La Secretaría General del Gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Ibarra Pedroza, habilitó un mecanismo de revisión de antecedentes para que los partidos políticos puedan investigar el historial de sus candidatos con el fin de evitar la postulación de aspirantes vinculados con la delincuencia organizada.

La existencia de este mecanismo fue revelada por el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Rodríguez Jiménez, quien señaló que su partido sí hizo uso de esa herramienta durante el proceso de selección de sus candidatos.

Recientemente, el Gobierno de México alertó que Jalisco se encuentra entre los estados del país con la más alta incidencia de violencia política, pero también entre aquellos con el mayor riesgo de que la delincuencia organizada imponga sus propios candidatos en este proceso electoral, para hacerse así del control político de los municipios.

El pasado 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “se heredó el partido de la delincuencia organizada, hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el presidente“.

El 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio.

“Tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados, más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos se han presentado, en este periodo, en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.


Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia

Las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política; y desde ese “partido del crimen”, se “establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, mencionó.

“Entre sus estrategias de violencia está el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión; cooptan también acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos, en especie o les otorgan protección y personal, capital humano para sus campañas”.

También agregó que el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal. “En algunas regiones el crimen designa, está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores”.

Candidatos bajo escrutinio

Ricardo Rodríguez Jiménez, coordinador de MC en Jalisco, dijo que tienen una estrecha relación con la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco, al igual que otros partidos políticos, para revisar en términos de las áreas de seguridad, o de antecedentes, a algún potencial candidato o candidata.

“Y en esa comunicación pues nosotros tenemos hoy la certeza de que nuestras candidatas y nuestros candidatos son personas que no traen ningún tipo de vínculo con personas que se dediquen a temas ilegales”, señaló.

El líder estatal mencionó que sí llegaron a hacer algunas revisiones cuando no tenían muchos elementos en términos de conocimiento público de las propuestas. “Nosotros hicimos consultas de muchos nombres que se nos presentaban de distintos municipios”, agregó.

¿Privilegio naranja?

Aunque MC aseguró que el mecanismo de revisión de antecedentes del Estado estuvo a disposición de todos los partidos, el PRI no pareció estar al tanto de él, según lo que respondió Ramiro Hernández García, dirigente del tricolor, al preguntársele sobre el tema.

“Lo que nosotros estamos estableciendo son una serie de requisitos, entre ellos, los documentos que en un momento dado acreditan de que no están ligados a actividades ilícitas o que no han sido responsables de cometer algún delito.

“No tenemos otro mecanismo que ese y, desde luego, hay un documento que se firma donde ellos se comprometen a manifestar que no están vinculados con ninguna acción de carácter delictivo, bajo juramento de decir verdad; más instrumentos de control pues no los tenemos”, dijo.

El mecanismo tampoco fue mencionado por la presidenta del PAN, María del Pilar Pérez Chavira, al cuestionársele cómo hace su partido para evitar que sus candidatos tengan nexos con la delincuencia.

“Fundamentalmente, el tema del acompañamiento que se puede estar dando desde la acción de gobierno, la Secretaría de Acción de Gobierno del propio Comité (…). Entonces, pues sí: el tema de capacitación, de acompañamiento, de búsqueda, de canalizar oportunamente la parte de intervención de las autoridades, tendremos que estarlo continuamente trabajando y en la parte fundamental pues la sociedad que esté atenta y vigilante”.

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