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Cabeza de Vaca es notificado por inicio de proceso de desafuero en su contra

A partir de hoy García Cabeza de Vaca cuenta con un plazo de siete días naturales para comparecer por escrito lo que a su defensa convenga

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue notificado oficialmente por personal de la Dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados por el inicio del proceso de desafuero en su contra.

Esto luego que la propia Dirección señalara que la Sección Instructora admitió la solicitud para retirarle el fuero constitucional, ya que es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

Por mandato de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la notificación fue entregada en el Palacio de Gobierno en Ciudad de Victoria a las 14:00 horas de este lunes.

Por esta razón, a partir de hoy García Cabeza de Vaca cuenta con un plazo de siete días naturales para comparecer por escrito lo que a su derecho y defensa convenga.

Además, la solicitud de declaración de procedencia fue presentada y ratificada por el Titular y Fiscales de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la Fiscalía General de la República (FGR).

La declaración de procedencia es un acto legislativo para remover el fuero o inmunidad procesal de los servidores públicos y así ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo.

Una vez que se recibe esta solicitud, ésta se analiza en la Sección Instructora de la Cámara baja, la cual deberá elaborar su dictamen en un plazo de 70 días hábiles. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

La Cámara de Diputados, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia, pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.

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