadísticas publicadas por el organismo adscrito a la Procuraduría General de la República, desde el arranque del proceso electoral en septiembre de 2016 hasta el 14 mayo de 2017, se han abierto 2 mil 296 expedientes relacionados con delitos electorales en las cuatro entidades donde habrá elecciones.

De estos expedientes, 690 corresponden a averiguaciones previas y mil 606 a carpetas de investigación.

Veracruz es la entidad que acumula el mayor número de expedientes con 328, de los cuáles 266 son averiguaciones previas y 62 carpetas de investigación.

De los estados donde habrá comicios para gobernador (Coahuila, Estado de México y Nayarit), es el Estado de México el que acumula más expedientes, con un total de 215, de ellos, 10 corresponden a averiguaciones previas y 205 a carpetas de investigación.

En Coahuila, donde además de gobernador están en juego 16 diputaciones de mayoría relativa, 9 de representación proporcional y 38 alcaldías, la Fepade contabiliza 43 expedientes: 1 averiguación previa y 42 carpetas de investigación.

En Nayarit se renovarán la gubernatura, el Congreso local y 20 Ayuntamientos; ahí existen 21 expedientes, correspondientes a 20 carpetas de investigación y una averiguación previa.

En cuanto a la incidencia delictiva, Veracruz es la entidad con mayor proporción de delitos electorales por cada 100 mil habitantes, con 4; seguida de Nayarit con 1.8, Coahuila con 1.5, y el Estado de México con 1.3.

Uno de los fenómenos más preocupantes que arrojan las cifras es la alteración del registro federal de electores o el llamado turismo electoral, es decir, el que gente de otros estados llega a los municipios a registrarse para poder emitir su voto en las elecciones.

En el estado de Veracruz, la Fepade registra 273 denuncias por esta acción, mientras que en el Estado de México existen 145 hasta el 14 de mayo de 2017.

La compra de votos, las amenazas de suspensión o condicionamiento de los programas sociales o el destinar bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido político son otros de los delitos presentes en el balance estadístico, aunque con menor incidencia.

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