Menos del tres por ciento de las carpetas de investigación iniciadas el año pasado en el estado de Chihuahua, por diversos delitos, llegaron a una sentencia.

En esta entidad, se abrieron 72 mil 999 carpetas correspondientes a 88 mil 160 víctimas.

Pero solo para mil 972 de ellas —equivalente a un 2.7 por ciento— se obtuvo justicia, así lo revela una respuesta del sistema de transparencia con número de folio 080139722000381.

Lo anterior debido a que en un 1.4 por ciento de las carpetas se obtuvo una sentencia condenatoria y en otro 1.2 por ciento se lograron acuerdos reparatorios a favor de las víctimas.

De las 72 mil 999 carpetas, actualmente un 56 por ciento está bajo investigación; un 18 por ciento fueron enviadas al archivo temporal; en un 7.9 por ciento el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió no ejercer acción penal; un 5.7 por ciento fueron puestos a disposición de jueces penales y están en trámite sin que se haya llegado a la etapa de sentencia.

También en otro 3.7 por ciento de las 72 mil 999 carpetas, los jueces aprobaron la suspensión del proceso penal, es decir, le impusieron a los acusados una serie de medidas, por ejemplo recibir tratamientos psicológicos, acudir a firmar ante el personal de los tribunales, obtener un trabajo lícito y no molestar a las víctimas, entre otras, y en caso de que lo cumplan el  proceso penal se termina con efectos de una sentencia absolutoria lo que implica que no le quedan antecedentes penales a la persona acusada. Sin embargo, se desconoce cuántos de los imputados cumplieron con las condiciones.

La Fiscalía de Chihuahua también aplicó criterios de oportunidad en un 1.2 por ciento de las carpetas, indican los datos oficiales. Pero en algunos casos fue para obtener los testimonios de los propios detenidos en contra de presuntos delincuentes y en estos casos no hay una reparación del daño a favor de las víctimas.

En el 2020 la procuración de justicia en Chihuahua fue muy similar al año pasado. Se iniciaron 66 mil 831 carpetas por parte de 70 mil 975 víctimas. Hasta abril del presente ciclo, el 40 por ciento de estas tenían el estatus de investigación en proceso; un 24 por ciento fue enviada al archivo temporal y en el 9.2 por ciento se decretó el no ejercicio de la acción penal.

En 2020, únicamente en un 2.7 por ciento de los casos se lograron sentencias condenatorias y en menos del uno por ciento acuerdos reparatorios. A diferencia del año pasado, en el 2021 si se enviaron casos al área de Justicia Alternativa que son métodos alternativos de solución a los conflictos en los que se evita llevar los asuntos al juez y las partes llegan a un acuerdo a través del diálogo

En 2020, únicamente en un 2.7 por ciento de los casos se lograron sentencias condenatorias y en menos del uno por ciento acuerdos reparatorios

Incidencia delictiva en Chihuahua

En 2021 los delitos que motivaron la integración del mayor número de carpetas son violencia familiar con 12 mil 968 casos; daños a la propiedad 8 mil 501; narcomenudeo 5 mil 101; fraude 4 mil 144 y robos 4 mil 049.

Respecto a delitos de alto impacto, en 2021 el Ministerio Público abrió dos mil 056 indagatorias por homicidio doloso; mil 358 por violación; 44 por feminicidio y 33 por secuestro en diversas modalidades.

En el 2020 también se presentaron los mismos delitos de mayor a menor. Se abrieron 11 mil 293 carpetas de investigación por violencia familiar; narcomenudeo 7 mil 995; daños a la propiedad 7 mil 512; robos 3 mil 287 y amenazas se iniciaron 2 mil 976 carpetas.

En cuanto ilícitos graves, en 2020 se iniciaron dos mil 294 carpetas por homicidio doloso; mil 81 por violación; 30 por feminicidio y 20 por secuestro en diversas modalidades.

Efecto dominó

Para el criminólogo y perito de la FGE de Chihuahua, Oscar Máynez, la falta de resultados en la procuración de justicia tiene un efecto dominó, como un espiral descendente, porque el hecho de que haya tanta impunidad inhibe a la ciudadanía para ir a denunciar delitos.

“Afecta la percepción, afecta la respuesta de la ciudadanía hacía las autoridades de procuración de justicia, no confían en ella ni para obtener resultados, ni para denunciar. Eso aumenta la criminalidad, porque si no hay sanciones a los delitos eso motiva la actividad criminal. Es una bola de nieve que va creciendo una tras otra y nos pone en una situación muy precaria a los ciudadanos”, señaló Máynez.

Para el perito de la FGE de Chihuahua, Oscar Máynez, la falta de resultados en la procuración de justicia inhibe a la ciudadanía para ir a denunciar delitos

El criminólogo consideró que es necesario que las autoridades estatales contraten más personal para las plazas de agente del Ministerio Público (MP) y policías de investigación y se fortalezcan las áreas especializadas que ya tiene la Fiscalía de Chihuahua, para que estas instancias puedan procesen más casos.

En opinión de un agente del MP con más de 20 años de servicio para alcanzar niveles aceptables en la procuración de justicia además de recursos humanos y materiales, se requiere ciudadanos que participen activamente en la denuncia y esquemas efectivos de protección a testigos.

“Se tiene la problemática de que a veces tenemos todo para ir a juicio, pero los testigos se van del país, no quieren ir presentarse por miedo, o a veces acuden ante el juez y se retractan de lo que habían declarado en sede ministerial o los matan. Son variables que no se pueden prever, no es posible llevar a feliz término toda la infinidad de carpetas. Aunque la gente la ve muy fácil y piensa que no hacemos nada, pero hacemos mucho”, afirmó un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida en Ciudad Juárez que pidió la reserva de sus datos personales.

El caso Juárez

En la frontera de Ciudad Juárez, donde se concentra el mayor número de homicidios de todo el estado de Chihuahua, los agentes del Ministerio Público tienen rezagadas entre mil 200 y mil 400 carpetas de investigación desde 2008 a la fecha.

“La unidad de delitos contra la vida acaba de aumentar el número de agentes en la zona, el problema es la criminalidad de la ciudad. Las investigaciones nuevas impiden que se avance en las anteriores. Se requiere el triple de agentes, ahorita somos alrededor de 40 en delitos contra la vida.

“Lo óptimo sería que cada agente del Ministerio Público llevara un máximo de 80 carpetas, pero llevamos cada uno, más de mil. Yo solo llevaba mil 200 hasta hace unos meses que me cambiaron de unidad de investigación”, confiesa el fiscal.

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