Buscan regular catastros para fortalecer el federalismo

Olga Sánchez Cordero se pronunció a favor de crear una nueva legislación en materia catastral que fortalezca a estados y municipios
Rubén Arizmendi Rubén Arizmendi Publicado el
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México necesita una nueva legislación en materia de catastros y registros públicos que permita fortalecer el federalismo, así como los ingresos y capacidades institucionales de estados y municipios, manifestó la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero.

La legisladora por Morena enfatizó que sólo con la modernización de la figura catastral se podrá reducir la dependencia de las entidades federativas y de las demarcaciones municipales del gasto federalizado.

Al participar en los “Diálogos Parlamentarios, Catastro: palanca de autonomía municipal”, que se llevó a cabo de manera virtual, Sánchez Cordero destacó que estos diálogos son fundamentales en el marco de la discusión de la minuta que propone expedir una nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos, que busca resolver los problemas por la pérdida de ingresos, de valor, plusvalía y patrimonio en los gobiernos locales.

Subrayó que, en promedio, el gasto federalizado integrado por las aportaciones y participaciones del Pacto Federal Fiscal representa 83 por ciento de los ingresos de los estados, y 72 por ciento de los ingresos de los municipios.

Consideró necesario impulsar una legislación que promueva catastros y registros públicos modernos, eficientes, actualizados y bien aplicados, porque sólo así se logrará el fortalecimiento del federalismo, y con ello, el de los ingresos y las capacidades institucionales de dichos niveles de gobierno.

El presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Luis David Ortiz Salinas, dijo que se requiere de un instrumento legislativo que tenga un impacto positivo en el sistema catastral de los municipios, así como un mayor control de las operaciones inmobiliarias.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, indicó que debe ser una prioridad de las autoridades garantizar la protección de los servidores públicos que tienen acceso a los catastros, debido a que son víctimas de la delincuencia organizada, ya que ellos tienen conocimientos del registro de la riqueza de los particulares.

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