Calderón no reconoce su ‘legado de injusticia’

El Estado mexicano tiene una deuda de justicia con miles de familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la ola de violencia imperante en el país.

El viernes pasado, en pleno festejo del “Día de Muertos”, Amnistía Internacional hizo un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan su deber.

Se ha fallado a migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y a muchas víctimas más que han perdido la vida porque el Estado no ha sabido protegerlas.

El Estado mexicano tiene una deuda de justicia con miles de familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la ola de violencia imperante en el país.

El viernes pasado, en pleno festejo del “Día de Muertos”, Amnistía Internacional hizo un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan su deber.

Se ha fallado a migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y a muchas víctimas más que han perdido la vida porque el Estado no ha sabido protegerlas.

“(El Estado) a menudo ha incumplido su obligación de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estas muertes”, dice el organismo.

A la fecha hay millones de familias que desconocen el estado y paradero de familiares desaparecidos. Y la autoridad ha sido incapaz de llevar ante la justicia a los responsables de estas desapariciones y de asesinatos. 

De acuerdo con Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, “el gobierno del presidente Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia”. 

En su opinión se debe concretar un esfuerzo coordinado entre los poderes del Estado federal “para garantizar la verdad,  justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias.” 

Afirma que no se podrá hablar de avances reales en de derechos humanos “mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad”.

¿Monumento a víctimas?

En el marco de la grave crisis de seguridad pública, Amnistía Internacional refiere que en los últimos años se han disparado los casos de tortura, desapariciones y asesinatos.

“La escasa información disponible dificulta conocer en qué magnitud funcionarios del Estado podrían haber jugado un papel en estos crímenes, y por lo tanto si éstos conforman violaciones a los derechos humanos”, destaca. 

Lo que es un hecho, según el organismo, es que el derecho a conocer la verdad y a recibir la justicia le ha sido negado a la mayor parte de familias de las víctimas.

En vez de justicia a las víctimas, la administración calderonista quiere edificarles un monumento en pleno Campo Marte de la Ciudad de México.

Se estima que en este sexenio murieron más de 70 mil personas en enfrentamientos entre narcotraficantes, se desconoce el paradero de unas 3 mil personas secuestradas por delincuentes o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad.

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En su reporte anual, Amnistía Internacional refiere que el gobierno de Felipe Calderón hizo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos generalizadas y que durante su sexenio más de 60 mil personas murieron y 150 mil se volvieron desplazadas a causa de la violencia vinculada a las drogas. 

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Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera Espinosa cuentan con una gran oportunidad: demostrar que no tolerarán la impunidad y la injusticia.

“Para ello deberán investigar seria e imparcialmente los informes de violaciones de los derechos humanos, hacer públicas sus conclusiones y llevar a rendir cuentas a los responsables de estos hechos”, dice Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México.