Para la empresa Casanova Vallejo el pasado no representó ninguna carga. “Consentida” en el sexenio anterior (2012-2018) y señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por incumplimiento, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó como proveedora de áreas estratégicas y emblemáticas.

El Tren Maya, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la Secretaría del Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la otrora Procuraduría General de la República (hoy fiscalía) rentaron vehículos con Casanova Vallejo a través de contratos de hasta más de 600 millones de pesos.

Ahora, la Secretaría de la Función Pública ha resuelto inhabilitar a Casanova Vallejo hasta junio de 2026 para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de los estados y municipios, según fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.

La empresa incurrió en “sobreprecio” en la renta de ambulancias a nivel nacional para el ISSSTE en un contrato por más de 113 millones de pesos, firmado para que se iniciara el 1 de enero y finalizará el 30 de junio de 2022

La sanción llegó después de que el gobierno de López Obrador le había otorgado casi 200 contratos que sumaron poco más de 3 mil millones de pesos, de los cuales, más del 60 por ciento fue por adjudicación directa y casi 30 por ciento por la figura de “otras contrataciones”. Es decir, la empresa adquirió casi todas sus contrataciones sin concursar.

Esa posición como proveedora, Casanova Vallejo la obtuvo pese a que en 2018 –el último año del gobierno peñanietista– la revisión de la cuenta pública de la ASF expuso que la compañía le entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social ambulancias sin placas ni llantas de refacción. También le faltaron las camillas móviles que deberían llevar las unidades.

Una inmersión de Reporte Índigo en el mar de contratos de esta empresa registrados en Compranet indica que la anomalía señalada por el órgano fiscalizador no modificó su buena relación con el gobierno federal que en diciembre de 2018 cambió con la llegada de la llamada “Cuarta Transformación”.

Durante el sexenio de Peña Nieto la empresa percibió más de 13 mil millones de pesos a través de más de 700 contratos en los que predominó la adjudicación directa, consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia. Lo que alcanzó a darle la administración de Andrés Manuel López Obrador en cuatro años es una cuarta parte de ese monto

Más de 600 millones en renta de autos para Casanova

El mayor contrato otorgado a Casanova Vallejo antes de su inhabilitación fue de la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel Reyes. Fue por 630 millones 942 mil 103 pesos bajo la figura de “otras contrataciones”, la cual no está estipulada en el marco jurídico de las compras públicas conformado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La dependencia que cambió su nombre de Desarrollo Social a Bienestar en el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” le arrendó su transporte vehicular para movilidad en todo el país a Casanova Vallejo del 17 de septiembre de 2019 al 15 de agosto de 2022. Después, con esta dependencia, ya no hubo otro contrato.

En abril de 2019, Casanova Vallejo recibió el segundo contrato más grande de los que acumularía con la administración de López Obrador. Fue por más de 241 millones de pesos con la entonces Procuraduría General de la República que estaba en el proceso de transformación para ser fiscalía autónoma y en la cual, sería nombrado Alejandro Gertz Manero. Lo hizo por adjudicación directa con un contrato que concluyó el 31 de diciembre de ese año.

El ISSSTE le otorgó también de manera directa el tercer contrato más grande, por 214 millones 838 mil 775 pesos, por renta de ambulancias de enero al último día de septiembre de 2019.

Y fue justo el ISSSTE el que le dio la cuarta contratación más grande: ese contrato por 113 millones 342 mil 871 pesos en el que incurrió en sobreprecio en la renta de ambulancias y que suscitó su inhabilitación. Se trató también de una asignación sin que mediara concurso.

Años buenos y malos

En el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Casanova Vallejo sumó más de mil 664 millones de pesos. Dos de los contratos fueron pactados con Casanova Rent Volks, una de sus unidades de negocio. Uno fue el que hizo la PGR (FGR) y el otro el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

2019 fue el año en el que Casanova Vallejo captó más dinero como proveedora del gobierno del presidente López Obrador con más de mil 664 millones de pesos. En 2020, el monto descendió 1.6 veces. El siguiente año, lo percibido continuó en descenso, pero los contratos de más de 50 millones de pesos se mantuvieron.

Ese año, la Procuraduría Agraria, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Telecomunicaciones de México, la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático pactaron la renta de autos con Casanova Vallejo hasta 2024. La empresa sumó así en 2021 más de 400 millones de pesos.

En los meses transcurridos de 2022, alcanzó a firmar más de 273 millones de pesos.

Organismos con la encomienda de marcar la insignia del gobierno de la “Cuarta Transformación” también contrataron a Casanova Vallejo. Segalmex  le otorgó más de 100 millones de pesos.

Por su parte, Fonatur Tren Maya –entidad constituida para la realización de esa obra– invirtió con la empresa más de cinco millones de pesos para un contrato que vencerá el 30 de septiembre de este año.

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