Clausura de La Noble Morada provoca cruce de acusaciones
La Profepa y los representantes de la Noble Morada intercambiaron ayer acusaciones por la clausura de este desarrollo, donde es socio del 2.85 por ciento el diputado federal del PAN Arturo Salinas.
Los fraccionadores acusaron a la Profepa de violar con la clausura la suspensión de amparo, mientras que el delegado federal denunció por obstrucción a los propietarios de este proyecto, localizado en el municipio de San Pedro.
Javier Estrada"Nosotros contamos con una suspensión definitiva otorgada por el Juez Segundo de Distrito, que se encuentra vigente. No entendemos por qué la violaron”
La Profepa y los representantes de la Noble Morada intercambiaron ayer acusaciones por la clausura de este desarrollo, donde es socio del 2.85 por ciento el diputado federal del PAN Arturo Salinas.
Los fraccionadores acusaron a la Profepa de violar con la clausura la suspensión de amparo, mientras que el delegado federal denunció por obstrucción a los propietarios de este proyecto, localizado en el municipio de San Pedro.
El abogado Miguel Zárate, representante legal de la empresa Noble Morada, aseguró que los inspectores de la Profepa que clausuraron las obras violaron una suspensión judicial que estaba vigente.
“Nosotros contamos con una suspensión definitiva otorgada por el Juez Segundo de Distrito, que se encuentra vigente. No entendemos por qué la violaron”, explicó Zárate.
“Hoy presentamos la solicitud del cumplimiento a la violación para que el juez les requiera cómo han cumplido con la suspensión”.
Por su parte, el delegado de la Profepa en el Estado, Víctor Cabrera Medrano, adelantó ayer que se interpuso una denuncia penal en la PGR en contra de los trabajadores de la Noble Morada.
Según Cabrera Medrano, durante la clausura, empleados del exclusivo desarrollo se negaron a ser notificados del acto administrativo realizado por la Profepa, por la falta de permisos federales.
“Se oponían a que realizaran su trabajo, hicieron diversas acciones”, afirmó el titular de la dependencia.
“Esa es una obstrucción a la autoridad, que aunque sea administrativa, debe realizar su trabajo, el cumplimiento de sus funciones”.
El viernes pasado, la delegación en Nuevo León de la Profepa colocó sellos de clausura al inmueble, ubicado en Valle Oriente, ya que no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental y contraviene la normativa federal.
Reporte Indigo publicó el 18 de febrero que en este desarrollo de la Noble Morada uno de los socios es el diputado federal del PAN, Arturo Salinas, junto con su padre.
El edificio se construyó sin los permisos federales que otorga la Semarnat para el cambio de uso de suelo, y el mismo Municipio de San Pedro ha reconocido que la obra es ilegal porque se construyó fuera del plan de zonificación.
El delegado de la Profepa explicó ayer que la clausura se llevó a cabo porque expiró la suspensión judicial que gozaba el desarrollo en contra de la Profepa y el Municipio de San Pedro.
El recurso fue sobreseído por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Javier Rubén Lozano Martínez, quien declaró que había una falta de interés jurídico por parte de la Noble Morada.
Cabrera Medrano precisó que este asunto es incidental y no resolvió el meollo de la cuestión: que el desarrollo no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental que otorga la Semarnat.
“No se ha tocado todavía el fondo de este asunto, que es si la infractora tiene, o no tiene, el derecho para poder afectar en su momento dado el medio ambiente.
“Eso no se ha resuelto, toda vez que ellos tendrían que contar con un permiso de la Semarnat para poder determinarlo”.
Por su parte, el abogado de la Noble Morada señaló que el sobreseimiento que resolvió el viernes el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, no dejaba sin efectos la suspensión definitiva que gozaba el desarrollo.
La resolución del juicio de amparo 719/2013 establece que la suspensión definitiva en contra de la clausura se mantendrá hasta que cause ejecutoria el juicio principal.
“Nos notificaron el día de hoy (ayer) el sobreseimiento. Tenemos 10 días para recurrirlo, pero la suspensión definitiva sigue surtiendo efectos hasta que el juicio de amparo no se resuelva de manera ejecutoriada”.