Cesjal, entre acusaciones y recomendaciones
El Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), un organismo local de naturaleza ciudadana, está envuelto en una vorágine de demandas laborales y penales que ponen en riesgo casi la mitad de su presupuesto de este 2014, y la libertad de tres investigadores que lo han denunciado ante instancias del trabajo.
Tres especialistas en áreas económicas y sociales que fueron electos en una convocatoria lanzada por el Consejo en 2006, demandaron un año después al mismo tras cancelarse su contrato para desarrollar el proyecto Jalisco Siglo XXI.
Mauricio Ferrer6
El Cesjal requirió la contratación de tres expertos: uno conocedor de temas económicos, otro en aspectos sociales y un coordinador
El Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), un organismo local de naturaleza ciudadana, está envuelto en una vorágine de demandas laborales y penales que ponen en riesgo casi la mitad de su presupuesto de este 2014, y la libertad de tres investigadores que lo han denunciado ante instancias del trabajo.
Tres especialistas en áreas económicas y sociales que fueron electos en una convocatoria lanzada por el Consejo en 2006, demandaron un año después al mismo tras cancelarse su contrato para desarrollar el proyecto Jalisco Siglo XXI.
En la convocatoria publicada el 30 de octubre del 2006 en el diario Mural, el Cesjal requirió la contratación de tres expertos: uno conocedor de temas económicos, otro en aspectos sociales y un coordinador.
El citado proyecto pretendía “proyectar las posibilidades de desarrollo del estado a partir de la realidad actual del estado sobre dos ejes principales, uno relativo a competitividad, productividad e innovación, y otro relativo a desarrollo socioeconómico, cohesión social y ecología”.
Y en la misma convocatoria el organismo estableció que “los resultados del dictamen serán inapelables”.
Juan Manuel Anaya Zamora, Alberto Pérez Martínez y Myrna Aranzazu Machuca Sierra fueron electos para conformar el grupo de investigadores que realizaría tal investigación.
En la versión estenográfica del Cesjal del 2 de marzo del 2007, Ignacio Román, quien era consejero representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), y presidía la Comisión de Desarrollo y Cohesión Social del Cesjal, presentó al trío de investigadores ante la mesa directiva del Consejo.
“Este es el equipo, y el proceso de selección del equipo fue de alrededor de 15 personas que se dedicaron principalmente a escuchar la información”, dijo el académico del Iteso.
Los tres investigadores se presentaron a trabajar desde el primer día de enero de 2007 en el Cesjal. Tres meses después, se les negó el acceso a las oficinas. El motivo: estaban despedidos.
Exigencia de pago
Los salarios que los investigadores percibirían en el 2007 iban de los 22 mil a los 31 mil pesos al mes.
En tres meses, el Cesjal no elaboró contrato a ninguno de ellos, y cuando éstos pidieron que se les pagaran los días trabajados, el organismo se lavó las manos.
El 21 de marzo del 2007, en un oficio dirigido al expresidente del Cesjal, Eduardo Orendáin Giovanini, Myrna Machuca, coordinadora del proyecto Jalisco Siglo XXI, pidió que ella y sus colegas fueran indemnizados con 431 mil 440 pesos.
El Consejo se negó a pagar tal cantidad y los académicos presentaron una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), que recibió el número 594/2007.
Después de un fallo negativo a los trabajadores, éstos recurrieron a las instancias federales.
El H. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito del Estado de Jalisco resolvió a favor de ellos en 2013.
Así, el 3 de julio del 2013, la JLCA –por mandato federal– ordenó al Cesjal a pagar salarios caídos, la reinstalación de los investigadores y el pago de las prestaciones sociales.
El Consejo interpuso dos recursos ante la autoridad federal que fueron declarados improcedentes.
“La autoridad nos ha llamado a llegar a un arreglo económico con el Cesjal, nosotros entendemos, porque tanto el Cesjal, como OPD del Gobierno del Estado y la autoridad de la Junta Local, buscan aminorar el daño, nosotros hemos propuesto que se nos pague el 50 por ciento de lo que por Ley nos corresponde”, dice Juan Manuel Anaya.
Y agrega: “según los cálculos que hicieron mis abogados, volvemos a estar separados, alrededor de 2 millones de pesos por cada uno, más las prestaciones sociales”.
Según el afectado, el Cesjal presentó una propuesta menor a 6 millones de pesos que no representa ni la mitad de lo que les corresponde a los tres implicados.
Denunciantes denunciados
El año pasado el Cesjal trazó una nueva estrategia y presentó una denuncia penal contra los investigadores por presunto enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.
Según las autoridades del organismo, los tres denunciantes estuvieron coludidos con magistrados federales para afectar las finanzas del mismo.
“Interpusimos además un incidente para verificación de firmas, el asunto es que no puedo hacerlo público, pero el asunto es que estamos esperando la resolución, porque todo parece indicar que hubo falsificación de documentos”, dice Óscar Ábrego de León, secretario del Cesjal.
“Hay la presunción que uno de los magistrados es primo de uno de los demandados; comprobarlo a estas alturas del partido es muy complicado”.
El representante del Cesjal dice que los denunciantes han exigido el pago de 10 millones de pesos, lo que representa el 70 por ciento del presupuesto público para esta institución que en este 2014 es de aproximadamente 14 millones de pesos.
Recomendaciones y hostigamiento
Creado en el 2006, el Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal) es un organismo que emite recomendaciones a entes públicos y privados, en áreas relacionadas con aspectos sociales y económicos de la entidad.
Con un presupuesto de 14 millones de pesos para este año, el Consejo ha emitido seis recomendaciones, entre las que destaca una enfocada a la dignificación del empleo en el estado.
En el 2013, las autoridades laborales locales ordenaron la reinstalación de Juan Manuel Anaya Zamora como investigador del Cesjal, con un sueldo mensual de poco más de 22 mil pesos.
Anaya relata que en los dos meses que acudió a trabajar, ya reinstalado, el secretario del Cesjal y las autoridades del organismo lo hostigaron laboralmente.
“Me citaron varias veces al despacho de Óscar Ábrego, en cada una de ellas me conminaba a que aceptara 500 mil pesos y me advertía que si no, tenía la encomienda de echar a andar la denuncia penal”, describe Anaya.
Ábrego reconoce que tanto a Anaya como a Alberto Pérez se les ofreció 500 mil pesos, que según él, “son muy buenos para lo que hizo”.
“No hizo nada (Anaya), lo invitamos a trabajar y no hizo nada, nos lo encontramos un día en una audiencia en la Junta y al otro día ya no se paró a trabajar. No hizo nada, de hecho le tuvimos que corregir, se ofendía porque lo poníamos a trabajar”, dijo el funcionario.
En una grabación de una conversación entre el académico y el secretario del Cesjal, a la cual Reporte Indigo tuvo acceso, se aprecia una serie de cuestionamientos hacia dos propuestas de trabajo hechas por el especialista: una para reducir el ruido en la zona metropolitana de Guadalajara y otra para promover políticas de equidad de género en la administración pública.
Y tras solicitarle un correo institucional y otras herramientas de trabajo, el secretario le responde al experto:
“No es una situación normal la tuya aquí, con mucha claridad lo digo, nos tienes demandados laboralmente, nosotros también estamos en un procedimiento judicial y laboral, por esas razones entenderás que tu situación aquí no es la ordinaria, es extraordinaria”, le contesta Ábrego a Anaya.
