"No podemos seguir haciendo periodismo como si no estuviera pasando nada”

Ricardo González

Organización Artículo 19


"(La compra de publicidad) genera una relación muy perversa, los medios de comunicación asumen como una obligación que les den dinero”

Juan Larrosa

Amedi Jalisco


Para el año 2013, el gobierno de Jalisco tiene presupuestados más de 82 millones de pesos para la difusión de programas de gobierno

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La libertad de prensa en el estado ha sido vulnerada. Hoy los medios de comunicación jaliscienses son víctima de ataques.

Los atentados al periódico Mural el pasado mes de abril ponen en la mesa la discusión sobre qué sucede en materia de seguridad en los periodistas y qué responsabilidad tienen en el tema los gobiernos locales y las empresas de comunicación.

¿En Jalisco se garantiza la libertad de expresión?, se preguntaron algunos periodistas que salieron a las calles el pasado domingo 28 de abril, a propósito de las movilizaciones nacionales en torno a la muerte de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz.

En México “no hay prensa libre”, considera la organización Freedom House, que de la mano de otra Organización No Gubernamental (ONG), Reporteros sin Fronteras, catalogaron como riesgoso el ejercicio periodístico en el país.

México obtuvo 61 puntos y se encuentra por debajo de la media mundial en cuanto a la escala de libertad de prensa que realiza año con año Freedom House.

Fredoom House pidió al presidente Barack Obama que durante su visita a México integrara a su agenda de trabajo el tema de la libertad de expresión y la frágil situación de la prensa mexicana.

Pero si bien a nivel internacional el tema parece estar en la mira, en lo local aún existen dudas de lo que sucede, pese a que la gran mayoría de las agresiones a la prensa en el país se han dado contra medios de circulación local.

La incredulidad debe ser despejada con información, estima Ricardo González de la organización Artículo 19, que en entrevista con Reporte Indigo refiere que existen contradicciones graves en materia de libertad de expresión en México.

“Por un lado tenemos una reforma en telecomunicaciones que por lo menos apunta a revertir temas pendientes de hace varias décadas (…) pero se contradice con las cifras de 72 periodistas asesinados, 13 desaparecidos,  40 medios de comunicación atacados con explosivos, en suma más de 900 agresiones en 7 años”.

Los ataques ocurren mientras al gremio periodístico se le sigue considerando como un grupo desarticulado y desconfiado entre sí.

 

La censura 

también es acoso

 

“Así como ha evolucionado la cultura de protección a los Derechos Humanos se han sofisticado los medios y métodos de censura”, considera el especialista de Artículo  19 sobre la relación medios y poder.

“Tienen el mismo fin, pero cambian en cuanto a métodos, como la compra masiva de ejemplares, el retiro o el ofrecimiento de publicidad oficial para premiar o castigar ciertas cosas que se publiquen  en el entendido de ‘yo no pago para que me peguen’”.

Para el año 2013, el gobierno de Jalisco tiene presupuestado alrededor de 82 millones de pesos para la difusión de programas de gobierno, desglosado de la siguiente forma:

25 millones 717 mil pesos para la difusión de mensajes de gobierno en radio, televisión y otros medios.

25 millones 711 mil pesos para servicios de creatividad y reproducción de productos de comunicaciones.

2 millones 95 mil pesos para pago de servicios de audio y video.

Y otros 2 millones 753 mil pesos para creación y difusión en Internet.

Para Juan Larrosa Fuentes, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el modelo económico que premia actualmente en los medios no está dando las ganancias esperadas.

“Está poniendo en jaque a muchos proyectos periodísticos que tienen que vivir de los anuncios que publican,  las gacetillas que publicas y generan un periodismo poco crítico”.

La compra de publicidad genera “una relación muy perversa en donde los medios de comunicación asumen como una obligación que les den dinero”, refiere Larrosa Fuentes.

Al respecto, Artículo 19 realiza una investigación sobre los alcances que tienen las oficinas de comunicación social de los gobiernos. 

Dependencias en las que se articulan actividades de relaciones públicas con otro tipo de estrategias de control y procuran la “censura blanda”.

Por ejemplo, el pasado primero de mayo la oficina de comunicación social del gobierno del estado convocó a medios de comunicación locales a un partido de futbol entre funcionarios y periodistas en el Estadio Jalisco. 

La reunión fue amenizada con carne asada y cervezas, y buscaba dar la impresión de una buena relación medios-gobierno.

Aunque en la realidad las fricciones entre comunicadores y la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz han sido varias, debido al control de la información oficial y las entrevistas de funcionarios públicos, que pasan por un comité de aprobación. 

También se creó el puesto de “director de entrevistas”, que limita el flujo natural de las solicitudes. 

Pero aunado a ese tipo de relaciones, existen otros mecanismos de censura, como la modificación de leyes que sancionan la publicación de cierta información.

En Jalisco, la actual Ley de Información Pública sanciona con cárcel y multa la publicación de información considerada como reservada.

Esas estrategias “tienen el mismo interés: controlar el flujo de información, ideas y opiniones”, señala el representante de Artículo 19.

También se considera “censura blanda” a las llamadas de funcionarios públicos a las redacciones de los medios de comunicación a fin de prevenir la publicación de asuntos en específico. 

“Puede ser intimatorio” y aunque se aluda que se hace dentro de las atribuciones de una oficina de comunicación social, “el hecho de ser el funcionario público (el que hace las llamadas) pone en riesgo al periodista”, opina González.

 

Ataques violentos

 

Para el encargado de área de protección a periodistas de la organización Artículo 19, las agresión a las instalaciones del periódico Mural el pasado 17 de abril deja algunas pistas sobre lo que puede ocurrir en el estado en el mediano plazo.

Pues haciendo una comparación con otros estados se ha podio dar cuenta de que la violencia contra el gremio se recrudece una vez que inician los ataques públicos.

“Todos los componentes que hay en otras zonas mucho más calientes están presentes en todo el país”, explica el defensor de derechos humanos.

Detalla que entre los puntos críticos que convergen en Jalisco, está la presencia del crimen organizado, falta de protección a la prensa, “la vulnerabilidad  de la voces críticas independientes y (la) intención por parte de los grupos de gobierno de controlar el flujo de información”.

El especialista recuerda que desde el año pasado la prensa local había hecho señalamientos sobre las presiones a periodistas en pleno ciclo de campañas electorales. 

Pero hoy los hechos violentos registrados en ese medio de comunicación deben prender focos a todo el gremio.

Según informes de la Fiscalía General del Estado, en el atentado a Mural se utilizaron granadas de fragmentación similares a la que se lanzaron en otras agresiones contra la población civil el pasado primero de abril en los bares Gol y Ruta 66, en las que murieron una decena de personas, y que se atribuyeron a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se requiere protección

Derivado de los ataques a  Mural, el gobierno del estado convocó a una reunión con directores de los principales diarios de Jalisco. 

Ahí se expusieron algunos protocolos internacionales de seguridad y se comprometieron a elaborar manuales de protección para los periodistas locales.

Lo anterior en doble discurso, pues el estado de Jalisco no ha legislado a favor de la protección de periodistas, ni homologado de forma local la nueva Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Ni se ha adherido a la estrategia nacional de protección a periodistas que incluye un mecanismos de auxilio y ciertos protocolos especiales de investigación.

Para Ricardo González, de Artículo 19, “muchos periodistas no tienen la confianza para acercarse a un mecanismo (de protección) como estos. Es algo en lo que tiene que trabajar el gobierno para acercarse a esta población”.

Asegura que empresas de comunicación también tienen responsabilidad “aunque no sean agredidas, tiene una obligación con su staff de emprender medidas de seguridad y generar protocolos”.

A su dicho “no podemos seguir haciendo periodismo como si no estuviera pasando nada”.