Con la finalidad de proteger a las y los trabajadores del sector salud, el senador Martí Batres Guadarrama propuso reformar la Ley Federal de Trabajo para integrar al COVID-19 como enfermedad laboral.

Dijo que es necesario actualizar este ordenamiento para beneficiar a médicos, enfermeras, al personal que labora en hospitales, laboratorios o en bancos de sangre, así como a todos los trabajadores que se encuentren expuestos al nuevo coronavirus.

El legislador de Morena refirió que la Norma Oficial Mexicana define a la enfermedad laboral como todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece que una enfermedad laboral es el resultado de la exposición de los empleados a tres tipos de agentes: físicos, químicos y biológicos, y a dos factores de riesgo: psicosocial y ergonómico.

Batres Guadarrama precisó que en el primer caso se considera que el trabajador está expuesto a altas temperaturas, al contacto o exhalación de sustancias químicas, o a la existencia de bacterias o virus en los espacios donde se desarrolla su empleo.

“Así, es de suma importancia que, por su característica de rápido contagio y, sobre todo, por las secuelas que las personas puedan desarrollar, el COVID-19 forme parte de la tabla de enfermedades de trabajo.

“Dada la gravedad de la pandemia, resulta urgente salvaguardar los derechos laborales de las y los trabajadores en nuestro país, por ello, es viable integrar a esta enfermedad en dicha lista”, dijo el legislador al respecto.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos.

Lanzan convocatoria del CPC

El Senado de la República emitió la convocatoria para que las instituciones de Educación Superior y de Investigación promuevan a candidatas y candidatos para ocupar la vacante dentro de la Comisión de Selección, que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno, establece los requisitos de elegibilidad, como ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como gozar de buena reputación.

Otro de los requerimientos es no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, no se podrán postular para el cargo.

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