CNDH emite recomendación por violaciones a los DH en el conflicto del Huachicol

19 de Sep, 2018

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación con motivo de los hechos ocurridos el tres de mayo del 2017, donde se le atribuyen graves violaciones a los derechos humanos a los servidores públicos de Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla a presuntos huachicoleros.

Tras su investigación, la CNDH acreditó la violaciones a los derechos humanos y en su recomendación 12VG/2018 señala:

“Violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la SEDENA y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

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Los enfrentamientos armados ocurridos el tres de mayo en la comunidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, dejaron la pérdida de la vida 10 personas; seis civiles y cuatro militares. Además 26 resultaron lesionadas, 14 civiles y 12 militares; 13 más fueron detenidos; 9 adultos y 4 menores de edad, por lo cual la CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las correspondientes carpetas de investigación, a lo que dicha autoridad se negó.

La CNDH afirma que la negativa se traduce en falta de colaboración de dicha instancia con la Comisión en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

También se acreditaron otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos del Estado de Puebla.

Lo que recomienda la CNDH

La Comisión recomienda al titular de la SEDENA y al Gobernador de Puebla se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la SEDENA colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

En lo que respecta a la PGR, la CNDH señala que: “se debe continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación”.

A PEMEX se le pide colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal.

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Al Gobernador de Puebla se le solicita implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública.

Al Fiscal General de Justicia del Estado se le demanda continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial.