9.5%

De los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se ejercieron a diciembre de 2016 en la atención a las víctimas


Los senadores del PAN también se han opuesto al nombramiento de Rochín al frente de la CEAV; consideran que una refundación de la Comisión debe ser total

El Senado se apresta para votar el nombramiento de Jaime Rochín del Rincón como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y esta votación ocurrirá en medio de serios cuestionamientos sobre la efectividad de su trabajo.

Rochín fue comisionado presidente de la CEAV de abril del 2014 a octubre del 2016 y durante su mandato hubo no solo escándalos por pleitos internos en la Comisión, sino por la ineficacia en la atención a las víctimas.

La Auditoría Superior de la Federación revisó la actuación de la CEAV en la Cuenta Pública del 2015; determinó que en áreas como la atención a víctimas de trata de personas no se actuó con eficacia.

Jaime Rochín fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto tras consultar a organizaciones de la sociedad civil, como indica la nueva Ley General de Víctimas; fue la persona que tuvo más votos para su nombramiento entre las organizaciones civiles y los expertos.

De 283, Rochín tuvo el apoyo de nueve colectivos, 34 organizaciones de la sociedad civil y 88 expertos, lo que hizo un total de 131 votos de apoyo.

Sin embargo, el apoyo no es unánime. Organizaciones de familiares de desaparecidos y otras de defensa de derechos humanos han rechazado a Rochín por considerar que durante su gestión no hubo un avance en la atención a las víctimas.

Los senadores del PAN también se han opuesto al nombramiento de Rochín al frente de la CEAV; consideran que una refundación de la Comisión debe ser total, con gente nueva que pueda echar a andar los mecanismos de atención a las víctimas.

La evaluación de Jaime Rochín para ser el comisionado de la CEAV está a cargo de las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos del Senado. De ser avalado por estas comisiones, pasará a su votación en el pleno de la Cámara alta, donde deberá conseguir las dos terceras partes de los votos.

 Apoyos divididos

Las organizaciones de la sociedad civil están divididas en su apoyo a Jaime Rochín como el primer comisionado ejecutivo de la CEAV, en su nuevo esquema legal.

Por un lado, un grupo de más de 100 organizaciones, colectivos y familiares de víctimas han pedido al Senado que se lleve a cabo la ratificación de Jaime Rochín.

“Esperamos que el Senado ratifique el nombramiento a la brevedad posible para dar inicio formal a los trabajos hacia la refundación de la CEAV que venimos exigiendo hace años”, pidieron en una misiva, suscrita entre otros por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Otro grupo de organizaciones, relacionadas sobre todo con la búsqueda de personas desaparecidas, se pronunciaron contra la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para que la CEAV sea dirigida por Jaime Rochín, a quien acusaron de haber atendido a las víctimas cuando fue comisionado presidente.

“Nos preocupa la nula respuesta a un proceso transparente y la cerrazón a escuchar la voz de quienes directamente vivimos las consecuencias de la inseguridad y la violencia en México”, comentó Ángeles Mendieta, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec).

En el Senado, los legisladores reconocieron que no será posible alcanzar la unanimidad en un nombramiento tan complicado.

“La votación calificada determinará la conclusión de esta parte del proceso, de la conducción ahora unipersonal de la CEAV, no habrá unanimidad, no hubo unanimidad en las propuestas. Pero así es esto, de tal manera que no estábamos tampoco buscando la unanimidad sino la votación calificada”, expuso Angélica de la Peña, senadora por el PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

El rechazo del PAN

Los principales cuestionamientos para Jaime Rochín provinieron de la bancada del PAN. Los albiazules no están convencidos de que la refundación de la CEAV vaya a ser exitosa de la mano de alguien que ya la dirigió y no tuvo buenos resultados.

Para Adriana Dávila, senadora por el PAN y presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, la ecuación es simple: para un nuevo comienzo, se requieren nuevas personas.

“A mí me parece que la propuesta de refundación (…) no tiene que ver con repetir el patrón; la refundación de la CEAV tiene que ver con que funcione y con todo respeto yo digo: no puede funcionar si son los mismos que descompusieron el tema los que están ahí.

“Respeto la facultad del Ejecutivo que se le otorgó en el artículo quinto transitorio, porque yo lo voté. Lo que no me parece correcto es que si se pretende una refundación, sean los mismos actores los que participen; como si en este país no hubiera más actores, como si el tema de los que hicimos mal no pudiera ser reparado”, lanzó Dávila.

La bancada del PAN pidió tiempo para razonar su voto. La negociación estuvo en pleno el fin de semana, y este martes las comisiones se aprestan para votar el nombramiento en comisiones.

Las dudas

Desde su creación, en 2013, la CEAV vivió problemas internos que le restaron legitimidad a la labor que, se suponía, debía llevar a cabo: atender y reparar el daño a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a los derechos humanos.

Entre las pugnas políticas por quién llevaría las riendas de la Comisión –incluso destituyeron a su primer presidenta, María Olga Noriega Sáenz-; las renuncias de sus comisionados –al final quedaron solo dos en funciones-; y la falta del ejercicio del Fondo de Reparación, fueron la realidad de todos los días en la CEAV.

Uno de los tópicos más cuestionados es el ejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), donde radican los recursos destinados a auxiliar y reparar el daño a las víctimas.

A diciembre del 2016, la CEAV solo había ejercido el 9.5 por ciento de los recursos de ese Fondo en la atención a las víctimas. De los mil 593 millones de pesos del FAARI, solo se utilizaron 151.6 millones para esos fines.

De esos 151 millones de pesos, 13.2 fueron utilizados para el reembolso de ayudas inmediatas a víctimas del delito; y 138.4 para la reparación del daño.

La CEAV se ha justificado diciendo que el ejercicio de esos recursos ha sido difícil por la propia forma de la ley, que complicaba el acceso al dinero de reparación.

En su Informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación no se refirió al poco acceso al Fondo de Reparación y solo se limitó a hacer observaciones para mejorar su constitución.

En cambio, al revisar la Atención a Víctimas de la Trata de Personas, la ASF sostuvo que la CEAV no cumplió con la atención integral a 460 víctimas de este delito, reconocidas al 2015, o a las 176 que acudieron a la Comisión ese año.