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Castigan ‘ordeña’ con 25 años

La Cámara de Diputados aprobó crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Contra de la Industria Petrolera en la que se establecen penas de hasta 25 años de prisión a quien robe combustibles.

Lo aprobado por los parlamentarios, que incluye también cambios al Código Penal Federal y a la Ley de Delincuencia Organizada, prevé penas también para los gasolineros que alteren sus medidores.

La Cámara de Diputados aprobó crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Contra de la Industria Petrolera en la que se establecen penas de hasta 25 años de prisión a quien robe combustibles.

Lo aprobado por los parlamentarios, que incluye también cambios al Código Penal Federal y a la Ley de Delincuencia Organizada, prevé penas también para los gasolineros que alteren sus medidores.

La pena de 25 años de prisión se aplicará a “quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”, expone el texto aprobado.

Se aplicarán hasta 14 años de prisión a quien sea propietario o arrendatario de un predio donde desemboque una toma clandestina.

Se darán de 10 a 18 años de prisión a quien altere los sistemas de medición “en posesión o al servicio de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores”. Entre tres y seis años de prisión a quien entregue una cantidad inferior desde 0.5 por ciento en la venta de gasolina o diésel.

El diputado Álvaro Ibarra presentó el dictamen que fundamenta la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos sobre Hidrocarburos.

“Los delitos en contra de la industria petrolera causan pérdidas económicas por más de 40 mil millones de pesos anuales, situándose así en una de las actividades ilícitas más redituables, solamente atrás del narcotráfico y tráfico de armas”, dijo en su participación

Los diputados decidieron suprimir artículos que obstruyeran el acceso o funcionamiento de instalaciones, ductos y equipos de la industria de hidrocarburos. Esa modificación se hizo a petición de los partidos de izquierda, quienes consideraron que esto podía prestarse para criminalizar la protesta social.

Esta nueva legislación fue enviada de nuevo al Senado por los cambios que se le realizaron en la Cámara baja. 

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