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PRD

Busca romper candados legales

Jonathan Villanueva

En la elección del nuevo Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, hay al menos otros cinco aspirantes que tienen impedimentos legales para ocupar el cargo de consejeros electorales y, sin embargo, son impulsados con fuerza.

Los dos primeros son magistrados del Tribunal Electoral del DF (TEDF), que a pesar de tener cinco años en el cargo, por el que fueron elegidos para un periodo de 8, intentan saltar al IEDF. 


Nov 28, 2012
Lectura 4 min

Otro impedido es Ulises Valencia, por las investigaciones que tiene la Contraloría interna del TEDF de la época en que laboró con el ex magistrado Miguel Covián

Ambos promovieron una controversia constitucional para exigir más presupuesto anual. Ganaron, pero eso les impide concursar, ya que se les considera como órgano de gobierno

En la elección del nuevo Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, hay al menos otros cinco aspirantes que tienen impedimentos legales para ocupar el cargo de consejeros electorales y, sin embargo, son impulsados con fuerza.

Los dos primeros son magistrados del Tribunal Electoral del DF (TEDF), que a pesar de tener cinco años en el cargo, por el que fueron elegidos para un periodo de 8, intentan saltar al IEDF. 

Se trata de Alejandro Delint y Darío Velasco, quienes legalmente no tienen forma de ser nombrados consejeros electorales, de acuerdo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En ella se explica que los magistrados y funcionarios o exfuncionarios delegacionales no pueden ser elegibles para ese cargo. 

Según lo establecido en el artículo 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, son impedimentos para ocupar el cargo de Consejero Electoral haber ocupado el cargo de Secretario de Estado, Secretario de Gobierno, Procurador, Subsecretario, Oficial Mayor o un puesto análogo en la Federación, Estado o Municipio, a menos que medie una distancia del cargo de cinco años.

En ese supuesto es donde entran los dos magistrados en cuestión, de acuerdo con la Controversia Constitucional 31/2006, promovida por el propio Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Ahí  se afirma que el Tribunal Electoral es un órgano de gobierno del Distrito Federal legitimado activamente para demandar a la Asamblea Legislativa, así como al Jefe de Gobierno, ambos de esta entidad federativa, toda vez que se trata de un órgano primario del Estado.

En consecuencia, los magistrados tienen un cargo similar a los que se les han prohibido competir en esta elección.

La tesis surge a raíz de que los actuales magistrados promovieron una controversia ante la SCJN para exigir más presupuesto anual. 

Irónicamente triunfaron, pero se cerraron la puerta para saltar al IEDF.

Y es que cuando lograron acreditar capacidad jurídica para acudir a la Corte, se les dio, en automático, la calidad de órgano de gobierno o poder público del Distrito Federal.

Sumado a ello, los dos magistrados tienen un frente de batalla abierto en la ALDF, a través del diputado local Daniel Ordoñez, que aseguró  que no es ético que reciban una remuneración mensual de casi 150 mil pesos por un cargo al que no han renunciado y pretenden dejar para ocupar otro.

Y por si fuera poco, de acuerdo con las áreas administrativas del propio tribunal, estos dos magistrados son los que tienen la productividad más baja de las ponencias 137 y 125 asuntos resueltos.

Sin embargo, están impulsados por el PRD: Alejandro Delint,  por el bloque mancerista, y Darío Velasco, por Héctor Hugo Hernández, a pesar de que incumplen con los requisitos de la convocatoria.

Otro impedido es Ulises Valencia, por las investigaciones que tiene la Contraloría interna del TEDF de la época en que laboró con el ex magistrado Miguel Covián.

Covián también se inscribió en el proceso de elección, pero desistió al ver que no tenía apoyos, aunque argumentó que tenía un amparo que echó abajo las investigaciones que se abrieron en su contra en el 2009.

Por esa razón, el TEDF y la Contraloría Interna anunciaron que promoverán una controversia constitucional para que quede firme su inhabilitación por un sinfin de irregularidades detectadas durante su gestión como magistrado. 


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