Rechazamos categóricamente el chantaje y las presiones con las que el “cártel del gas LP” pretende obligar al Gobierno federal a eliminar el tope a los precios del energético, manifestó el senador Salomón Jara Cruz.

El legislador por Morena reiteró su respaldo a las medidas que implementen las autoridades para garantizar el abasto, calidad y precio justo del gas para los hogares y empresas en el país.

Acusó que detrás del paro de distribuidores comisionistas están cinco grandes grupos empresariales que, desde hace ocho años, se han coludido para fijar arbitrariamente el precio del gas LP y repartirse las zonas de distribución y comercialización.


No solamente azuzaron a los comisionistas para detener la distribución al consumidor final, sino que los alentaron a usar la violencia y la intimidación en contra de aquellas empresas que no se sumaron al paro.

Salomón Jara Cruz

Senador de Morena

Por ello, urgió a la Fiscalía General de la República a investigar la participación de la delincuencia organizada en el paro de comisionistas, pues a decir de asociaciones de gaseros, los ataques contra pipas y empleados de diversas empresas han sido realizados por personas presuntamente ligadas a organizaciones criminales dedicadas al huachicoleo de gas LP.

Dijo que el “pulpo gasero” creció bajo la complacencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano que no solamente debía haberlos sancionado económicamente, sino que debió iniciar una investigación y denunciar la comisión de delitos que se sancionan con cárcel.

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Recordó que el Código Penal Federal establece, en su artículo 254 BIS, que se sancionará con prisión de cinco a 10 años y con mil a 10 mil días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto de fijar, elevar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios que son ofrecidos o demandados en los mercados.

Por todo lo anterior, Salomón Jara presentará una iniciativa a fin de que las prácticas monopólicas sean consideradas como delincuencia organizada y propondrá que la revisión de las facultades y viabilidad de la Cofece, sean incluidas en la agenda legislativa que se desahogará en el próximo período de sesiones.