Cobertura de vacunación en riesgo por recorte al sector salud

Los recursos para el sector salud presentados por el Ejecutivo federal para 2023 en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación son insuficientes para resolver la crisis por la que atraviesa el país en esta materia, pues no solo no atiende los grandes problemas de México, sino que presenta graves recortes en vacunación, desarrollo para la infancia e infraestructura
Ernesto Santillán Ernesto Santillán Publicado el
Comparte esta nota

La salud y la vacunación no es una prioridad para el Gobierno federal. Así lo demuestra el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2023, en el que se proponen una serie de recortes que sin duda afectarán el bienestar de los mexicanos.

Una de las áreas donde más han llamado la atención los recortes es en la de vacunación, pues a pesar de que el porcentaje de cobertura ha registrado una pronunciada caída durante el año en curso, en el documento que se entregó al Legislativo, se anuncia una reducción de más de 16 mil millones de pesos, pasando de una asignación presupuestal de 30 mil millones de pesos en 2022 a una de 14 mil millones de pesos para el próximo año.

“En el caso del Programa de Vacunación del Ramo 12, el recorte está completamente fuera de la realidad que vive México: la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 ha puesto una alarma en el país al documentar que solamente el 27.5 por ciento de las niñas y niños de un año de edad tuvieron el esquema completo de vacunación, cuando hace una década superaba el 90 por ciento”, dice en entrevista para Reporte Índigo Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN e integrante de las comisiones de Salud y Seguridad Social.

El legislador también destaca que la cobertura de vacunación completa hasta los dos años en el país es solo del 31.1 por ciento.

“Totalmente un fracaso en términos de las coberturas históricas de vacunación en México, lo que han padecido las madres y padres que no encuentran los biológicos para los menores en las unidades médicas de todo el país es una tragedia”
Éctor Jaime Ramírez BarbaDiputado federal por el PAN e integrante de las comisiones de Salud y Seguridad Social

“¡Es un retroceso terrible que deja vulnerable a nuestras niñas y niños frente a enfermedades que son potencialmente mortales! ¡Y es más grave todavía que el Presupuesto de 2023 no atienda con recursos esta grave situación!”, critica el también médico cirujano.

Vacunación de infancia en el olvido

El diputado blanquiazul aclara que las alarmas por falta de recursos para el Ramo 12 sonaron también por la carencia de dinero para atender áreas destinadas al desarrollo de la infancia, como la reducción de 14 mil millones al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

“El desprecio por la infancia se convirtió en un rasgo característico del gobierno del presidente López Obrador y de Morena: en la Cámara de Diputados hay un intento por desaparecer tanto al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, como al Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de Cáncer en la Infancia y Adolescencia con el pretexto de la austeridad.

“La cobertura del Programa Nacional de Vacunación, en la cual CENSIA tiene un papel fundamental, está reducida a mínimos históricos, si desaparece, habrá menos oportunidades para revertir la caída en la vacunación de menores”, advierte.

Además, Éctor Jaime Ramírez Barba explica que CENSIA tiene a su cargo el programa de Acción Específico de Atención a la Salud de la Infancia y el programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, entre otros, por lo que “con ese recorte de 50 por ciento a sus recursos, dichos programas estarán en riesgo.

Golpe a infraestructura

La infraestructura en salud también se verá limitada para el próximo año de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se registró un golpe múltiple de 224 millones a los proyectos de inversión en salud, de 178 millones a Proyectos de infraestructura social de salud, de 5 millones a Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) y de 40 millones a Mantenimiento de infraestructura.

“Con este presupuesto seguirán incrementando las enfermedades y las muertes prematuras por falta de políticas públicas que las podrían prevenir, y esto va destinado a otro fracaso del rumbo a la ‘salud nórdica’ prometida.

“La mayoría de los programas a cargo de la Secretaría de Salud solo contempla asignaciones adicionales mínimas para el próximo año que, en muchos casos, ni siquiera compensan el aumento de los costos derivados de la inflación descontrolada que padece el país”.

La infraestructura en salud se verá limitada para el próximo año de aprobarse el PPEF, pues se registró un golpe múltiple de 224 millones a los proyectos de inversión en salud, de 178 millones a Proyectos de infraestructura social, de cinco millones a Proyectos de inmuebles y de 40 millones a Mantenimiento de infraestructura

Destino incierto

Para financiar el gasto del Gobierno federal, la Ley de Ingresos de 2023 propone usar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), mismo que, durante los últimos tres ejercicios fiscales, se ha usado de manera irresponsable, sin que ello se traduzca en una mejor atención para la población sin seguridad social, por el contrario, ha caído la cobertura en las instituciones de salud y aumentado el gasto de bolsillo de las familias, dice el diputado Éctor Jaime Ramírez.

“En 2019 FONSABI tenía 105 mil millones, en 2022, le quedan solamente 37 mil millones. Para 2023 van por lo que resta del fondo y dejarán sin recursos a futuras generaciones”.

Aunado a esto, la Ley de Ingresos de 2023 genera incertidumbre sobre el destino de los recursos para la salud cuyo objetivo es atender a la población sin seguridad social.

De acuerdo con las nuevas reglas que se proponen, el INSABI transferirá los recursos del programa U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” al IMSS-BIENESTAR, al igual que los recursos estatales. Sin embargo, la ley dice que el INSABI es el encargado de manejar dichos recursos y de la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social.

“Lo que el paquete económico de 2023 propone es otro parche al improvisado sistema de salud del gobierno de la ‘cuarta transformación’.

“Con la creación del nuevo organismo IMSS-BIENESTAR por decretazo, no hay un cambio que beneficie a la población sin seguridad social; no se resuelve el problema de falta de atención médica, no hay más recursos para inversión en nuevas unidades médicas y hospitales, no hay claridad en el nivel de atención de alta especialidad, no se atiende la falta de medicamentos. Solamente hay un cambio de roles para que el control político, burocrático y presupuestal pase de Juan Ferrer, director del INSABI, a Zoé Robledo del IMSS”, dice en entrevista para Reporte Índigo Éctor Jaime Ramírez, diputado federal por el PAN e integrante de las comisiones de Salud y Seguridad Social.

Te puede interesar: Salud alista más campañas de vacunación además de estrategia contra COVID

Show Player
Síguenos en Google News para estar al día
Salir de la versión móvil