Esta tarde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su petición al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) sobre Mario Aburto Martínez.

De acuerdo con la petición, se trata del traslado de Aburto a Baja California para ser internado en el centro de reclusión más cercano a donde vive su familia.

En ese sentido, el traslado de Mario Aburto a el Centro de Reinserción Social “El Hongo” se mantiene detenido y el organismo insiste en la reubicación del reo sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

A través de un comunicado, la CNDH explicó que el 7 de mayo se les informó la aceptación de las medidas solicitadas para el traslado; sin embargo, el 10 se les comunicó que ‘se encuentran jurídica y materialmente imposibilitados para llevar a cabo el cumplimiento de nuestra solicitud’.

“Un hecho atípico, no solamente el que unas medidas inicialmente aceptadas hayan sido declaradas inviables posteriormente, sino también por las razones con que se justifica la negativa”, señaló.

Por esa razón, el organismo autónomo recalcó que su solicitud derivaba no de una petición de traslado voluntario del interno sino de una queja interpuesta por él y su familia.

Además, agregó que la solicitud radica en el hecho de que se estaría dando pleno cumplimiento al mandato constitucional que garantice los derechos humanos del quejoso y de su familia.

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“Sería necesario realizar una razonable y proporcional ponderación entre la seguridad de la persona privada de su libertad, y los derechos humanos de él y de su familia, reiteradamente violados durante 27 años, y ajustarla a lo dispuesto por los artículos 18 Constitucional, penúltimo párrafo, y 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio”, se lee.

El organismo señala que las condiciones del Centro de Reinserción SocialEl Hongo” II, con residencia en Baja California, son positivas, ya que cuenta con las medidas necesarias para garantizar la seguridad del quejoso.

Es decir, que existen elementos objetivos para afirmar que la seguridad de la persona privada de su libertad se puede garantizar.