Censura en la pantalla grande
La historia del cine y de la política en México es como un matrimonio mal avenido.
Desde los tempranos tiempos postrevolucionarios, cuando “la bola” constituyó la gran pasión de algunos realizadores, la pantalla grande reveló también algunas de las aberraciones y deformidades de la lucha, que el “sistema” se empeñó en ocultar.
Más de 100 años después del inicio del cinematógrafo en México y de la escaramuza revolucionaria, y justamente en un nuevo momento histórico de auge del cine mexicano, dicha relación aún sigue forcejeando.
Diana GonzálezHernández y Negrete obtienen el permiso de introducir cámaras de video para registrar el proceso judicial
La historia del cine y de la política en México es como un matrimonio mal avenido.
Desde los tempranos tiempos postrevolucionarios, cuando “la bola” constituyó la gran pasión de algunos realizadores, la pantalla grande reveló también algunas de las aberraciones y deformidades de la lucha, que el “sistema” se empeñó en ocultar.
Más de 100 años después del inicio del cinematógrafo en México y de la escaramuza revolucionaria, y justamente en un nuevo momento histórico de auge del cine mexicano, dicha relación aún sigue forcejeando.
De hecho, el actual caso de persecución y acoso a los realizadores del ya icónico documental Presunto Culpable (2011), ha alcanzado cuotas inimaginables.
Layda Negrete y Roberto Hernández han padecido desde la censura temporal de Presunto Culpable, hasta la imposición de multas millonarias y, más recientemente, amenazas de muerte.
Hace dos años, Víctor Reyes Hernández (el falso testigo que acusó a Toño Zúñiga de homicidio) se quejó de haber sido vulnerado por la cinta en su derecho de tránsito, alegando que la gente lo acosaba verbalmente en la calle. La juez Blanca Lobo concedió entonces la suspensión provisional, censurando la película en marzo de 2011.
Si bien la censura duró poco porque se afectaba la libertad de expresión debido a que la misma juez otorgó el amparo a Reyes y planteó un procedimiento de censura previa, el caso fue retomado, revisado y revocado recientemente en un tribunal de Morelia.
Los procesos judiciales, no obstante, aún no terminan para los productores, que enfrentan el pago de una multa por 3 mil millones de pesos, así como lo harán con otros dos juicios que esperan resolución en los próximos meses.
Sin embargo, lo que seguramente es aún más grave para el director Roberto Hernández, es que en días recientes recibió amenazas de muerte vía telefónica, para él y sus hijas.
Ante esto, Hernández responsabilizó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, quien dirige la institución de procuración de justicia que el documental exhibe y critica directamente
La ‘presunta’ venganza
Seguramente cientos de miles de espectadores han convertido a Presunto culpable (2011) en el documental mexicano más famoso de los todos los tiempos.
Después de censuras y el consiguiente éxito derivado, ahora sus realizadores enfrentan una demanda de 3 mil millones de pesos que muchos no han dudado en llamar “una venganza”.
El involuntario protagonista es José Antonio (Toño) Zúñiga, un joven tianguista de Iztapalapa y rapero por vocación, cuya vida cambió dramáticamente a los 26 años, cuando el lunes 14 de diciembre de 2005 fue detenido por policías judiciales sin orden de aprehensión ni pruebas, por homicidio calificado.
Preso y condenado a 20 años de prisión por un crimen que asegura que no cometió, Toño logra contactar por iniciativa de unos amigos a los abogados y cineastas Roberto Hernández y Layda Negrete, quienes en 2006 habían realizado un corto documental llamado El Túnel.
En el corto, Hernández y Negrete evidenciaban la injusticia y negligencia del sistema judicial y carcelario mexicano, con historias reales, estadísticas, y comentarios de expertos sobre el tema.
Ellos aceptan tomar el caso de Toño en sus manos, y continúan documentando la investigación iniciada en El Túnel, que los lleva a anular el juicio condenatorio pues descubren que el abogado defensor de Toño había litigado con una cédula profesional falsa.
El caso es reabierto y la sentencia condenatoria anulada. Ahora hay que iniciar un nuevo proceso y para ello los abogados y cineastas reciben el apoyo del abogado Rafael Heredia, quien acepta defender gratuitamente a Toño.
Hernández y Negrete, por su parte, obtienen el permiso de introducir cámaras de video para registrar el proceso judicial, por lo que las negligencias del juez Héctor Palomares Medina y de la agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado, Marisela Miranda Galván, así como las mentiras del único testigo acusador, Víctor Daniel Reyes, y del comandante de la policía José Manuel Ortega, quedan registradas en cámara y, por tanto, al descubierto.
Después de un largo y complejo proceso, Heredia logra demostrar la inocencia de Toño y el juez no tiene más opción que notificarlo como “absuelto”.
A continuación presentamos la lista de los escasos directores (y películas) que se atrevieron a explorar y revelar las zonas oscuras del nacionalismo revolucionario mayormente, o algunos otros aspectos y momentos especiales de la política nacional, como el que supuso, por supuesto, el Movimiento del 68.
Las películas mexicanas ‘malditas’ para los políticos…
La lista de los directores que se atrevieron a explorar y revelar las zonas oscuras del nacionalismo, han tenido su castigo. Estas películas han sido censuradas, enlatadas, editadas y sobre todo, prohibidas para su exhibición durante mucho tiempo, o para siempre, en algunos casos. Revisemos algunas de ellas.
El automóvil gris (1919)
Célebre película muda de Enrique Rosas, originalmente filmada como mini serie y luego reeditada como una sola película, en cierta forma viene a ser el curioso antecedente de Presunto Culpable, ya que está protagonizada por un policía real (Juan Manuel Cabrera) que, en resguardo de la alta sociedad capitalina, trata de atrapar a los malhechores que la asolan.
Los ladrones, que habían confesado estar coludidos con algunos altos funciones, fueron fusilados y filmados por el propio Rosas, pero dicha escena fue mutilada por un juez al servicio de la censura carrancista; luego, otro juez ordenó la reposición en el turbio y enredado juicio, liberándola para el estreno de la primera parte de tres, el jueves 11 de diciembre en algunos pocos cines de la ciudad de México.
El prisionero 13 (1933)
Es la primera cinta de la trilogía crítica de Fernando de Fuentes Carrau (El compadre Mendoza, 1934 y Vámonos con Pancho Villa, 1935) y, contradictoriamente, también obra del mismo director fundamental del cine nacionalista mexicano (Allá en el Rancho Grande, 1936, La Zandunga, 1938, Doña Bárbara, 1943 entre otras). Cuenta la historia de una madre y su hija que, desesperadas por salvar al hijo-hermano que ha caído en prisión por participar en un complot contra Porfirio Díaz, sobornan al militar a cargo de fusilarlo.
Sólo que este, cuidando no tener problemas con sus superiores, suplanta al prisionero 13 por otro hombre que caminaba por la calle, pero que cumplía con las características físicas del primero. La moraleja que convierte en melodrama la historia, es que el hombre injustamente seleccionado para morir resulta ser el hijo que el militar había perdido de vista muchos años antes.
¡Vámonos con Pancho Villa! (1935)
También de Fernando Fuentes, sigue en duda de haber sido censurada, pero lo cierto es que el director cambió el final.
Un grupo de valientes campesinos, conocidos como los «Leones de San Pablo», se unen al ejército de Pancho Villa y poco a poco, van enfrentando situaciones tan difíciles que al final solo quedan dos: Tiburcio Maya y el joven «Becerrillo». Una epidemia de viruela se desata entre la tropa y «Becerrillo» cae enfermo. Obligado por Villa, Tiburcio mata al joven e incinera su cuerpo junto con los demás enfermos.
Desencantado, Tiburcio abandona la revolución y regresa a su pueblo. En el corte original el ejército de Villa asesina a la familia de Tiburcio para que este se reincorpore a la lucha revolucionaria, pero en la que se exhibió Villa huye de la peste, Tiburcio se decepciona y regresa a su pueblo a vivir con su familia.
Espaldas Mojadas (1953)
Esta célebre cinta del regiomontano Alejandro Galindo fue enlatada durante dos años por tocar el tema de la explotación de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Su estreno se realizó hasta 1955.
El impostor (1956)
De Emilio Fernández, fue estrenada hasta 1960, por considerarla una crítica hacía el PRI.
El brazo fuerte (1958)
De Giovanni Korporaal, director holandés nacido en Venecia, Italia, en 1932, realizó varios documentales y tres largometrajes en México (El brazo fuerte; 1958, El diabólico; 1976 y Piedras; 1979) en congruencia con su trayectoria realizada en Italia, Alemania, España y Holanda, (como actor participó en Ladrón de bicicletas; 1947, de Vittorio De Sica).
El filme se basa en un cuento del veracruzano Juan de la Cabada, y constituye una sátira política acerca de un cacique en uno de los tantos pueblos de la provincia mexicana (lejano antecedente de La ley de Herodes, 1999). Allí, un ingeniero comisionado desde el centro del país para la construcción de la carretera que pasará por Piritidito no es aceptado por el pueblo, hasta que recibe una carta del propio presidente de la República, lo que lo convierte en el yerno del propio cacique, y poco después, en el cacique del pueblo mismo.
Cuando muere, su viuda e incondicionales deciden abrir la famosa carta que, para su sorpresa, era el despido inmediato del ingeniero por corrupto e incompetente. La película se estrenó en salas independientes y recintos universitarios hasta 1974, ya que fue considerada una ofensa al sistema político.
La sombra del caudillo (1960)
Es la película mexicana que más años ha estado censurada: Filmada en 1960, su estreno comercial se realizó en 1990.
Se basa en la novela de Martín Luis Guzmán (que se publicó en España pero también estuvo censurada en México), y constituye una fuerte crítica al caudillismo de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
A Julio Bracho le tomó 25 años llevarla a la pantalla, pues desde su adaptación, junto con Jesús Cárdenas en 1936, la película no fue autorizada para filmarse por la Secretaría de Gobernación hasta el 4 de febrero de 1960.
Contando con la aprobación de Adolfo López Mateos, Bracho filmó en el interior de la Cámara de Diputados y del Castillo de Chapultepec. Pudo ser estrenada en forma privada y hasta participó en el Festival de Karlovy Vary, con la debida autorización del secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.
Sin embargo, se impidió su estreno comercial en México porque “denigraba al país y sus instituciones”, pues ofrecía una “visión falsa de la historia y del Ejército mexicano”, según argumentó la Secretaría de la Defensa Nacional por voz de su secretario, Agustín Olachea.
Aún como secretario de Gobernación, Díaz Ordaz prometió a Bracho que la película se exhibiría, pero eso no ocurrió ni durante su sexenio ni en el de Luis Echeverría. Bracho murió en 1978 sin ver cumplido su objetivo.
Rosa Blanca (1961)
De Roberto Gavaldón, fue enlatada por 11 años debido a su denuncia del saqueo del poblado Rosa Blanca realizado por la empresa norteamericana Condor Oil Company Inc., pues retrataba la tibieza del gobierno mexicano frente a las empresas norteamericanas del petróleo. Además, también se ha considerado que las reformas a la Ley Federal de Cinematografía impulsadas por Gavaldón como diputado federal, no fueron bien vistas por los senadores.
Tarahumara (1965)
De Luis Alcoriza, sufrió una mutilación de 30 minutos en su metraje porque, en una de esas escenas, el indígena Corachi ofrece su mujer a un antropólogo en gesto de amistad, situación que el Instituto Nacional Indigenista desaprobó, y lo cual ocasionó que los negativos fueran tirados a la basura. Sólo el guión quedó a resguardo en la Sociedad de Escritores (Sogem), ya que Gavaldón era uno de los miembros fundadores.
El Grito (1968)
Uno de los documentales más fidedignos de lo ocurrido en la plaza de Tlatelolco, debido a que fue realizado por estudiantes del CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM) durante los propios acontecimientos y con equipo de la misma universidad, en el que se filmaron ocho horas editadas y resumidas a dos por el trágicamente desaparecido Leobardo López Aretche, designado como director de los documentos fílmicos.
2 de octubre, aquí México, (1968)
Documental de Óscar Menéndez que habla del movimiento estudiantil desde los primeros momentos hasta el fatídico 2 de octubre de 1968. Fue proyectada durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, y después de eso dejó de proyectarse.
Lo Negro del Negro (1984)
Codirigida por Benjamín Escamilla y Ángel Vázquez, contaba la corrupta administración de la Dirección de la Policía y Tránsito del D.F. a cargo de “El Negro” Durazo, bajo cuya administración se cometieron asesinatos, extorsiones, corruptelas, robos y hasta trata de personas, pues gozaba de la protección del presidente López Portillo. La película fue censurada por una escena en donde asesinan a un periodista.
Masacre en el río Tula (1985)
Dirigida por Ismael Rodríguez hijo, mostró la matanza que se dio durante la administración de José López Portillo, mientras Arturo “El Negro” Durazo estaba al frente de la Dirección General de Policía y Transito de la Ciudad de México.
Lázaro Cárdenas (1985)
Última cinta de Alejandro Galindo, a la fecha sigue sin ver fecha de estreno.
Intriga contra México (1987)
De Fernando Pérez Gavilán, fue prohibida por parodiar la sucesión presidencial. Varias de sus escenas militares fueron cortadas y su título original “¿Nos traicionará el presidente?”, alterado.
El fiscal de hierro (1988)
De Damián Acosta, fue prohibida por aludir al asesinato de Manuel Buendía.
Zapata en Chinameca (1988)
De Mario Hernández, fue censurada por denunciar la traición de los ideales del Caudillo del Sur
Rojo Amanecer (1989)
Dirigida por Jorge Fons, fue censurada por supuestos problemas entre los coproductores y RTC, que negó su salida de forma inmediata, aunque tiempo después vio la luz en el circuito comercial. No casualmente, en la cinta se presenta a varios judiciales drogados como los responsables de la matanza de la familia y los estudiantes resguardados.
El Secuestro de un Policía (1990)
De Alfredo B. Crevenna, fue prohibida en el DF tres años después de haber sido exhibida exitosamente en el sur de Estados Unidos y algunos estados del norte de México con el título de “El secuestro de Camarena”.
Un Hilito de Sangre (1995)
De Erwin Neumaier, enlatada por cuatro años entre rumores de censura.
La ley de Heródes (1999)
De Luis Estrada (El Infierno), censurada por su crítica irónica hacia los políticos “tricolores”, Damián Alcázar denunció en plena inauguración del IV Festival de Cine Francés en Acapulco, la decisión arbitraria del Instituto Mexicano de Cinematografía de retirar la cinta de la programación del festival, supuestamente por carecer de la autorización de RTC. La presión de la comunidad artística obligó a que la película se exhibiera, como estaba previsto.
Fraude: México 2006 (2007)
De Luis Mandoki, es rechazada para su distribución nada menos que por la trasnacional Warner Bros., administrada en México por Televisa. Además de que otras versiones señalan que Cinépolis, la mayor cadena exhibidora a nivel nacional, igualmente se negó a proyectarla por razones políticas.
Presunto Culpable (2011)
De Roberto Hernández y Layda Negrete fue retirada del mercado por un alegato judicial el año de su estreno, repuesta poco después por otros jueces, y actualmente se encuentra en plena polémica bajo demandas millonarias de los supuestos “agraviados” que forman parte de su contenido en imágenes.
Lo que la hace culpable
En el camino, Presunto culpable enlista la serie de arbitrariedades y deficiencias del sistema de procuración de justicia y carcelario del país, que no solo aplicó en el caso de Toño, el protagonista. Se siguen aplicando diariamente con innumerables inocentes en todo el país.
> En México, los policías judiciales son “premiados” en función del número de personas que logran encarcelar.
> Muchos de esos policías, como lo señala un representante anónimo en el documental, fabrican “pruebas” para “preservar la seguridad de la sociedad”.
> El 93 por ciento de los presos jamás vieron una orden de aprehensión.
> El 93 por ciento de la gente en proceso judicial, nunca ha visto al juez.
> En los juicios mexicanos es completamente habitual que los jueces estén ausentes.
> El sistema de procuración de justicia mexicano “arma” los casos desde un expediente, de modo que los juicios son irrelevantes, pues el expediente no se puede cuestionar.
> La fiscalía o parte acusadora, como queda representando en la película, se limita así a hacer “su chamba” (como lo dice, riendo, Maricela Miranda Galván).
> En México, el 95 por ciento de las sentencias son condenatorias.
> En una primera instancia el nuevo juicio de Toño dictar sentencia por 20 años de prisión, la apelación interpuesta por el abogado defensor logró su absolución.
> La corte de apelación negó la entrada de cámaras. Un magistrado señaló que, tras ocho horas de discusión, los videos fueron evidencia.
