Ciudad para Todos recientemente reglamentó en sus estatutos que quien decida pasar a un cargo público deja de ser integrante


"Van a funcionar como asesores en esos temas, y en el mejor de los casos, su opinión puede ser tomada en cuenta, en otros no”

Jaime Tamayo

Académico UdeG


Casos como el de ‘Jalisco cómo Vamos’ son espacios que, desde su concepción, buscaron generar vínculos entre la sociedad civil y los gobiernos

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No son opositores al gobierno, tampoco militan en partidos, ni agrupaciones de índole electoral, son ciudadanos que en los últimos años impulsaron agendas específicas y hoy han logrado incrustarse en proyectos de gobierno.

Algunos lo hacen con la intención de modificar las formas de planear la ciudad y que el espacio público sea un sitio en donde se pueda ejercer ciudadanía.

Así lo explica a Reporte Indigo Felipe Reyes, exintegrante de la organización Ciudad para Todos y hoy jefe del área de Movilidad No Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte, antes OCOIT.

Para el activista el gobierno, “sea del color que sea”, es la “única entidad capaz de transformar la manera en que hacemos nuestras ciudades”.

Ahí radica la importancia de que la ciudadanía forme parte de estos espacios de decisión y análisis técnico de la política de movilidad.

Reyes refiere que su participación en el gobierno no es un proyecto político ni apoya a una plataforma de partido, es solo una nueva forma de seguir ejerciendo ciudadanía. Y aunque los resultados todavía no son visibles, considera que sí abonarán a una nueva forma de interacción con el poder. 

“Es cierto que hay un sistema poco democrático con el que es difícil interactuar. Yo confío mucho en que la transformación de ese sistema depende no de un partido político u otro, sino de la interacción entre la gente”.

La nueva generación de activistas urbanos encontraron eco en las nuevas administraciones emanadas del PRI y Movimiento Ciudadano, partidos que hoy siguen peleándose por la agenda pública de movilidad que los ciudadanos expusieron desde hace seis años.

Pero sigue habiendo confusión en cuanto al alcance que puede tener la participación ciudadana y la relación con los gobiernos. 

“Una de las consideraciones que vale la pena hacer es que aún entre las mismas organizaciones resulta una lógica conflictiva el cómo debe ser la relación con el gobierno”, expone el académico Carlos Peralta del ITESO, especialista en antropología social, quien observa diferencias entre las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a estrategia.

“Yo sí creo que en esta perspectiva sí nos hacen falta organizaciones ciudadanas que tengan un trabajo más político, pero también hay que tener cuidado que este trabajo político no tenga intereses electorales”.

Neutralizar, la vieja técnica del PRI

Para el profesor investigador de movimientos sociales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jaime Tamayo, incluir en los proyectos de gobierno a figuras de la sociedad civil no es novedad. 

“En el viejo Estado autoritario los líderes sociales eran cooptados y subordinados al aparato de Estado, excepto aquellos que tenían una oposición claramente revolucionaria o de identificación plena con sus bases sociales”.

Para el académico, el nuevo PRI está buscando el mismo esquema, aunque refiere que es importante diferenciar los niveles de participación que tienen los ciudadanos en la función pública, sin dejar de observar los objetivos de la organización de la que emanan.

En su lectura, organizaciones como Guadalajara 2020 fue una expresión del empresariado de querer incidir en las políticas públicas. 

De acuerdo con Tamayo, dicha asociación fue “una plataforma para escalar políticamente”, pues “no representan a la sociedad civil, sino que utilizan su lenguaje para buscar espacios políticos”.

El académico explica que casos como Jalisco Cómo Vamos, son espacios que desde su concepción buscan generar vínculos entre la sociedad civil y los gobiernos.

“Y eso hace que sea muy fácil el paso de un lado a otro”, que fue el caso de David Gómez Álvarez, extitular de esta organización y hoy subsecretario de Planeación en el Gobierno del Estado. 

“En este caso sí se construyeron  instrumentos que buscaban dar a conocer la expresión de la sociedad en relación a políticas del Estado, pero lamentablemente (el brinco al poder) hacen que estas organizaciones mueran”.

En el análisis de Tamayo, el caso “más lamentable” es el de las organizaciones que emergen auténticamente de la ciudadanía con temáticas específicas y que en un momento dado optan por el gobierno sustentados en su experiencia técnica, como Felipe Reyes o Alfredo Hidalgo.

Este último arquitecto y urbanista hoy encargado del área de Proyecto Estratégicos del Ayuntamiento de Zapopan, en donde también colaboran activistas ligados al urbanismo.

“Van a funcionar como asesores en esos temas, y en el mejor de los casos, su opinión puede ser tomada en cuenta, en otros no, pero también le da al traste a la organización y la representación.

“Lo importante para los gobiernos es el liderazgo que tienen, generalmente por eso se los llevan, por lo que representan política y socialmente. Aunque hay excepciones, no se los están llevando por su preparación, por su  formación o su conocimiento”, destaca el académico de la UdeG.

También se observan de lado del Estado figuras forjadas en la ciudadanía, pero contratados como consultores externos o como parte de la nómina de áreas que no necesariamente tienen que ver con su trayectoria como activistas, como es el caso del área de Comunicación Social.

Rodrigo Rincón Jiménez pasó de ser presidente de la organización Cohesión de diversidades para la Sustentabildiad AC (Codise) a director de Comunicación Social del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.Para Tamayo, el que exista “un compromiso económico con la autoridad”, limita al activista.

“Obviamente ya estamos hablando de una limitación a su propia actividad política o social. Eso, si no es corrupción o cooptación de líderes, realmente no sé qué es”, cuestiona el investigador.

Ciudadanos en movimiento 

Algunos líderes sociales accedieron a la función pública por medio del voto, como es el caso del regidor de  Zapopan, Augusto Valencia, cuya trayectoria va desde la presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) hasta su corto paso por la oficina anticorrupción en la administración tapatía de Jorge Aristóteles Sandoval.

En su candidatura como alcalde de Zapopan por Movimiento Ciudadano, Valencia presentó una plataforma con activistas de organizaciones civiles como Karen Gutiérrez de Plan V.

“El problema con Movimiento Ciudadano es que engañosamente se presenta como una organización ciudadana, cuando sabemos que es un partido. 

“Sus dirigentes no son personas que emerjan de la sociedad civil, vienen del PRI, como (Enrique) Alfaro, o vienen del PRD, como Clemente Castañeda, o del PAN; ahora parece que se va a llenar de panistas”, apuntó Jaime Tamayo.

Durante la elección del 2012, surgió una escisión en el activismo local respecto a si se debía participar en las plataformas de Movimiento Ciudadano. 

Hubo quien hasta firmó cartas de apoyo al candidato y mezcló el activismo urbano con el proyecto electoral.

Hay activistas que buscan pintar su raya con el gobierno, por ejemplo, la organización Ciudad para Todos recientemente reglamentó en sus estatutos que quien decida pasar a un cargo público deja de ser integrante para convertirse en participante, y con ello pierde su derecho a votar y representar a la organización.